El juez acusa al delegado de Gobernación de Sevilla de la concesión ilegal de licencias de tragaperras

El delegado provincial de la Consejería de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo Vera, y el empresario Manuel Alejandro Mora, propietario de Recreativos Astigi, continúan detenidos después de que el juez Angel Márquez interrogase hasta la pasada medianoche al primero por su presunta implicación en operaciones irregulares relacionadas con la concesión de licencias de máquinas tragaperras. Morillo, acusado de prevaricación y falsedad en documento público, declaró ante el juez durante cuatro horas y media.

El juez Ángel Márquez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, decidirá hoy si decreta el ingreso en prisión o la libertad de Morillo y de Mora, éste último acusado de "inducción a la prevaricación". La detención del funcionario de la Junta, que permanece en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla desde mediodía del martes, cayó ayer como una auténtica bomba en el Gobierno andaluz, que celebraba en el Parlamento regional el debate anual sobre el estado de la comunidad.El presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, señaló que el sistema seguido por el juez Márquez "ha sido sorprendente" y que se podían haber utilizado otros medios. No obstante, Chaves matizó que respeta la decisión Judicial y que los funcionarios de la administración autonómica gozan de su total confianza. En términos similares se expresó el consejero de Gobernación, Ángel Martín Lagos, quien informó que Morillo tenía previsto acudir ayer a declarar, por lo que dijo encontrarse "desagradablemente sorprendido" por el método utilizado por el juez "contra una autoridad pública".

El juez Márquez llamó a declarar en calidad de inculpados a un total de siete funcionarios de la Consejería de Gobernación para determinar su posible implicación en el caso. En las declaraciones estuvo presente el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, quien se negó a realizar ningún comentario sobre la detenciones al estar el caso bajo secreto del sumario hasta el próximo día 17.

Morillo tenía previsto declarar ayer ante la policía judicial, que investiga por orden de Angel Márquez la concesión irregular de licencias para la instalación de máquinas tragaperras a la empresa Recreativos Astigi. Esta es una de las líneas de investigación seguidas por el juez Márquez a raíz de las diligencias abiertas contra Juan Guerra.

Recreativos Astigi

Recreativos Astigi, según denunciaron los abogados de Izquierda Unida y del Partido Andalucista personados en el caso Guerra, se benefició de un cambio de legislación en materia de juego cuyas competencias están transferidas a la Junta- que permitía la instalación de máquinas tragaperras en bares y cafeterías, posibilidad no establecida por ley hasta 1987.

Esta sociedad, que se creó en octubre de 1987 con un capital social de dos millones de pesetas y es propiedad del empresario de Écija (Sevilla) Manuel Alejandro Mora Rodríguez, ahora detenido, obtuvo 45 días después de constituirse 367 licencias de máquinas tragaperras tipo B, que adquirió por un total de 160 millones de pesetas a empresas del sector.

Dos meses después, y una vez aprobado por la Junta el cambio de legislación, vendió las máquinas tragaperras a los mismos proveedores. En esta operación de compra-venta, Recreativos Astigi obtuvo unos beneficios de unos 250 millones de pesetas.

Morillo, quien ocupa su cargo desde febrero de 1985, se encontraba en el momento de la detención por efectivos de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía en las dependencias de la delegación provincial de Gobernación, y tras declarar ante el juez, pasó toda la noche del martes en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. El chófer de Morillo Vera afirmó que éste "estaba lo más tranquilo del mundo" cuando fue detenido.

Francisco Morillo, según declaró ayer un portavoz de Gobernación, fue requerido para declarar en dos ocasiones por el juez Márquez. El delegado provincial se encontraba de viaje en México cuando recibió la primera citación y recogió la segunda justo después de regresar a España el pasado día 3. Francisco Morillo, según este portavoz, pidió un aplazamiento hasta ayer, alegando motivos de cansancio por el vuelo.

A preguntas de los periodistas, Angel Márquez aseguró ayer: "El juez puede ordenar la detención cuando hay un delito y un posible culpable, sin tener que esperar que se cumpla ningún plazo".

Un diputado socialista afirmó durante el debate sobre el estado de la región que la decisión del juez se debe "al afán de protagonismo" de este magistrado, mientras que los portavoces de la oposición solicitaron la dimisión del consejero de Gobernación.

El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente de Ángel Martín Lagos en la Cámara para que explique la política de la Junta en materia de juego.

[El abogado de Juan Guerra, Antonio Mates, declaró que su defendido no tiene ninguna relación con este asunto: "Se le implica para que tenga más morbo"].