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Editorial:

Sangre y suelo

EL GOBIERNO español acaba de restringir el derecho de asilo, y, consecuentemente, las ayudas económicas y sanitarias que comporta, a los ciudadanos de los países ex comunistas del Este que pugnan por establecerse en España. Pretexto oficial: que esos países son ahora democráticos y, por tanto, sus ciudadanos no podrán alegar motivos políticos para afincarse en España. Pero la realidad subyacente es la inquietud suscitada en la Administración por el volumen que esa emigración ha adquirido en los últimos tres anos, y que en 1991 se elevará a 14.000 personas.La pretensión de contener con medidas administrativas la fuerte presión demográfica que desde el Sur y el Este soporta la Europa comunitaria parece poco realista. De una u otra forma, el asalto a la muralla europea no dejará de producirse mientras las condiciones sociales de países como Rumania o Albania, de un lado, y Marruecos o Argelia, de otro, sean las que son. La exigencia de visado a los ciudadanos magrebíes ha producido un fenómeno previsible: el abordaje de las playas andaluzas por emigrantes marroquíes que, jugándose la vida a bordo de pequeñas embarcaciones, pretenden eludir de ese modo las consecuencias de una eventual negativa en la concesión -discrecional- del documento correspondiente. Si tantas personas corren esos riesgos es porque existen profundas causas demográficas, sociales, vitales, que les impulsan a hacerlo.

Tampoco evocaciones de indudable marchamo xenófobo, como las que acaba de lanzar en Francia el ex presidente Giscard d'Estaing, ayudan a encauzar razonablemente el problema. Causa asombro que un político con pasado de estadista y que no renuncia a jugar un relevante papel en el futuro político de su país pretenda hacer prevalecer el derecho de sangre, propio de sociedades tribales, sobre el del suelo, en el que, en definitiva, se sustentan la movilidad y el libre intercambio que han hecho posible el desarrollo de las sociedades modernas. Calificar de invasión extranjera el fenómeno social y humano de la emigración, como ha hecho Giscard en lenguaje apenas diferenciado del que acostumbra a utilizar el ultraderechista Le Pen, puede avivar los latentes odios raciales en un país como Francia, en el que una tolerante y humanitaria tradición de acogida de emigrantes y perseguidos políticos ha ido configurando, a través de los anos, una sociedad en gran medida multiétnica.

Aunque las cifras apocalípticas manejadas en un principio -se ha hablado de 50 millones de soviéticos prestos a lanzarse sobre Europa occidental- no se han confirmado, la realidad es que una masa de varios millones de personas va a intentar emigrar del Este al Oeste del continente en los próximos años. Y ello se suma a la corriente migratoria que desde los años sesenta llega del Tercer Mundo, sobre todo de África del Norte, que es la que, hasta ahora, más afecta a los españoles. La política española actualmente en curso, consistente en regularizar la situación de los emigrantes para fijar luego cupos de entrada de acuerdo con las necesidades de mano de obra en los diferentes sectores económicos, constituye un paso adelante. Pero una política de emigración a largo plazo debe ser completada con otras medidas. Entre otras, una acción exterior que saque el máximo partido a la política comunitaria de inversiones y que fomente el desarrollo autónomo y la democratización interna de esos países. Ante un problema que está a la vuelta de la esquina, y cuya solución entraña cargas y dificultades, Europa no puede cruzarse de brazos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de septiembre de 1991