Toyota, Nissan, Hitachi y Matsushita, implicadas en el fraude bursátil japonés

Las compañías de automóviles Toyota y Nissan y las de electrónica Hitachi y Matsushita figuran en la lista de 231 clientes privilegiados que las cuatro principales firmas de valores japonesas han compensado de forma irregular con un total de más de 128.000 millones de yenes por pérdidas sufridas en bolsa entre 1987 y 1990, y cuyos nombres éstas accedieron a publicar ayer ante las presiones de¡ Gobierno, cada vez más temeroso de que este nuevo escándalo financiero saque a la luz ramificaciones políticas.

Parte de la lista de empresas fue adelantada en su primera edición del lunes por el influyente diario económico Nihon Keizai Shimbun, pero poco antes los presidentes de Nomura, Daiwa, Nikko y Yamalchi, las cuatro grandes securities (sociedades de inversión) de Japón, habían acordado facilitar a la asociación nacional de dealers (intermediarios financieros)los nombres de los clientes que recibieron elevadas sumas de dinero para enjugar de algún modo los pésimos resultados tenidos en Bolsa en los últimos tres años.La lista incluye grandes empresas como las citadas, pero también otras medianas, un canal privado de televisión, entidades financieras ligadas a compañías de renombre y casi una veintena de organizaciones públicas. Una de éstas, un fondo de pensiones del Ministerio de Sanidad y Bienestar Público, recibió 4.900 millones de yenes (unos 4.000 millones de pesetas), la compensación más alta de todas.

No deja de sorprender que entre los compensados aparezcan escuelas públicas y hasta un sindicato de policía.

La compensación en sí no está penada por la ley pese al enorme desprecio hacia el pequeño inversor que tal práctica supone. El Ministerio de Finanzas dictó una directriz hace dos años desaconsejándola. Lo que sí está castigado es que las firmas de valores prometan de antemano una compensación por una eventual pérdida en Bolsa. Nomura ha afirmado que este tipo de operaciones se ha hecho con el conocimiento del propio Ministerio.

La casi totalidad de las empresas citadas se han apresurado a indicar que no tenían constancia de haber recibido dinero de las securities y otras se han limitado a afirmar que van a investigar. Es muy probable que por el efecto dominó el escáncialo provoque la dimisión o la destitución de directivos en algunas de las compañías afectadas.

El presidente del consejo de administración de Nomura al igual que el presidente ejecutivo de ésta y de Nikko ya han dimitido desde que estalló el escándalo a finales de junio.

Algunos analistas estiman que la, publicación de la lista otorga. de momento un cierto respiro al Gobierno y sobre todo al ministro de Finanzas, Ryutaro Hashimoto, del que se ha pedido la dimisión, permitiéndole afrontar con mayores garantías la batalla que la oposición ha prometido dar en el Parlamento a partir de la próxima semana. Hashimoto ha dicho que no tiene intención de abandonar el cargo, pero sus posibilidades a aspirar a la jefatura del gobierno son ahora muy escasas.

El jefe del Ejecutivo, Toshiki Kaifu, y el propio Hashimoto presionaron los últimos días para que las securities facilitaran voluntariamente la identidad de los clientes beneficiados e insinuaron que podría ser el Parlamento quien les obligara a hacerlo. Sin embargo, el gobernante partido liberal se ha negado a que la Dieta escuche el testimonio de protagonistas como el ex presidente de Nomura, Setsuya Tabuchi, como solicitaba la oposición.

El Gobierno quiere evitar a toda costa que el escándalo se convierta en una reedición del famoso caso Recruit, que costó la caída en 1989 al entonces primer ministro, Noboru Takeshita.

De momento, el nombre de ningún político ha aparecido en la nómina de los implicados. Un alto funcionario del Ministerio de Finanzas aseguró la semana pasada que ningún parlamentario figuraba en la lista. Sin embargo, existen crecientes sospechas dada la fuerte y casi natural interrelación que existe entre la clase política y las empresas en Japón.