Maestros y aspirantes

DURANTE LOS meses del verano se han multiplicado (la sección de Cartas al director de este periódico es una muestra) las quejas de maestros y licenciados contra el decreto regulador del acceso a la función pública docente en los niveles de educación primaria y secundaria que se ha aplicado en la última convocatoria oficial para cubrir las casi 9.000 vacantes sacadas a concurso este año. Las quejas se dirigían fundamentalmente contra la prima que el decreto otorga a los profesores que llevan algún tiempo ejerciendo como funcionarios interinos. La experiencia docente de éstos se ha valorado con hasta seis puntos sobre un total de 19, por lo que aspirantes con la más alta calificación en la prueba oral -destinada a medir los conocimientos y capacidad pedagógica de los opositores- se han quedado sin plaza frente a candidatos beneficiarios de esa prima a la experiencia.Considerar la experiencia como uno de los componentes del criterio de valoración parece correcto en términos generales. Sin embargo, la ausencia de mecanismos eficaces de control de la actividad docente dentro del aula convierte: en relativamente aleatorio ese factor: experiencia y aptitud no son necesariamente sinónimos. Por otra parte, parece excesivo -por más que sea legal- que ese factor determine hasta un tercio de la puntuación total. De otro lado, si la experiencia es un factor decisivo,, se condena al licenciado a un círculo infernal: no consigue el trabajo porque no tiene experiencia y no adquiere experiencia porque no ha conseguido trabajo.

Pero es inevitable, a su vez, la existencia de una cierta cantidad de enseñantes interinos -para suplencias por excedencias u otros motivos-, y es lógico que los trabajadores en esa situación aspiren a consolidar como fijos los puestos que en la práctica desempeñan en precario. En tales circunstancias, la actitud de los sindicatos debería orientarse a la búsqueda de un equilibrio entre dos aspiraciones igualmente respetables y parcialmente contradictorias: reducir la precariedad de los empleos y favorecer el acceso al puesto de trabajo de quienes nunca lo han tenido.

Eso parece ser que trataron de conseguir las dos centrales que pactaron con el Ministerio de Educación el decreto que regula el acceso a la función pública docente para esta convocatoria y las de los dos próximos ejercicios. Dos organizaciones sindicales, por otra parte, de significación política bien diferente: CC OO y ANPE. Contra ellas, al mismo tiempo que contra la Administración, se dirigen sobre todo las iras de los maestros y licenciados en paro, que proponen que la- puntuación por experiencia sólo cuente, como en el pasado, a efectos de elección de destino, una vez superadas, en igualdad de condiciones para todos, las restantes fases del concurso-oposición. La solución puede ser ésa u otra, aunque seguramente la clave está en una enseñanza que integre la experiencia como parte de la docencia.

Al margen de ello, una enseñanza parece desprenderse desde ahora de la conflictiva situación actual: que en el terreno laboral y social con frecuencia entran en conflicto intereses igualmente respetables; y que la estrategia sindical debe tener en cuenta los efectos a veces contradictorios de sus iniciativas. Pues resulta bastante desconcertante ver a algunos de los más radicales denunciantes de la precariedad de los interinos encabezar ahora la protesta contra el ventajismo de esos mismos interinos y en favor de la igualdad de oportunidades de los nuevos licenciados.