El Plan Energético fomenta el ahorro y plantea un aumento del impuesto sobre la gasolina

El nuevo Plan Energético Nacional (PEN), que ayer aprobó el Gobierno, busca, dentro de los objetivos de ahorro que plantea, que las industrias generen su propia energía. Asimismo, se apoyará en la utilización de la fiscalidad indirecta en algunos productos como vía para respaldar los objetivos establecidos en política energética y medioambiental, lo que obligará a elevar los precios de productos como las gasolinas y los medios de transporte. El PEN, que tendrá vigor hasta el año 2000, prevé un aumento de la demanda de energía final un 2,4% en dicho periodo y de un 3,5% de la energía eléctrica, consagra la moratoria nuclear que dictó el anterior plan y potencia el gas natural como fuente energética.

El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, señaló que "un equipo de trabajo multidisciplinar" formado por Economía, Industria y Obras Públicas y Transportes decidirá las actuaciones concretas en ese sentido. La utilización de la fiscalidad indirecta como refuerzo a los objetivos del PEN hay que encuadrarla, según explicó Aranzadi, en el contexto de ofertas alternativas que permita la incorporación de energías con poca cuota en la actualidad al tiempo que ofrezca mejores condiciones de precio.Antes de aplicar cualquier actuación sobre la fiscalidad, se trasladará al mercado interior la evolución de los mercados internacionales. Posteriormente, es cuando se pueden realizar operaciones concretas. Según las referencias, el sector en el que se va a actuar es el que tiene dependencia del petróleo, ya que esta fuente energética sigue teniendo más del 50% de participación en la energía final. En ese sentido, el Gobierno podría aplicar un aumento de la fiscalidad de los impuestos especiales de las gasolinas y de los trasnportes en general, lo que redundará, en definitiva, en un aumento del precio del litro de los combustibles.

El nuevo PEN, que tiene que aprobar el Parlamento en otoño y al que el Partido Popular ha tachado de simulacro y poco competitivo ("aumentará la dependencia del exterior"), trata de reducir la dependencia del petróleo para potenciar el gas natural y energías alternativas. Aun así, a finales de siglo mantendrá una participación algo superior al 50% de la energía final sobre el 52,59% actual. Al contrario, el gas se disparará de del 5,57% al 12,16% y las alternativas del 2,74% al 3,17%. El carbón, que mantendrá su presencia en el equipamiento eléctrico, sólo se reducirá del 21% al 19,40% y la nuclear que el Gobierno ha decidido mantener al margen, pasa del 15,76% al 11,28%.

Moratoria

El mantenimiento de la moratoria nuclear es uno de los puntos claves del nuevo PEN junto con la potenciación del gas. No obstante, en generación eléctrica se mantendrá por encima del 30% sobre el 36,7% actual.

En ese sentido, de los 9.000 megavatios de potencia necesaria entre 1.995 y el 2000 (se pasará de 43.000 a 52.000 megavatios), 3.000 provendrán de políticas de ahorro teniendo especial incidencia la autogeneración (energía generada por las propias industrias para su uso con la posibilidad de aportar el sobrante a la red general). El objetivo es que la autogeneración alcance el 10% del parque en el 2000.

Las opciones del nuevo equipamiento permiten, según Aranzadi, conjugar los objetivos de minimización de costes con la potenciación de los recursos autóctonos (agua y carbón), protección medioambiental y diversificación (aumento del gas y reducción de la energía nuclear). Según el ministro, ello permite reducir la inversión y, por consiguiente, del impacto financiero sobre el sector eléctrico. Aranzadi destacó que el coste del kilovatio hora generado por el nuevo equipamiento será un 23% inferior al del parque actual.

Inversiones

El mantenimiento del carbón nacional, por su parte, se hará, según Aranzadi, "con criterios de que sea producido por debajo del coste de referencia comunitario". El ministro aseguro que "su potenciación se orienta como recurso energético autóctono con las limitaciones impuestas por el sobrecoste que implica su utilización, el imperativo comunitario de reducción de ayudas públicas y los requerimientos medioambientales". En ese sentido, se potenciará la producción a cielo abierto y se reducirá la subterránea.