El sector español de telecomunicaciones critica el retraso legislativo de la Administración

Industriales, operadores y usuarios de las telecomunicaciones han mostrado su preocupación y desconcierto por la falta de medidas adecuadas en este sector "básico de la economía y de la sociedad moderna" y por la "desprotección estatal", y reclaman un modelo urgente y claro para que España se coloque al nivel de Europa. Así ha quedado patente esta semana en Santander durante el seminario sobre Las telecomunicaciones en la década de los 90, patrocinado por Amper; en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el que se han anunciado los planes inmediatos del Gobierno en esta materia.

Algunos de los máximos actores de este sector de la comunicación agradecieron a José Borrell titular del macroministerio de Obras Públicas y Transportes el hecho de convocarles el pasado día 9 en Santander a una reunión, que ya se ha llamado "cumbre de las telecomunicaciones españolas", pero acogieron con cierta indiferencia e incluso desorientación las medidas legislativas, anunciadas por el ministro, de presentar el próximo mes de octubre el Plan Nacional de las Telecomunicaciones, la reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y el nuevo contrato de Telefónica con el Estado.Lo que no expresaron directamente al ministro -en una reunión que iba a ser en principio "a chaqueta quitada", pero que se quedó en una mera toma de contacto-, los industriales y operadores lo han manifestado a lo largo del seminario y en conversaciones privadas: su preocupación por la falta de medidas, a su juicio urgentes, que deberían llegar desde la Administración para potenciar lo que califican como "sistema nervioso de la sociedad española".

Dificultades y desafíos

El ministro, que ha destacado que el sector de las telecomunicaciones crecerá desde el actual 3% del producto interior bruto al 7% en el año 2000, no ha ocultado las dificultades y desafíos a los que se enfrenta al diseñar esta política nacional, y no sólo por las exigencias de la integración en la CE, sino también por la internacionalización de las telecomunicaciones y la interdependencia de la economía.

Las tres medidas, que Borrell ha calificado de grandes pilares de la política de las telecomunicaciones, serán estudiadas por el Gobierno el próximo mes de octubre. No ha sido revelado por ahora el contenido concreto de tales medidas, que pretenden, en palabras del ministro, una adaptación a los nuevos aires de liberalización y alcanzar en calidad y cantidad los niveles de las telecomunicaciones en La CE.

El anuncio de estos planes oficiales no ha logrado aplacar la preocupación del sector. "Una de las etapas más brillantes de la historia de España -el periodo comprendido entre la transición y nuestros días- no ha sido, sin embargo, muy favorable al desarrollo de las telecomunicaciones", ha señalado Jesús Banegas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (Aniel). "De esta forma en el periodo más sensible de las telecomunicaciones en el mundo -caracterizado por la desregulación y competencia internacional-, los servicios de telecomunicaciones en España se encuentran más desprotegidos que nunca y cada vez más a merced de las políticas de terceros países". "A pesar de todo", ha añadido Banegas, "vivimos en un periodo especialmente interesante, porque hoy somos el cuarto o quinto mercado de Europa y el sexto o séptimo del mundo. Esperamos ahora que se cumplan las previsiones anunciadas por el ministro".

Refiriéndose a las sombras que se ciernen sobre las telecomunicaciones, José Aznar, director general de Retevisión, ha señalado: "Esta Administración todavía no está consolidada, y tenemos incumplimientos de calendario legislativo, aunque cada vez está más claro que la Administración es el motor del cambio y de la legislación".

Para Gabriel Barrasa, director general de la sociedad de satélites Hispasat, "la evolución de las telecomunicaciones no viene determinada básicamente por la tecnología, sino porque existe un proceso de presunta liberalización en el que es determinante el régimen legal. La industria nacional es heredera de un régimen paternalista. En España, las directivas europeas se están plasmando con bastante lentitud".

Enrique Used, director general de Internacional y Servicios Avanzados de Telefónica se centra en las consecuencias para el usuario. "Se le ha dicho que iba a haber maravillas, y las maravillas están ahí. Durante un tiempo la tecnología había ido por detrás de las demandas sociales. Ahora pasa lo contrario. Hay muchos servicios inventados que no los quiere nadie. El primer ejemplo fue el videoteléfono".

Manuel Castells, director del Instituto Universitario de Sociología de Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado que una intervención pública podría todavía detener la pérdida de competitividad de España. "Pero lo más probable es que esto no suceda y que las medidas que deberían tomarse se pierdan en el vacío creado por el dogmatismo de una política macroeconórnica que nunca entendió el valor decisivo de las tecnologías de la información en el mundo moderno o que sólo quiso que España siguiera asumiendo su papel subordinado esperando una vez más que "inventen ellos".