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Editorial:

La ley del silencio

FUENTE OVEJUNA NO siempre tiene razón. Los vecinos de Mancha Real -el pueblo de Jaén en el que, tras la muerte violenta de un compadre, fueron incendiadas varias casas habitadas por familias gitanas decidieron en multitudinaria asamblea trabajar el lunes, pese a ser festivo en la localidad, y destinar el importe de los salarios de ese día a sufragar los gastos de la defensa de las personas que "puedan ser detenidas como consecuencia de la investigación judicial". Iniciativas de este tipo están alimentando desde el primer día una unanimidad que, so capa de solidaridad, está encubriendo la injusticia: quien haya contribuido a la causa con su salario, ya sea por convicción o para no ser señalado como insolidario, queda psicológicamente comprometido con ella; como mínimo, a callar.El ser gitano no otorga a los miembros de esa minoría ninguna bula especial ante la ley: alegar su pertenencia a una cultura singular para justificar eventuales vulneraciones individuales de las normas de convivencia sería racismo; pero la pertenencia a esa etnia no convierte a los individuos en culpables genéricos o suprime sus derechos ciudadanos, como pretendería otro racismo simétrico, seguramente aún peor. En Mancha Real hubo un homicidio por el que varias personas están detenidas. Serán los jueces quienes, de acuerdo con unas normas preexistentes, determinarán su culpabilidad o inocencia en tanto que individuos. Sustituir la acción de la justicia por la venganza privada supone retroceder a tiempos preciviles; y encubrir, en nombre de Fuenteovejuna, a los incendiarios que pretendieron tomarse la justicia por su mano implica aceptar que la barbarie deja de serlo cuando es unánime.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de junio de 1991