El Congreso suspende de sueldo durante un año a los tres diputados de Herri Batasuna

La Mesa del Congreso decidió ayer por unanimidad, aunque con la ausencia de Izquierda Unida (IU), suspender durante un año los derechos económicos de los tres diputados de Herri Batasuna (HB) "ante la reiterada y notoria falta de asistencia voluntaria a comisiones y plenos". Estos diputados tienen un plazo de alegaciones de ocho días, tras los cuales la Mesa resolverá definitivamente. La decisión de la Mesa viene avalada por un auto del Tribunal Constitucional de 1988 cuando se dio la misma situación en el Parlamento de Navarra.

Los afectados por esta sanción son los diputados Itziar Aizpurúa, Jon Idígoras y Rafael Diez Usabiaga, que tienen la posibilidad de acudir al Parlamento a partir de ahora aunque no recibirán remuneración alguna durante 12 meses, ya que "también durante un año han cobrado y no han acudido", según el vicepresidente segundo y diputado del PP, Federico Trillo. La sanción obedece a "infracciones ya cometidas", por lo que un cambio de actitud inmediata no variaría la situación.El Congreso ha calculado que lo que dejarán de percibir por este año de sanción gira en torno a los 22 millones. Según datos oficiales, desde que comenzó la legislatura Jon Idígoras e Itziar Aizpurúa han recibido diez millones de pesetas como parlamentarios. Rafael Diez Usabiaga, que sustituyó alñaki Esnaola, ha recibido cinco millones de pesetas. Ángel Alcalde, sobre el que pesa una orden de busca y captura y que sustituyó al diputado electo asesinado en Madrid Josu Muguruza, llegó a percibir unas 180.000 pesetas.

Han quedado suspendidos para estos diputados los derechos descritos en los artículos 8 y 28 del reglamento, que hacen referencia a las percepciones económicas individuales, la asignación por grupo y las franquicias, esto es, derecho a viajar gratuitamente. Los miembros de la Mesa no tuvieron problemas en alcanzar la unanimidad, ya que por viaje oficial no asistió a la reunión el secretario cuarto y diputado de Izquierda Unida, José Luis Núñez, que de haber estado se hubíera abstenido según informó después el portavoz de su grupo, Nicolás Sartorius.

"Creemos que esta medida puede otorgar a esos diputados una aureola de victimismo que no parece adecuada, aunque desde luego pensamos que es impresentable que no acudan a la institución", dijo Sartorius.

El informe jurídico manejado por los miembros de la Mesa establece que los diputados podrán ser privados de derechos recogidos en los artículos 6º al 9º cuando "de forma reiterada o notoria dejaren de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de las comisiones", según señala el artículo 99 del reglamento.

En este caso, se les ha privado de los derechos recogidos en el citado artículo 8º del reglamento, pero no de otros de índole política, por lo que podrán asistir al Congreso de los Diputados cuando lo deseen. Los miembros de la Mesa del Congreso están convencidos de que el derecho está de su parte dados los precedentes que hay en relación con el Parlamento navarro y el Parlamento vasco.

Esta situación se planteó en la Cámara navarra y los diputados de HB recurrieron al Tribunal Constitucional con el resultado de un auto desestimatorio. Cuando la situación se reprodujo en el Parlamento Vasco, no hubo recurso.

[La diputada Itziar Aizpurua, calificó de "ceguera antidemocrática" la decisión del Congreso, informa Aurora Intxausti desde San Sebastián. Para Aizpurúa "toda sanción que pretenda modificar nuestra línea política no es otra cosa que una imposición antidemocrática que trasluce una marginación y discriminación que no vamos a aceptar"].