El pacto y el futuro de la industria

La mejora de las condiciones que determinan la competitividad de la economía española es la condición básica e insoslayable para poder asegurar la permanencia de nuestras empresas en el mercado único europeo. ( ... )Sin embargo, en la definición de una adecuada estrategia de negociación, convendría diferenciar los objetivos que debe contemplar un pacto global sobre políticas de rentas, de lo que debe ser la negociación de acuerdos específicos y continuados en el tiempo sobre los demás factores que influencia la competitividad a largo p lazo. El pacto social es, por su misma naturaleza, un hecho puntual y excepcional. Por el contrario, la búsqueda de acuerdos negociados sobre aspectos de la política pública o las empresas debe ser, no una excepción, sino la regla normal de comportamiento.

El inicial fracaso de las conversaciones que han tenido lugar estos días entre el gobierno, los sindicatos y la patronal responde, entre otras causas, a esta insuficiente diferenciación de objetivos y horizontes comprendidos en el pacto.

El mantenimiento y fortalecimiento de nuestras empresas y la mejora del clima industrial de nuestro país necesitan de acuerdos sociales amplios, orientados a mejorar la calidad y cantidad de todos aquellos factores que, desde dentro y fuera de la empresa, influyen en el grado de competitividad de nuestro sistema económico y social. De lo contrario, seguiremos asistiendo a esa sangría nacional que está siendo la desaparición o la pérdida de control nacional de las empresas españolas.

Este proceso de desindustrialización, de cuya intensidad y consecuencias no somos aún plenamente conscientes, representa una amenaza cierta sobre el futuro de España como país con un grado de soberanía sobre su sistema productivo equivalente al de los otros países comunitarios.

Esta amenaza debería constituir una poderosa motivación para la búsqueda de objetivos compartidos por los poderes públicos, los trabajadores y sus sindicatos, los empresarios y las asociaciones patronales, así como por los ciudadanos e Instituciones sociales en su conjunto. De hecho, no encontraríamos en la historia económica española otro momento que haya significado un reto similar al que ahora estamos enfrentados.

Política industrial

Frente a la naturaleza e intensidad de este reto, las políticas corrientes -operadas únicamente a través de los instrumentos en manos de los gobiernos- o las actuaciones individuales de las empresas, con ser necesarias, no son suficientes.

Por ello, es urgente definir lo que queremos ser como país industrialmente desarrollado en el concierto de la CE y en el mismo orden económico internacional. Y, a la vez, es también urgente encontrar formas de alcanzar esos objetivos comunes.

La oferta del Gobierno para negociar el pacto ha abierto la oportunidad de dar un giro a la política económica, introduciendo una mayor sensibilidad en materia de industria. En cualquier caso, si finalmente no hay consenso, el Gobierno ha de llevar adelante una serie de reformas y actuaciones encaminadas a la mejora de la competitividad de las empresas.

No existe en España, como sí ocurre en la mayoría de los países industriales desarrollados, un conjunto coherente de criterios y actuaciones públicas que se pueda llamar política Industrial. Los responsables de la política industrial y una gran parte de la opinión económica de nuestro país están bloqueados por una especie de complejo o mala conciencia histórica que le hace ver en cualquier medida de fomento o defensa de nuestra base industrial un resurgimiento del viejo proteccionismo. Pero, en este campo -como en el de la política agrícola, la promoción de las exportaciones o la implantación de empresas o redes comerciales españolas en el exterior- de lo que se trata es de hacer lo que las autoridades de los países desarrollados de la CE o de la OCDE hacen a la hora de apoyar su bae industrial.

Pacto o acuerdos puntuales

Con ser importantes las carencias de la política económica vigente o la disponibilidad de factores como las infraestructuras, la formación profesional y técnica de nuestra población o la eficiencia del sector público, el elemento decisivo y previo para la mejora de la competitividad de la economía en el momento actual es la inexistencia en la sociedad española de un marco institucional que favorezca la cooperación y el acuerdo social, tanto en el ámbito de la política pública como en el seno de las empresas.

Se hace dificil pensar en una mejora de la productividad a largo plazo de las empresas si no es sobre la base del entendimiento y colaboración permanente de empresarios y trabajadores. De la misma forma, se hace dificil imaginar una mejora permanente en los niveles de bienestar de los españoles si no es sobre la base de la mejora de la competitividad y de la capacidad de crecimiento sostenido de la economía.

Se puede pensar que están justificados muchos recelos y desconfianzas mutuas en este campo del diálogo y la negociación colectiva. Pero es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad mutua y olvidar recelos personales o políticos. La empresa española, nuestra base industrial, sometida como está a la competencia exterior y al riesgo de desaparición como industria nacional, no podrá resistir un clima de enfrentamiento social o la continuidad de una política económica que daña su competitividad.

La sociedad española desea la negociación. No entendería que actitudes ambiguas o estrategias de enfrentamiento basadas en intereses de corto alcance frustraran esta última oportunidad de enfrentarse al mercado único y de la internacionalización. La experiencia electoral durante la democracia, muestra que los ciudadanos premian el ejercicio de actitudes políticas y sindicales responsables.