El Gobierno opta por la expulsión de extranjeros con delitos menores

El Gobierno busca fórmulas para introducir cambios legales que permitan la expulsión rápida de los extranjeros detenidos por delitos menores. "Actualmente, es más fácil expulsar a un trabajador sin documentos que a un delincuente", señala un alto funcionario del Ministerio del Interior. Ello no es óbice para que la comisión encargada de regularizar a los ¡legales esté dispuesta a admitir a inmigrantes incluso con antecedentes policiales, si estos últimos se refieren sólo a no tener la documentación en regla.

El alcance de la reforma consiste en convertir en automática la expulsión del pequeño delincuente, en lugar de dejarla, como ahora, al criterio del juez. Según una comunicación enviada al Congreso a principios de año, el Gobierno había apreciado "una cierta reticencia por parte de los jueces" a hacer uso del artículo 21 de la ley de extranjería, que permite a aquellos decretar la expulsión del extranjero detenido, como medida sustitutoria de la condena, en los casos de delitos menos graves.El caso de la llamada banda de los peruanos -los saqueadores de autopistas en la costa catalana- es paradigmático. Cincuenta de los 110 presuntos miembros de esta organización fueron detenidos más de veinte veces cada uno, entre 1987 y 1990, pero no pudieron ser expulsados al tener diligencias judiciales pendientes. Entre ellos había también chilenos, argentinos, portugueses y de otras nacionalidades, pero el peruano Walter Raúl Toledo Villanueva ostentaba la marca, con 77 detenciones, seguido de Enrique Contreras Salas, con 63.

Trabajadores aparte

Cuando los delitos son menores, lo normal es que el juez correspondiente decrete la libertad provisional. Así, las bandas dedicadas a la pequeña delincuencia pueden funcionar a lo largo de varios años. Sólo en este último verano, cuando el escándalo de la banda de los peruanos en Cataluña se hizo mayúsculo, los fiscales de Barcelona lograron un acuerdo de diversos juzgados para hacer posible la expulsión de un contingente de aquellos: pero las primeras detenciones databan del año 1987.

El Ministerio del Interior, que impulsa la conveniencia de automatizar más la facultad de expulsión, cuenta en este tema con bastante apoyo de Justicia. El 20% de la población penitenciaria española es extranjera; las cárceles están saturadas y tampoco hay suficientes centros para internamiento de extranjeros a la espera de expulsión, por lo que tampoco les interesa orientar la reforma hacia el mantenimiento en España -aunque sea entre cuatro paredes- de todos los que sean detenidos por cometer delitos, salvo que sean graves.

Las autoridades que controlan el proceso aseguran que las medidas contra delincuentes no deberían provocar el miedo de los trabajadores ilegales respecto a la actual regularización. "Todos aquellos extranjeros que realmente sean inmigrantes, es decir, que obtengan sus medios de vida de su trabajo, deben confiar en que podrán regularizar su situación", afirma Raimundo Aragón, director del Instituto Español de Emigración.

El éxito de la regularización no depende tanto de problemas derivados de la inseguridad ciudadana, como del número de empresarios que están dispuestos a reconocer que tienen extranjeros a su servicio.

Según un alto funcionario de la comisión coordinadora de la regularización, un número importante de empleadores, cercano a los 40.000, han respaldado las peticiones de los 55.000 extranjeros que han presentado ya su solicitud.

Organizaciones de asistencia a los inmigrantes denuncian, no obstante, la existencia de otros empresarios que no quieren reconocer esa relación laboral, sin lo cual el inmigrante no puede salir de la clandestinidad.

Condiciones abusivas

Consultado sobre las condiciones laborales de los inmigrantes, el director del Instituto de Emigración afirma, que "el empleo de trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los pactados, sin afiliar a la Seguridad Social o en condiciones laborales abusivas, es una situación insostenible", y recuerda que el Parlamento ya fijó el criterio de que, una vez terminado el proceso de regularización, "'será inviable mantener una actividad empresarial basada en el empleo irregular de trabajadores extranjeros".