El fiscal del Estado denuncia la recargada burocracia y la lentitud de los procesos

El fiscal general de¡ Estado, Leopoldo Torres Boursault, se pronunció ayer en la apertura del año judicial por la atribución a los fiscales de la investigación de los procesos y por un modelo de proceso acusatorio típicamente anglosajón para evitar la "recargada burocracia" y la "excesiva lentitud" de la justicia. La ceremonia de apertura del año judicial, presidida por el rey Juan Carlos, se vio enturbiada, un año más, por las críticas al funcionamiento de la justicia.

Las habituales críticas al funcionamiento de la Administración de Justicia, coincidentes con la apertura del año judicial, tuvieron su principal exponente -en esta ocasión en el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, quien dijo que la institución está "muerta" y la justicia camina hacia el colapso total. Tanto el presidente del Poder Judicial, Pascual Sala, como el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, trataron de desdramatizar estas afirmaciones, y el primero aseguró que el CGPJ "está vivo, sigue adelante y tiene muchas tareas que realizar".De la Quadra, a su vez, -no consideró "prudentes" otras declaraciones del arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, quien cuestionaba la independencia de los jueces. "No me parece que ése sea el papel de la Iglesia o de un obispo", comentó.

Desde otro ámbito, el diputado del PP Federico Trillo denunció la situación de "atasco y degradación de la justicia" como consecuencia de la "equivocada reforma socialista". Trillo se refirió a la memoria del Tribunal del Supremo, en la que se da cuenta de la existencia de 40.000 asuntos pendientes en el alto tribunal y consideró estos datos "escalofriantes".

En su discurso en la ceremonia de apertura del año judicial, el fiscal del Estado, Leopoldo Torres, no ocultó que la estructura del actual proceso penal deriva en "la recargada burocracia formal que hemos generado y que se traduce en múltiples citaciones, comparecencias y trámites innecesarios para resolver cualquier asunto".

Para Torres, el proceso penal adolece de "ambigüedad, secretismo, obsesión por la escritura y sobre todo, lentitud". En su opinión, urge simplificarlo adoptando el sistema típicamente acusatorio, con investigación del Ministerio Fiscal, y quedando el juez de instrucción como garante de los derechos fundamentales de la persona y como "instructor suplementario si alguna de las partes le, pide".

Torres afirmó que el Ministerio Fiscal se está consolidando "como defensor nato de los colectivos más problemáticos y marginales", como los menores, ancianos, mujeres maltratadas, inmigrantes y marginados.

El presidente del CGPJ, Pascual Sala, pronunció un discurso academicista y acrítico, en el que destacó el valor de la seguridad jurídica. Según fuentes del Supremo, su discurso contenía una críptica alusión contra el uso alternativo del derecho, al asegurar que el juez debe ceñirse en la aplicación de las leyes al espíritu con que las hizo el Parlamento.