Material de trabajo
LAS DOLENCIAS profundas de la sanidad pública española son conocidas de siempre y, sobre todo, sentidas y vividas por sus usuarios. Ahora, la comisión de expertos presidida por el ex vicepresidente Fernando Abril Martorell las ha examinado durante un año y aporta las posibles soluciones: descentralización y privatización de los mecanismos de gestión de los grandes complejos hospitalarios; recorte de algunas de las prestaciones sanitarias más avanzadas y de sus actuales niveles de gratuidad, y un esfuerzo de los ciudadanos para que conozcan, en cada uno de sus actos, la dimensión de lo que cuestan y el esfuerzo individual y social prestado.Es decir, la comisión Abril ha realizado, además de un trabajo técnico, también un esfuerzo didáctico, tan caro a Fernando Abril.
En realidad, no puede decirse que esta comisión haya descubierto con su informe el Mediterráneo si se tiene en cuenta que los remedios que propone son, básicamente, los que la mayoría de los países de nuestro entorno -a los que aspiramos a unirnos- han aplicado a sus sistemas públicos de salud en un intento de controlar la escalada del gasto sanitario y de reorientar sus dispositivos asistenciales al servicio del usuario. Es decir, su principal mensaje es la sensatez para unos tiempos en los que hay que combinar adecuadamente la austeridad con la universalización de los servicios. Por ello, hay que demandar esa misma sensatez y moderación en algunas de las reacciones más desaforadas que ha habido sobre las recomendaciones de la comisión.
Ello no quita para que algunas de las propuestas, sobre todo las que afectan a la gratuidad de la prestación, puedan ser consideradas impopulares y contrarias a los principios equitativos, que conforman el sistema nacional de salud. El Parlamento y el Gobierno deberían valorar socialmente las mismas y no esquivar el debate. No puede suceder con el informe Abril lo mismo que con otros estudios encargados por la Administración -por ejemplo, sobre el paro en España- que, por ser políticamente inoportunos, pasan a engrosar los cajones de algún alto funcionario.
En el sistema de la sanidad española es cierto que la opacidad del cálculo del coste del servicio recibido induce en muchas ocasiones a la utilización irracional de los medios públicos por parte del usuario y, también, al exceso de consumo (fundamentalmente en el capítulo de los medicamentos); que la burocratización y el corporativismo de la administración sanitaria dificultan su adaptación a las necesidades reales de la demanda y que la confusión existente entre las responsabilidades públicas de protección y financiación y las de organización, gestión y prestación de servicios crea graves disfunciones en el sistema.
Pero es más polémico, por ejemplo, que la evaluación del coste del servicio para el usuario deba traducirse en un recorte de su gratuidad mediante la implantación del llamado tiket moderador, una propuesta por la que el ciudadano deberá pagar una parte de la asistencia sanitaria que recibe. E igualmente es dudoso que la extensión del pago del 40% del coste de los medicamentos a los seis millones de Jubilados -otra de las propuestas de la comisión- conduzca a tal clarificación. Si se trata de concienciar al paciente sobre el coste real del servicio recibido y de que los centros sanitarios puedan realizar con mayor corrección sus balances, bastaría con que dicho tiket tuviera un carácter simbólico, sin afectar al bolsillo de quienes ya pagan la prestación mediante los impuestos y las cuotas a la Seguridad Social.
Cuando se afirma para justificar la imposición de tasas que la base social que financia la sanidad pública es la misma que recibe sus prestaciones, y que lo que paga por un lado se lo ahorra en un posible aumento de impuestos, se olvida el que, al menos en el caso de jubilados y pensionistas, dicho colectivo no paga cuotas a la Seguridad Social y, en su mayoría, está exento del impuesto del IRPF a causa de sus bajas pensiones. En cualquier caso, todo ello es valioso material de base para un amplio debate en la sociedad. No es concebible que nueve años después de la presencia de los socialistas en el poder no exista un modelo de sanidad estratégico con el que llegar al año 2000. El informe de la comisión Abril es un intento para lograrlo y, aunque sus conclusiones no tengan que ser asumidas por nadie más que por sus autores, sería lamentable que pasaran al sueño de los justos y que dentro de un tiempo esta Administración u otra posterior encargasen un nuevo trabajo que añadir a la gran historia de la burocracia española.
