Un lujo llamado vivienda
Hace tiempo que hemos llegado al indeseable punto de asociar la vivienda con un artículo de lujo a juicio del autor. Algunas de las soluciones que él aporta son: construcción de viviendas sociales, suelo suficiente y modificaciones fiscales.
No se puede catalogar una sociedad como desarrollada si no se cumple con su función de facilitar un aceptable nivel de prestaciones en áreas como vivienda, educación, sanidad, además de asegurar una amplia y suficiente cobertura a los colectivos más desfavorecidos.La vivienda es un bien básico de primera necesidad, al que toda la población tiene derecho (artículo 47 de la Constitución española). En la actualidad, se reconoce por la mayoría, aunque algunos se han resistido más de la cuenta, como muy serio el problema que supone para una gran parte de la población acceder a una vivienda digna, tanto en régimen de propiedad como en el de alquiler, llegándose al indeseable punto de asociarla con un artículo de lujo.
En el periodo 1985-1989, fruto de la política utilizada, se ha producido un importante aumento en la construcción d e las viviendas denominadas como libres -sin límite en el precio de venta-, dirigidas a un reducido segmento de la población denominado como demanda solvente, que, posteriormente, en una buena parte se han utilizado con fines especulativos. A la vez, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), tanto de iniciativa pública como privada, disminuída alarmantemente, dejando a una franja de la población sin posibilidad de conseguir alojamiento. Este proceso de concertación de la oferta en viviendas libres ha provocado un incremento de los precios hasta niveles que hay que catalogar, sin duda, como escandalosos (18 millones de pesetas de media en una ciudad).
Paralelamente, en 1985 se aplicaba en el mercado de viviendas de alquiler el decreto Boyer, que, con la teórica finalidad de ampliar el parque de viviendas destinadas a esta modalidad y posterior disminución de los precios gracias al aumento de la oferta, derogaba la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. El resultado ha sido totalmente diferente; la existencia de viviendas disponibles ha disminuido, excepto en el caso de los locales para oficinas, y los precios se han disparado. Pero además, hay que añadir otro efecto: la permanente inseguridad de los arrendatarios, que todos los años tienen que luchar para renovar un contrato, a costa de aumentos injustificados.
Ante las grandilocuentes declaraciones que se leen y escuchan últimamente, es preciso recordar que esta rechazable realidad es consecuencia de, la desacertada política desarrollada por los sucesivos Gobiernos del PSOE, al amparo de criterios que consideran la vivienda como un bien de inversión, olvidándose de su componente social, y que se ha aplicado utilizando como único instrumento la libre asignación del mercado.
Las consecuencias negativas son múltiples; algunas muestras son: las dificultades insalvables de los jóvenes para independizarse aunque encuentren trabajo, las deseconomías generadas en las ciudades motivadas por los largos desplazamientos a los puestos de trabajo, el desarraigo social al tener que vivir en ciudades dormitorio, el exceso de tráfico o la insuficiencia de infraestructuras económicas y sociales.
Ante la precaria e insoportable situación acumulada, no es factible aplicar tan sólo parches, es necesario modificar la política utilizada, desarrollando una alternativa basada en el concepto de alojamiento frente al de inversión. En este sentido se orientan las alternativas contenidas desde 1988 en la Propuesta sindical prioritaria, y que básicamente se centran en cinco apartados: construcción de viviendas sociales, disponibilidad del suelo suficiente para poder construirlas, modificaciones en la fiscalidad de modo que se concentre en gastos directos -más eficientes, con posibilidades de discriminar selectivamente, no beneficiando a las rentas más elevadas-, derogación del decreto Boyer y discusión de una Ley de Arrendamientos y destino de más recursos, en mejores condiciones, a la financiación de las viviendas.
Aunque todos los apartados son importantes, y dada la imposibilidad de tratarlos en tan breve espacio, haré hincapié en la importancia de desarrollar una política que prionce la construcción de las suficientes viviendas sociales para cubrir todas las necesidades pendientes.
Parque público
La solución para los diferentes personas que necesitan una vivienda no pasa tan sólo por la construcción de VPO en régimen de venta. El elevado coste real de la construcción (alrededor de nueve millones de pesetas un piso de 90 m2) conlleva pagos mensuales mínimos de 110.000 pesetas, condición que excluye del mercado a una extensa franja de demandantes, que en ningún caso se pueden catalogar como marginados.
Para atender a este colectivo es necesario desarrollar otras alternativas. Una de ellas puede ser la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler o usufructo, disponible a precios razonables y gestionado por las diferentes administraciones, previa disposición del suelo suficiente. Esta solución, que se añadiría a la construcción de VPO dirigidas a su venta -preferentemente promovidas por cooperativas-, tiene varias ventajas, entre otras, la existencia permanente de un surtido de viviendas destinadas a personas con ingresos insuficientes para acceder & la compra de una VPO y abaratar los arrendamientos al ampliar la oferta disponible de pisos con precios más bajos.
Por otra parte, desde la óptica sindical no se olvida que la construcción residencial es una actividad económica que genera riqueza. El sector construcción tiene un gran peso en la producción española, incorporando, además, un amplio efecto multiplicador en el resto de los ramas productivas, aspecto que repercute en el nivel global de empleo. Es, por ello, de especial importancia que mantenga una elevada tasa de actividad. Los datos disponibles para 1990 manifiestan un claro descenso de la construcción residencial de viviendas libres (-15% de obra iniciada). Parece, por tanto, que el componente libre potenciado en los años anteriores -se renunció hace muchos años a la construcción de VPO- se está agotando paulatinamente.
La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas despertó súbitamente la consciencia de los gobernantes acerca del grave problema social acumulado. Su solución podía estar más cercana si, como se reclama desde hace dos años, se hubieran negociado las alternativas contenidas en el apartado número 10 de la Propuesta sindical prioritaria. Aplicando el refrán "Nunca es tarde si la dicha es buena", hay que congratularse de la plena, aunque tardía, actualidad del problema, si consigue que los responsables gubernamentales apliquen la voluntad política suficiente para atacar sus verdaderas causas modificando la política utilizada.
Dando como buena esta premisa, no se debe olvidar que para articular las acciones se necesita tomar en consideración la amplitud y complejidad del problema; de otro modo, puede suceder que las soluciones propuestas se muestren más efectistas que efectivas. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la especial repercusión que tiene este capítulo en la cuantificación final de los ingresos percibidos por los trabajadores, es de suma importancia la apertura, en el menor plazo posible, de una mesa de negociación en la que los sindicatos puedan aportar detalladamente las iniciativas contenidas en el apartado número 10 de la PSP.
La construcción de las viviendas sociales necesarias (VPO en régimen de: venta y parque público de viviendas en régimen de alquiler o usufructo) cumpliría con el doble objetivo de paliar las necesidades acumuladas y ayudar a mantener el nivel de actividad del sector constructor.
La puesta en práctica del conjunto de propuestas, que incluyen tanto el apartado de vivienda en propiedad como en alquiler, demostraría, en contra de la política utilizada y las justificaciones esgrimidas posteriormente por sus teóricos, que es posible compatibilizar la satisfacción de una necesidad básica para todos los ciudadanos como es acceder a una vivienda, a la vez que se potencia la actividad del sector constructor, y por ende, el crecimiento de la economía española.
La elecciones han pasado; es momento de demostrar si existe realmente la voluntad política de solucionar el problema, o si, por contrario, el interés mostrado no era más que un gancho con fines exclusivamente electorales.
