El Gobierno incumple la orden escrita de la Junta Electoral de anticipar los primeros resultados

El Gobierno se escudó ayer en el "ejercicio de su responsabilidad" para desatender la exigencia de la Junta Electoral Central, que se dirigió al Ejecutivo para pedirle que no retuviera los datos y difundiera los resultados de las elecciones desde el momento en que estuvieran en su poder. El Gobierno dio a conocer los primeros resultados, sobre un escrutinio del 50,42%, pasadas las once de la noche. La comunicación de la Junta Electoral se produjo en respuesta a una solicitud de Izquierda Unida. Tras la negativa gubernamental, esta formación ha anunciado para hoy la presentación de una denuncia por presunto delito electoral contra el ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el resto del Ejecutivo.

En el escrito de la Junta Electoral se decía textualmente que el Gobierno "ha de facilitar la información de que disponga de los resultados electorales -a medida que los vaya teniendo- con expresión del porcentaje que la misma representa del total del electorado de cada circunscripción".En un comunicado de respuesta a la Junta Electoral que fue leído a las 21.15 por el subsecretario del Ministerio del Interior, Santiago Varela, el Ejecutivo rechazó el requerimiento de la Junta e insistió en que ofrecería los resultados "cuando disponga de resultados oficialmente escrutados en las mesas electorales según tramos y porcentaje de votos que el Gobierno, en ejercicio de su responsabilidad, estime que puedan ser significativos, fiables y no conducir a los ciudadanos a equívocos respecto al resultado final, y, en todo caso, antes de que finalice el día de celebración de las elecciones".

Sin datos en los terminales

Santiago Varela advirtió secamente que no respondería a ninguna pregunta de los periodistas sobre la decisión del Ejecutivo. Media hora después de la hora oficial de cierre de los colegios electorales, los terminales del centro de datos habilitado por el Gobierno sólo ofrecian datos sobre porcentajes de participación, como habían anunciado el día anterior Interior y la Oficina del Portavoz.La decisión de la Junta Electoral Central -presidida por el magistrado José Hermenegildo Moyna Ménguez e integrada por otros ocho magistrados y cinco catedráticos designados por los partidos- se basó en el artículo 98 de la ley Electoral y en sus propias facultades para fiscalizar que se cumpla rigurosamente el principio de la transparencia informativa.

El mencionado artículo, redactado según la reforma aprobada en marzo de 1991, establece lo siguiente: "La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio (...) y la fijará sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del local. Una copia de dicha acta será entregada a los respectivos representantes de cada candidatura que, hallándose presentes, la soliciten o, en su caso, a los interventores, apoderados o candidatos. No se expedirá más de una copia por candidatura. Se expedirá asimismo una copia del acta del escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno".

El portavoz de la presidencia de IU, Isabelo Herreros, declaró anoche que la decisión del Gobierno es "absolutamente impresentable" y muestra un "sentido patrimonialista del proceso electoral". Herreros recordó que las resoluciones de la Junta Electoral Central son ejecutivas y vinculantes. El representante general de Izquierda Unida ante la Junta Electoral Central, Ángel García Castillejo, anunció ayer la presentación de una denuncia contra el ministro del Interior y el Gobierno en su conjunto por presunto delito electoral. Pasadas las 9.30, IU solicitó al Ministerio del Interior que diera cumplimiento al mandato de la Junta Electoral. El director general de Asuntos Electorales, Miguel Ángel Abad, comunicó a IU que el Gobierno no tenía intención de cumplirlo.

Proceso enturbiado

García Castillejo afirmó que "el Gobierno está enturbiando de forma gratuita el desarrollo del proceso electoral". Añadió que la decisión del Ejecutivo es "un ataque directo ante la Junta Electoral Central, el órgano rector del sistema democrático, cuyas decisiones son de obligado cumplimiento.Izquierda Unida había basado su petición en la ley Orgánica de Régimen Electoral, que especifica que todas las encuestas deben darse a conocer en el plazo más breve posible desde el mismo momento de la convocatoria electoral. "El espíritu de la ley está claro al equiparar a los partidos con la Administración frente al derecho a conocer lo datos", explicó Ángel García Castillejo. "El Gobierno admnistra la información, pero no es su titular", añadió el miembro de IU.

Los dirigentes de Izquierda Unida argumentaron que la fiabilidad de los datos va siempre pareja con el avance del proceso de escrutinio y que las autoridades gubernamentales deben permitir que sean los propios electores quienes formen o maticen sus juicios sobre el resultado final de los comicios.