Empresarios y sindicatos solicitan más control sobre los apartamentos turísticos

Empresarios del sector turístico y sindicatos coincidieron ayer en solicitar a las comunidades autónomas un mayor control sobre los apartamentos turísticos que carecen de licencia para su explotación. En opinión de ambos, los apartamentos ilegales suponen uno de los graves problemas del sector, con una oferta incontrolada de hasta el 75% del total. El Gobierno presentará el próximo lunes su plan de competitividad para superar la crisis turística.

Tanto sindicatos como empresarios están a la expectativa de la propuesta del gobierno, aunque tienen sus propias propuestas para superar la crisis del sector. Ambos coinciden en que los apartamentos para uso turístico ilegal son uno de los principales problemas del sector por la competencia desleal que generan y su incidencia negativa en la calidad de la oferta turística española.Según CC OO, UGT y la Federación de Hoteles, perteneciente a la CEOE, aseguran que un 75% de la oferta turística española es ilegal. Mientras existen aproximadamente 980.000 camas en hoteles y 70.000 en apartamentos turístico legales, según empresarios y sindicatos hay aproximadamente 7.000.000 de camas en los apartamentos que se usan ilegalmente. Según afirman, las Comunidades Autónomas tienen la competencia de controlar y sancionar esta situación, "pero no siempre lo hacen" afirma UGT.

Las Comunidades Autónomas de Canarias, Valencia y Baleares son las más afectadas. Según la consejería de Turismo de la Comunidad Canaria no es correcta la cifra que se maneja y los apartamentos ilegales son pocos: Como mucho, según la consejería, en Canarias hay un 10% o menos.

Sanciones

Baleares, con una importante cifra de apartamentos de este tipo, según los sindicatos, tiene también una situación controlada. Según afirman en la consejería de turismo de dicha Comunidad, no pueden dar cifras porque son ilegales y por tanto no registrados, pero los que están controlados, son sancionados por la administración autonómica con multas que llegan hasta los 25 millones de pesetas.Tanto sindicatos como patronal coinciden también en que la formación profesional es fundamental para la competitividad del sector. No sólo, argumenta la patronal, por la mejora de calidad que supone, sino para contrarrestar el efecto que provocará la entrada de profesionales con mucha formación a partir de 1993.

La formación de profesionales llegaría, para UGT y CC OO hasta la creación de una Escuela de formación superior.

Tanto sindicatos como patronal solicitan una mayor coordinación de los ministerios en este tema, fundamentalmente Trabajo a través del INEM y Educación y Ciencia.

La discrepancia mayor se da en el tema de la contratación. Los sindicatos piden la derogación de la Ordenanza Laboral que regula el sector y que data de 1944, con una reforma en 1974, y solicitan un convenio marco nacional que garantice mínimos.

Además, solicitan que los contratos temporales, el 70% del total, se conviertan en fijos o fijos dicontinuos. Los empresarios del sector afirman, por su parte, que el 85% de los contratos son fijos en este momento y el 15% restante se reparte entre temporales, un 10%, y fijos discontinuos, un 5%.