Disputada 'maría'

DE ACUERDO con el nuevo marco legal de la enseñanza de la religión establecido en un reciente decreto del Gobierno sobre desarrollo de la LOGSE, esta materia será voluntaria para los alumnos, aunque su oferta será obligatoria para los centros; no tendrá en el currículo ninguna otra materia como alternativa (hasta ahora lo era la ética), sustituyéndose esta opción por una hora de estudio asistido, y no será, obviamente, evaluable a efectos académicos.Esta última cuestión es la que más polémica ha suscitado, y a ello ha contribuido especialmente el confuso anuncio del responsable de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña de seguir considerando academicamente evaluable la religión en su territorio. Confuso porque ayer mismo rectificaba sus primeras manifestaciones, aunque sin aclarar qué rango tendrá la enseñanza de la religión y moral católicas en esta comunidad.

En la disputa se observa por parte de algunos un inusitado interés por vincular los compromisos del Estado sobre enseñanza de la religión católica a determinadas exigencias de nivel académico. Sin embargo, ni la Constitución ni los acuerdos con el Vaticano obligan a tal cosa. El decreto es plenamente coherente con el principio de aconfesionalidad del Estado, garantizando el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 27.3 de la Constitución), y respeta la obligatoriedad de la oferta de la religión a la vez que la voluntariedad de. su enseñanza, exigidas por los acuerdos de 1979. De un lado, reserva un horario lectivo a la formación religiosa católica, impartida según los contenidos y por los profesores señalados por la jerarquía católica y pagados por el Estado (de nuevo según los acuerdos de 1979), y de otro, suprime cualquier factor inductorio para matricularse en este tipo de enseñanza que no sea la confesionalidad del alumno (no cabe el regalo de la nota ni tampoco un suspenso puede bloquear el acceso a la Universidad).

Empeñarse en atribuir una dimensión académica a la enseñanza de la religión es una forma de reavivar las cenizas del nacionalcatolicismo en plena era democrática. El Estado actual no puede, salvo que haga cesión de su soberanía, incluir en los planes académicos una materia cuyo contenido y libros de textos los fija y los propone una instancia ajena a él: la jerarquía católica (de nuevo según los acuerdos de 1979). Por lo demás, quienes buscan enconar la cuestión deberían, si son capaces de ello, aprender de la historia reciente: el carácter académico, obligatorio y fundamental de la enseñanza de la religión no impidió su despectiva consideración como una de las llamadas marías por parte del alumnado.