Inseguridad vial

LA MAYORÍA de las recomendaciones del informe sobre seguridad vial elaborado por el Senado para hacer frente a esa sangría que suponen en nuestro país los accidentes de tráfico -9.000 muertos en 1990- son realistas y seguramente útiles. Pero su importancia radica, sobre todo, en la interpelación que lanza a los poderes públicos, a la industria automovilística, a las empresas de publicidad y asociaciones de usuarios y de consumidores y a los conductores en general para que aborden conjuntamente, en una especie de pacto estratégico sobre la seguridad vial, el estudio de las medidas orientadas a reducir el índice de siniestralidad de las carreteras españolas, muy superior actualmente a la media de los países europeos.Las recomendaciones no son, obviamente, vinculantes, pero sería realmente triste que fueran dejadas de lado porque algunas de ellas suponen una velada crítica a la actuación de algunos de sus destinatarios. El Gobierno es implícitamente señalado a causa del parón del plan general de carreteras y a la práctica congelación desde 1975 de las plantillas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, mientras que las empresas automovilísticas y publicitarias lo son por primar en su información al usuario los aspectos confortables del automóvil sobre los de riesgo y seguridad.

La finalidad del informe no es, en todo caso, echar sobre nadie en concreto la responsabilidad de la sangría humana y económica que dejan tras de sí los accidentes de tráfico en España, sino que todos tomen conciencia de la necesidad de poner coto a su vertiginoso aumento un año tras otro.

En este sentido, algunas de las medidas que propone el informe, como la implantación de un permiso de conducir con crédito de puntos que se descuenten en función de las infracciones, la privación del permiso o la inmovilización del vehículo del infractor en periodos claves (fines de semana o épocas vacacionales), como otras muchas, son dignas de estudio. Por su carácter concreto y limitado, pueden resultar más disuasorias para los infractores empedernidos que algunas de las sanciones de la actual Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, absolutamente desproporcionadas y que, precisamente por ello, pueden tener escasa incidencia en la conducta cotidiana del potencial infractor.

Estas medidas no pueden desligarse, como señala el informe del Senado, de la mejora de la actual red viaria -principal y secundaria- y de la urgente eliminación de los numerosos puntos negros que aumentan la peligrosidad de la circulación, como los pasos a nivel, los cruces en vías rápidas y las curvas pronunciadas. La atención a la infraestructura viaria y a la vigilancia sobre su tráfico es especialmente necesaria en España, donde, a diferencia de otros países europeos, los accidentes de tráfico en vías interurbanas superan con mucho a los producidos en las urbanas (70% y 30%, respectivamente).

Pero, sobre todo, lo que el informe echa en falta es una cultura automovilística más madura y responsable que la actual, que no idolatre el automóvil ni le tenga por un juguete; también más coherente, de modo que cohabiten en ella de manera equilibrada los intereses y valores diversos que la integran. El que las autoescuelas, que deberían ser centros impulsores de esta cultura, se limiten de hecho, de acuerdo con las directrices de Tráfico, a ser meras fábricas de permisos de conducir es una incoherencia. Como lo es también una publicidad que incita a incumplir la ley mediante el reclamo de velocidades muy superiores a la máxima autorizada en las rutas españolas, y que con frecuencia fomenta esa cultura que asocia prestigio social con riesgo en la conducción.