Más de 150.000 ancianos demandan todavía el cobro de las pensiones fijadas en enero

Decenas de miles de ancianos se desesperan ante la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones de pensiones no contributivas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de enero y de las que todavía no se ha concedido ni una. Estas pensiones deberían beneficiar a unas 150.000 personas. Los conflictos de competencias entre las administraciones central y autónomas son la principal causa de estas ineficiencias. Sólo en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura son más de 50.000 las personas mayores de 65 años afectadas por esta situación.

La ley que regula las pensiones no contributivas destinadas a las personas mayores de 65 años que nunca han cotizado a la Seguridad Social o no lo hicieron los años suficientes -el mínimo es 15 años- y que han residido en España por lo menos 10 años, entró en vigor a finales del pasado mes de enero.Esta norma era esperada con verdadero interés por miles de personas, como lo prueba el hecho de que en los 10 primeros días de su entrada en vigor solicitaron información 75.000 ciudadanos. El problema que se suscita ahora, de cómo hacer efectiva la ley, ya había sido contemplado por el ministerio que puso en marcha una fuerte campaña informativa, que costó 400 millones de pesetas, para localizar a unos 150.000 potenciales perceptores de las pensiones no contributivas.

Sin respuesta

S. J., de 87 años, que no tiene ningún ingreso, ya que su marido nunca cotizó a la Seguridad Social, y que reúne todas las condiciones para recibirla, solicitó una pensión no contributiva el pasado 11 de febrero. Des de entonces, su hijo José Luis no ha parado de preguntar de oficina en oficina, y todavía no le han dado ninguna respuesta, ni negativa ni afirmativa, a su petición. Su inquietud aumentó cuando el pasado 3 de Junio volvió de nuevo a preguntar y le contestaron que lo sentían mucho, pero que se acababa de transferir ese tema a la Comunidad de Madrid y que tarda rían 11 meses más hasta concederle la pensión.

El convenio en cuestión, que ha retrasado aún más el trámite de concesión, se firma entre el Ministerio de Trabajo, el de Asuntos Sociales -ésa es su única función- y cada una de las comunidades autónomas, excepto la de Aragón. La consejera de Asuntos Sociales de Aragón, Ana María Cortés, ex plica que sólo firmarían ese convenio si el ministerio que di rige Matilde Fernández se comprometiera a transferir las competencias completas en materia de bienestar social en un plazo de seis meses, a lo que la ministra se negó.

Por ello, no sólo no suscribieron el convenio, sino que el pasado 20 de marzo interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que re gula las pensiones no contributivas alegando que no es Seguridad Social, sino bienestar social, cuyas competencias son de las comunidades autónomas.

Según la consejera, con este convenio, "el papel de la comunidad autónoma es el de oficina de trámite", ya que se limita a recibir las solicitudes debido a que la concesión es conjunta entre la comunidad y el Inserso. En Aragón se ha dado el caso de ancianos que han renunciado a la pensión de ancianidad y enfermedad que disfrutaban porque la recién creada no contributiva era más alta, y ahora no reciben ni la una ni la otra, al estar todavía pendiente de ser gestionada.

En la Generalitat de Cataluña también confiesan que ellos sólo hacen el papeleo. De las 28.000 personas que han pedido esta ayuda, 26.500 son ancianos y el resto son beneficiarios de otro tipo de pensiones que quieren cambiarla por la nueva. Como, según el convenio, las autonomías son las que tienen que hacer la gestión, acaban de mandar el primer paquete de expedientes a la Seguridad Social en Madrid para que decidan su concesión.

Una de las comunidades que sí firmaron el convenio es la de Madrid, donde todavía no se ha estudiado ni un solo expediente de los 15.000 que se han recibido, de los cuales más de 7.000 son de ancianos que no tienen ningún recurso y que solicitaron una pensión asistencial hace ya cinco meses con la esperanza de contar con algún ingreso por pequeño que sea (consiste en 14 pagas de 26.000 pesetas).

Para poder hacer frente a esta nueva misión acaban de contratar a 26 personas a las que tienen todavía que instruir. El responsable de este tema, Ildefonso González, "no es consciente" de que en las oficinas de Madrid se esté diciendo a la gente que tardarán 11 meses en saber si tienen derecho o no a recibir la ayuda, pero tampoco puede calcular cuánto tiempo tardarán en concederlas.

En Extremadura, donde han recibido unas 9.000 solicitudes, de las que casi 5.000 son de mayores de 65 años, tampoco han concedido ninguna, y calculan empezar a tramitar las nóminas en julio, aunque aseguran "que no hay fecha concreta para empezar".

Galicia, donde todavía no se ha firmado el convenio, ha registrado unas 13.000 solicitudes, de las que unas 8.700 son de ancianos que alegan reunir las condiciones para recibir una de estas pensiones. La Consejería de Trabajo de la Xunta espera estar en julio en condiciones para pagar la primera nómina. En la Junta de Andalucía ni siquiera saben cuántas personas han pedido esta ayuda, ya que hasta dentro de 15 días no habrán terminado el informe que están elaborando sobre este tema.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha declinado facilitar dato alguno de la puesta en marcha de la Ley de Pensiones No Contributivas. El argumento dado es que "posiblemente el ministro acuda el martes al Senado a hablar del tema", según el portavoz del departamento.