Las empresas públicas y la homologación legislativa
3. Asimetrías en la reestructuración transnacionalLos argumentos anteriores son la manifestación de un problema real y relevante de naturaleza más amplia.
En los últimos años se ha desarrollado un importante proceso de reestructuración industrial a escala continental. Las empresas han comenzado hace tiempo su adaptación a lo que significará el mercado único. Con objeto de poder sobrevivir en un mercado más competitivo y más abierto, en definitiva más global, las empresas europeas han desinvertido en las actividades en que eran más débiles, han forjado alianzas, han realizado fusiones y adquisiciones, etcétera. Todo ello tiene su explicación en que, en el futuro, el mercado doméstico no será un país sino que será toda Europa, por lo que en muchos sectores es necesario aumentar la escala de producción y de comercialización. Eso suele exigir entrar en otros mercados, y la forma normal de hacerlo es a través de la adquisición de empresas con sus correspondientes cuotas de mercado. Tenemos en España buen número de ejemplos.
Esto es lo que explica el gran número de fusiones y adquisiciones transnacionales que hemos presenciado en los últimos años. En algunas ocasiones las compras y fusiones han sido amigables y en otras han existido tomas hostiles. Este proceso se ha producido en prácticamente todos los sectores: telecomunicaciones, química, alimentación, seguros, incluso en bancos. Ha comenzado incluso a producirse en empresas y sectores típicamente nacionales como los public utilities -agua, gas, electricidad, etcétera- como respuesta a la futura constitución de un mercado continental más integrado.
Este proceso en marcha está cambiando la configuración económica de Europa, debería conducir a que los mercados y empresas resultantes fueran más eficientes y competitivos, y a que los frutos de ello se repartieran entre los países de Europa en forma no discriminatoria. Ello exige, por ejemplo, que el mercado de empresas funcione eficientemente, en forma neutral, de manera que la nacionalidad de una empresa no determine una mayor o menor dificultad para que ésta pueda comprar otras o ser comprada.
¿Es esto lo que ocurre? No exactamente.
En primer lugar, la participación de las empresas públicas varía mucho de uno a otro país, e incluso en algunos el peso de éstas es hegemónico en ciertos sectores. Cuando esto ocurre, se produce una primera e importante diferencia, pues estas compañías pueden comprar empresas en el extranjero pero ellas no pueden ser compradas, en algunos casos no son ni sociedades anónimas (Gaz de France, Eléctricité de France), y su venta no depende de decisiones meramente comerciales sino de la voluntad de su Estado propietario (con frecuencia sólo lo hacen en casos extremos, principio que convendría abandonar). En este sentido, la penetración en un mercado pasa a ser más dificil cuando el Estado es propietario que puede garantizar la nacionalidad de empresas y sectores. En el caso de Francia, los bancos y compañías de seguros de propiedad estatal han adquirido recientemente importantes participaciones en algunas de sus grandes empresas no estatales, lo que añade una clara dificultad a la compra por terceros incluso de compañías privadas. Con mucha frecuencia esta política necesita ir acompañada de ayudas públicas importantes, lo que añade una distorsión adicional al comportamiento de los mercados. En definitiva y, al margen de consideraciones políticas, el funcionamiento correcto de los mercados, que exige que el crecimiento de las empresas dependa de la eficiencia de las mismas pero no de quién es su propietario, no se produce.
Países abiertos
En segundo lugar, existen también diferencias institucionales y de política económica que introducen desigualdades apreciables en la facilidad o en la dificultad con la que en los distintos países las empresas pueden ser compradas. Así, hay países muy abiertos, por ejemplo Bélgica, donde, como, hemos comprobado con el caso de la Société Générale, compañías de terceros países pueden lanzarse a la compra hostil de su mayor empresa y banco. Hay países, como Alemania y Francia, por no citar otros países no comunitarios como Suecia o Suiza (hasta hace poco los extranjeros no podían poseer acciones normales de Nestlé, sino sólo de un cierto tipo), donde resulta mucho más difícil y complejo realizar este tipo de compra de empresas. Recientes son los problemas de Pirelli al pretender comprar la compañía alemana Continental. Las dificultades son de naturaleza muy distinta, y a las de origen estrictamente legal se añaden otras más difíciles de precisar. Así, por ejemplo, existen a veces limitaciones al uso del derecho de voto que pueden reducir los derechos políticos de los nuevos adquirentes de acciones, las obligaciones de hacer públicos paquetes iniciales son muy diferentes de un país a otro, al igual que los porcentajes de propiedad a partir de los cuales es necesario lanzar una OPA, la transparencia y el rigor de los mercados de capitales también, etcétera.En los países donde predomina la financiación bancaria frente a la bursátil, o donde los bancos participan en la propiedad de las empresas, también las adquisiciones pueden resultar más difíciles. A ello hay que añadir el papel de los sindicatos (en especial si existen fórmulas de participación como la cogestión), el papel de los consejos de administración y de supervisión (Alemania), la intervención que están dispuestos a desempeñar los Gobiernos nacionales y regionales, etcétera. Así, por ejemplo, el intento de compra de una empresa alemana por parte de una financiera bien puede movilizar una coalición de bancos, proveedores, clientes, sindicatos, Gobierno del lander.
En definitiva, creo que es un fenómeno claro que, en unos casos por el papel que juega el Estado, y en otros por el especial ordenamiento jurídico-institucional, es mucho más dificil en unos países comunitarios que en otros la entrada de nuevas empresas. Es claro, pues, que algunos Gobiernos están dispuestos a pagar un precio de ineficiencia económica y presupuestaria para desarrollar objetivos económicos nacionales coherentes con su política exterior e incluso militar o de dominio económico a largo plazo, pero que es poco neutral Al compatible con el proyecto de creación del mercado único.
4. Algunas conclusiones
En el apartado anterior he intentado mostrar una serie de diferencias que existen en los países comunitarios, muchas de las cuales subsistirán después de las armonizaciones previstas en los mercados de capitales, relativa!; a la capacidad para transmitir la propiedad empresarial y que están teniendo un impacto significativo en la configuración económica que está produciéndose en Europa. No es consuelo pensar que estamos viviendo un periodo transitorio, pues en este campo será necesariamente largo, y a lo largo del mismo mes se va a determinar decisivamente la configuración final europea.
La corrección de estas desigualdades exige un esfuerzo de homogeneización institucional, muy dificil porque afecta a principios importantes de soberanía política. Ello supone aceptar que la construcción de un mercado precisa homogeneizar no sólo muchas características de los mercados de bienes y servicios, o eliminar barreras a la movilidad del trabajo, sino también remover determinadas segmentaciones que afectan a la movilidad transnacional de las empresas, es decir, la movilidad de los capitales a largo plazo.
Todo ello es necesario, además, porque la creación de un mercado único, el europeo, exige que se borren los rasgos que imprimen nacionalidad a las empresas, que deben llegar a ser europeas, dejando de ser francesas, alemanas o españolas. Ello no significa más intervención o regulación por Bruselas, pero sí significa eliminar trabas, discriminaciones y, en definitiva, igualar las condiciones del campo de competición. Ello significa también que puedan crecer más los más eficientes, con independencia de cuál sea su propietario o la localización geográfica de la empresa.
Ello implica también clarificar algunos aspectos relativos a la propia justificación de la existencia de empresas públicas. Existe cada vez más acuerdo, y la política oficial ele la comisión pretende garantizarlo, que las empresas públicas deben comportarse con igual tipo de objetivos y restricciones económicas y financieras que las privadas. Si esta razonable política se impone, ¿qué justifica entonces la existencia de empresas públicas? No es fácil encontrar justificaciones. Una podría ser la defensa de objetivos nacionales o de los denominados estratégicos. Es obvio que esto no es aceptable y la propia existencia de un objetivo nacional es contradictoria con la construcción de un mercado único que pretende ser continental.
Evitar desequilibrios
En resumen, evitar los desequilibrios y contradicciones analizados exige al menos, conseguir los dos siguientes objetivos:1. Un acuerdo sobre principios básicos del papel del Estado en la actividad económica. Ello debe garantizar que no existan diferencias de soberanía nacional como las antes explicadas, que no puedan perseguirse objetivos económicos nacionalistas frente a otros países miembros y que los poderes de los Estados en la transmisión de la propiedad empresarial sean los mismos. Una implicación de lo anterior es que las empresas públicas no puedan ser empleadas para desarrollar políticas nacionalistas, ya sean ofensivas para entrar en nuevos mercados o defensivas para proteger la economía nacional.
Tal como hemos visto, e primer problema que se plantea es la dificultad para construir un mercado Único no discriminador cuando el peso del Estado en la actividad productiva, es decir, el de la empresa pública, es muy diferente de un país miembro a otro. Como reflejan las actuales discusiones sobre las propuestas de Brittan para el control de ayudas públicas, las posturas sobre un tenia mucho más concreto y de alcance más delimitado están hoy sobradamente alejadas.
2. Introducir un grado de homogeneización institucional semejante al que hoy caracteriza a un mercado nacional.
Es decir, se trata de que, al igual que hoy existe en cada país, exista también en el conjunto de la Comunidad un bloque homogéneo de principios mercantiles básicos, de reglas sobre fusiones, absorciones y compraventa de empresas, de criterios contables, de requisitos sobre transparencia e información financiera, de normas sobre funcionamiento de los mercados de capitales, etcétera. Esto no implica ir contra el principio de subsidiariedad de las actuaciones de Bruselas, sino únicamente establecer las reglas mínimas comunes que históricamente siempre se han desarrollado en ¡in sistema económico para convertirse en un mercado único
