El fiscal modificará las penas que pide para los policías Amedo y Domínguez

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, modificará su petición de penas para los policías José Amedo y Michel Domínguez, según informaron fuentes de la Fiscalía, que indicaron en la mañana de ayer que Aranda ya tenía redactado el escrito de conclusiones definitivas que hoy presentará ante el tribunal y que previsiblemente contendrá una petición de penas más elevada.Las citadas fuentes no pudieron precisar el alcance y sentido de la modificación, aunque fuentes del Ministerio Fiscal comentaron la posibilidad de que Aranda formule una calificación alternativa para salvar la cara al anterior fiscal jefe, Eladio Escusol, cuyo planteamiento de considerar como "acción penal única" los disparos contra seis personas en el bar Batxoki fue descalificado por los demás fiscales de la Audiencia Nacional.

La calificación realizada por el fiscal jefe Eladio Escusol en su momento difería de las demás acusaciones tanto en el planteamiento de la "acción penal única" en los atentados a los bares Batxoki y La Consolation como en la no imputación a los policías del asesinato del prófugo Juan Carlos García Goena. La acción penal única del atentado al Batxoki, por la que Escusol solicitó 25 años de reclusión, podría calificarse por Aranda como cinco o eventualmente seis delitos de asesinato frustrado, que elevarían la petición de condena en al menos 65 años.

Los abogados de la acción popular han anunciado que la única modificación que realizarán será la inclusión de un sexto delito de asesinato frustrado en el atentado al bar Batxoki. En el atestado realizado por la policía francesa consta que en este atentado se registraron seis heridos, aunque durante la instrucción sumarial en España se contabilizaron cinco. El error, al que contribuyó la ausencia de reclamación por parte de la víctima, se descubrió poco antes del juicio.

El defensor de los policías, Gonzalo Casado, y el abogado del Estado han manifestado que mantendrán la petición de absolución para los policías y la exención de responsabilidades del Estado, respectivamente.