La hora de los jueces

EN LOS tiempos en que estalló el asunto Flick, referido a la financiación de los socialistas españoles, bastó la palabra empeñada por el presidente de Gobierno para cerrar el asunto. Pero tras los casos de Juan Guerra y Naseiro la dinámica ha de ser necesariamente otra, pues en ese oscuro mundo de la financiación de los partidos todo, hasta lo más sofisticado, parece posible. Por ejemplo, la trama de -empresas urdida como supuesta tapadera de métodos irregulares de financiación del PSOE que estos días está siendo desvelada, por la prensa. De ahí que el comunicado hecho público ayer por su comisión ejecutiva negando toda relación con dicha trama sea insuficiente para el convencimiento del ciudadano. En este caso, el cargo de la prueba lo tienen los socialistas.Todo parece indicar en este asunto que no hay irregularidad que no haya sido, como mínimo, rozada: desde la transgresión de los requisitos que la Ley de Financiación de Partidos Políticos,, de julio de 1987, exige para la justificación de las ayudas de carácter privado, hasta la hipotética realización de actividades claramente tipificadas como delito en el Código Penal. De ahí que la investigación sobrepase con mucho la capacidad y las competencias. del Tribunal de Cuentas y exija la intervención directa del ministerio público y de la justicia ordinaria, en contra de lo apuntado por la comisión ejecutiva, socialista.

De acuerdo con los datos y documentos publicados, las empresas Filesa, Malesa y Time Export, vinculadas a dirigentes del PSOE y muy particularmente al coordinador de finanzas de su grupo parlamentario, cobraron cientos de millones de pesetas de empresas -privadas y públicas a cambio de informes -realizados o no- utilizados como mera pantalla documental para dar apariencia legal a la percepción de tales cantidades. Una parte del dinero sirvió para financiar la campaña electoral del PSOE de 1989 y otra pudo ser destinada a engrosar cuatro cuentas bancarias en Suiza. En suma, que además de transgredir la norma que regula la financiación de los partidos son numerosos los datos,que apuntan ala comisión de diversos delitos, desde el fiscal hasta la apropiacion indebida, pasando por la falsificación en documento mercantil. y malversación de fondos públicos.

Ante esta situación, el partido socialista ha optado por ponerse el casco a la espera de que escampe. Pero, al igual que en el caso Naseiro, carece de fundamento la pretensión de algunos dirigentes de considerarse eximidos de responsabilidad por el hecho de no haberse mezclado pérsonalmente en lo que ha manchado las manos de otros. Alegar desconocimiento del origen de unos fondos de los que sin embargo no tenían inconveniente en disponer revela, una- moral enferma. En Francia, unas prácticas de falsasf acturas semejantes a las ahora descubiertas en España concluyeron no hace mucho en una vergonzante autoamnistía para la clase política que las realizó. La prudencia con que hace. un año reaccionó el PSOE, agobiado por el caso Guerra, frente a las revelaciones de las cintas del caso Naseiro está siendo correspondida ahora por los populares. Con la excepción de Izquierda Unida, aquí casi nadie quiere mover demasiado -una mesa en la que muchos tienen fichas que ocultar.

De ahí que la única posibilidad de contrarrestar las corruptelas qué genera la financiación oculta de los partidos políticos sea la actuación de los jueces y el rechazo moral de los ciudadanos. La experiencia de muestra que la autolimitación de gastos no pasa de ser una proclama legal. Los miles de millones de, financiación pública no parecen ser suficientes y necesitan ser complementados con aportaciones de procedencia dudosa. Sin duda, la justicia no lo tiene fácil y más cuando el investigado resulta ser el partido que está en el poder, pero su actuación es obligada cuando el hedor sale a la superficie. El ciudadano no puede tolerar que quede impune en unos casos lo que justamente se persigue en otros. Y los investigados tienen todo el derecho a exigir su inocencia, máxime si ésta resulta probada.