El correo, el tribunal y el notario

Dos hermanas llegan a votar y ya alguien lo hizo por ellas. Una anciana de Valladolid emite su papeleta en esa ciudad y además vota por correo en Salamanca. Una religiosa sana y joven figura como inválida que delegó su voto. Personas que viven en hospitales y residencias hacen que se les remitan las papeletas que deben elegir a un domicilio distinto del suyo. Los notarios son llamados para legitimar el voto de sordomudos ciegos y de enfermos psiquiátricos. La firma de alguno de estos fedatarios es dudosamente auténtica (o auténticamente dudosa).

Los casos se amontonan, pero nunca podrán ser verificados uno a uno para abarcar todas las irregularidades. Hasta ahora, sin embargo, se aprecia con claridad el denominador común: en todos ellos aparece como domicilio designado por el votante una sede del PP. Son hechos que, con nombres y apellidos, han ido apareciendo en estas páginas desde que, tras las elecciones, las hermanas Ana Isabel y Carmen Palomero denunciaron en Salamanca que alguien había votado por ellas.Sin embargo, los tribunales superiores de justicia de Madrid, Castilla y León y Aragón -no así el de Galicia- no han creído que el fraude esté suficientemente acreditado; y, si han hallado pruebas de ello en algún caso, no suman, a su juicio, un número suficiente para cambiar los resultados.

Esto propició que los que se sienten acusados hayan minimizado los hechos como puramente anecdóticos.

Que las irregularidades no influyeran en los resultados -teoría que, por otra parte, ha originado las críticas de Izquierda Unida y del PSOE- no deja de ser un hecho analizado después de las elecciones. Pero quienes cometieron supuestamente el fraude lo hicieron antes cuando aún no se conocían los márgenes para las mayorías (que además en algunas provincias bajo sospecha resultaron muy escasos).

Recursos desestimados

Los tribunales superiores han desestimado los recursos de la vía con tencioso-electoral sin apenas investigar -pues no se trataba de un proceso penal- las extrañas maniobras, y se han apoyado en la imposibilidad de restar a un partido los votos irregulares porque el sufragio es secreto. Hacerlo, según indica la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, sería vulnerar ese carácter secreto del voto, y por ello en todo caso habrían de descontarse proporcionalmente a cada candidatura. Así, como denunció IU después, el eventual defraudador se anota los votos si no se le descubre; y se les restan a todos si se desmantela el montaje.En adelante, quedan abiertas las investigaciones penales, que se enfrentan a varios supuestos de fraude diferentes. El fraude investigado por el Juzgado número 3 de Salamanca -causa en la que se han personado el PSOE, IU y CDS- consiste principalmente en el desvío de los documentos del voto a personas distintas de quienes los solicitaron. Los electores afectados son personas que el día de las elecciones se iban a encontrar fuera del domicilio en que están censados (hicieron personalmente el trámite inicial, sin delegar en nadie). En este caso fueron necesarias las connivencias de determinados funcionarios de Correos. El Tribunal Superior castellano-leonés consideró "normal" que quienes acudieron a las urnas ya hubiesen votado, puesto que habían iniciado el trámite. La sentencia no consideró probado que alguien les suplantara: los principales testimonios y averiguaciones se hallaban en el juzgado número 3. Los supuestos autores del fraude seguramente pensaron que sólo saldrían a la luz unos pocos casos, insuficientes púa la anulación de los resultados. La Diputación de Salamanca (cerca de 25.000 millones de presupuesto) se ha dirimido por apenas 200 sufragios.

Estilo Palencia

En Palencia -otra de las provincias donde se abrió investigación por lo penal-, la irregularidad de Salamanca se repite -denuncias de electores que ignoraban haber votado-, y se añade una circunstancia: en pueblos de la provincia, un agente del Partido Popular llevaba a los electores unas autorizaciones de voto, que firmaban y que después legitimabaun notario.Pero la fórmula del fedatario (a diferencia de otros lugares) autorizaba sólo al gestor a solicitar en Correos los certificados censales y después a depositarlos, ya con el voto, en la oficina correspondiente. Sin embargo, esa persona, sin autorización escrita alguna, los enviaba a la sede del PP en Palencia. Por tanto, era finalmente otra persona distinta de la autorizada la que depositaba el voto. El juzgado tiene a su disposición 200 ejemplos de esas irregularidades. La mayoría en la Diputación se zanjó por 14 votos a favor del PP, y un resto de sólo cinco sufragios adjudicó a ese partido el último concejal en disputa.

Los encargados del voto por correo en Madrid se especializaron en personas impedidas (o supuestamente impedidas, puesto que en muchos casos nose acompaña certificado médico). Estos electores eran visitados por agentes del PP, y -teóricamente- les pedían que firmasen el documento de delegación del trámite. En ese impreso, especificaban que se les remitieran las papeletas a la sede del partido. Se supone que después se trasladaban allí para votar (lo que parece dificil si se trataba realmente de impedidos) o bien alguien del partido se dedicaba a acudir a esos 10.000 domicilios para entregar las papeletas (cosa que reduce el trámite al absurdo, porque para eso ya están los carteros).

Legitimación notarial

La legitimación en Madrid de miles de autorizaciones (que suman cerca de 20.000, según fuentes del PP) pasó por un reducido número de notarios, y uno de ellos, Alberto Ballarín, acreditó cerca de 7.000, según datos manejados entre sus compañeros (él ha reconocido "varios miles", sin precisarmás). Tanto la Junta de Zona como el PSOE vieron supuestas falsificaciones en más de 4.000 firmas notariales, y dos peritos judiciales a los que este períódico llevó una muestra de esas firmas las consideraron falsas.La pista de que se emitieron votos mediante certificados falsos y se suplantó la voluntad del elector viene dada por el caso de María de los Ángeles Lumbreras (ver EL PAíS del viernes), una religiosa cuyo sufragio gestionó el PP y que niega haber autorizado a nadie para votar por ella.

Las tres vías de supuesto fraude descritas no son exclusivas de cada provincia, sino que se han dado principalmente en ellas. El PP admite haber geslionado en toda España 80.000 votos por correo. El planteamiento inicial del PP era írreprochable: propiciar la participación ciudadana de electores con dificultades para votar. Las investigaciones en curso por la vía penal intentan averiguar si, en el camino, a alguno se le fue la mano. Y el bolígrafo.