El Papa llama a los obispos a una cruzada contra las leyes que favorecen el aborto
Los obispos no deberían permitir que los parlamentos aprueben leyes a favor del aborto o de la eutanasia, ya que los Estados están obligados a seguir en esta materia las enseñanzas de la Iglesia católica. Así ha sido interpretada por algunos observadores la carta que el papa Wojtyla acaba de enviar a los 4.000 obispos del mundo.
El Papa llama al episcopado mundial a una gran cruzada y a una movilización general de toda la Iglesia contra las leyes a favor de la interrupción de la maternidad y de la vida en su estado terminal.Nunca un Papa había enviado a todos los obispos del mundo una carta personal con tonos tan duros y perentorios. En ella Juan Pablo II afirma que, según los datos estadísticos que le han presentado los cardenales de todo el mundo, se registra "una verdadera matanza de inocentes a nivel mundial" y que lo peor de todo es que la conciencia moral de los hombres se está ofuscando y que cada vez les cuesta más "distinguir entre el bien y el mal por lo que se refiere al valor fundamental de la vida".
El papa polaco afirma en su carta a los obispos del mundo que hoy "las leyes y las normativas civiles no sólo ponen de manifiesto el oscurecimiento de las conciencias, sino que contribuyen a reforzarlo".
Y explica: "Cuando en los parlamentos se votan leyes que autorizan la matanza de inocentes, y cuando los Estados ponen sus recursos y sus estructuras al servicio de estos crímenes, las conciencias morales se ven arrastradas con mayor facilidad al error". Contra dichas leyes, parlamentos y Estados, el Papa Juan Pablo II pide a los obispos del mundo una verdadera cruzada y exige que la Iglesia no se contente ya con "reafirmar" el derecho a la vida, sino que debe pasar a las "obras" y que deberá hacerlo "incluso a costa de ir contracorriente ante los ciudadanos, ante los pueblos y ante los Estados sin miedo alguno". Y recordando su última encíclica ha subrayado que si es verdad que la Iglesia "aprecia los sistemas democráticos", considera que para que un Estado sea verdaderamente democrático debe impedir en su legislación la libertad de aborto.
Según escribió ayer en el diario II Manifesto, Filippo Gentilone, uno de los mayores expertos en cuestiones religioso-vaticanas, nadie le contesta al Papa su derecho a pronunciarse contra el aborto, pero sí "sus pretensión de imponer la doctrina católica a los Estados impidiéndoles legislar en libertad".
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