Las comunidades autónomas rechazan la reforma propuesta por el 'Informe Abril'

Las propuestas más polémicas del Informe Abril -pago directo de parte de la asistencia sanitaria y participación de los pensionistas en el coste de los medicamentos- fueron rechazadas ayer por los consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada en Madrid.

Este órgano, encargado de coordinar la política sanitaria en todo el Estado e integrado por el Ministerio de Sanidad y los consejeros de las 17 comunidades autónomas, sí se mostró partidario de "definir las prestaciones que debe abastecer el Sistema Nacional de Salud así como los recursos económicos necesarios para ello", según Javier Rey, director general de Relaciones con las Administraciones Territoriales y secretario del Consejo Interterritorial.Javier Rey matizó que la tarea de definir esa limitación en las prestaciones debe realizarla el Parlamento. "Lo que no se puede hacer es ampliar las prestaciones partiendo de unos recursos ilimitados", afirmó, omitiendo así pronunciarse sobre la propuesta del Informe Abril que recomienda limitar las prestaciones a aquéllas que ya se daban con caracter general al aprobarse la Ley de Sanidad, en 1987.

En líneas generales, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas se distanciaron visiblemente de la reforma del Sistema Nacional de Salud diseñada por la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, la llamada Comisión Abril al estar presidida por Fernando Abril Martorell. Esta fue creada por el propio Consejo Interterritorial hace un año por mandato del Parlamento. El más claro en ese distanciamiento fue el socialista Lorenzo Guirau, consejero de Sanidad de Murcia.

Contenidos electorales

"Ese informe no es de este Gobierno ni de este Consejo Interterritorial. Es un informe, no vinculante, de unos técnicos. Pero incluso desde un punto de vista técnico es discutible ya que recomienda medidas que están en revisión en otros países. Lo consideramos un instrumento útil, pero modificable. Debe trasladarse con una carga ideológica o contenidos electorales que sólo corresponden al Parlamento", afirmó Guirau.Por su parte, Joaquín Colomer, consejero de Sanidad valenciano, se mostró tajante al afirmar que los responsables autonómicos "huyen de establecer correcciones de tipo económico que supongan mayores cargas a los colectivos más desfavorecidos". "Todos estamos de acuerdo en que el sistema necesita mayor inversión, pero no a través de mayores cargas para los ciudadanos", añadió. Manuel Montero Gómez, responsable de la gestión sanitaria en Galicia, reclamó también más dinero y calificó de "anécdotas" tanto la recomendación de que los jubilados paguen el 40% de los fármacos como el tiket moderador (pago de un cantidad cada vez que se requiera asistencia).

"Los cambios radicales y bruscos nunca son buenos. La reforma tiene que hacerse paulatinamente y, hoy en día, no es posible ni conveniente cobrar a los pensionistas. El acuerdo Más claro del Consejo es que no es verdad la imagen de que se gasta mucho en sanidad. Lo que se gasta en este capítulo en España no sólo no es abusivo, sino todavía escaso. El Informe Abril frivoliza en algunas cosas y en otras no profundiza", afirmó Montero Gómez.

Julio Manuel Pérez Hernández, consejero de Canarias, señaló la coincidencia del Consejo en que "no están en discusión la universalidad y gratuidad de la sanidad". La reunión de ayer fue presidida por el ministro de Sanidad, Julián García Valverde.