"Corremos el riesgo de ir hacia un Estado policial"
El Partido Popular va a rebasar el domingo el famoso techo de Fraga. En poco más de un año, José María Aznar le ha cambiado el paso a un partido que siempre tuvo cierto tufo franquista. Puesto a centrar a sus huestes, este inspector fiscal de Valladolid, de 38 años, ha hecho un conglomerado ideológico dispar, en el que mezcla el liberalismo thatcherista con una doctrina social de corte wojtyliano. Su problema sigue siendo la comunicación con las masas. Su autocontrol le evita cometer errores graves, pero le impide también despertar pasiones.
Pregunta. Hace unos meses advirtió que ésta iba a ser una campaña particularmente sucia. ¿Tiene hoy esa sensación?Respuesta. La tuve y quise hacer esa advertencia. A estas alturas creo que hay una campaña sosegada por parte de algunos, entre los que me incluyo, que ofrecemos argumentos, sin duda críticas e ideas de futuro, y otra de descalificación, por parte fundamentalmente del PSOE y de sus principales dirigentes.
P. Usted ha elevado el tono estos días y ha hablado incluso del riesgo de un estado policial.
R. He dicho que si quieren hacer un Estado policial, que se vayan a otra parte. Yo soy de los convencidos de que el poder tiene que tener límites. La función, por ejemplo, de los medios de comunicación en una democracia es velar permanentemente por los límites del poder.
P. Se ha referido a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la de protección informática. ¿Qué riesgos ve en esos proyectos?
R. No veo ninguna justificación para que los archivos policiales puedan incluir datos que afectan a la esfera privada, como es todo lo referido a las creencias religiosas o al ejercicio de la sexualidad. Tampoco concibo que la policía pueda entrar en una casa sin orden judicial. ¿Es esto incompatible con una garantía de seguridad? No, eso está mucho más cerca del Estado policial, donde fuerzas de seguridad irrumpen en los domicilios sin otro criterio que el suyo o usan la informática para controlar mejor a los ciudadanos. Eso es más propio de un Estado policial. Las libertades y la democracia han sido la conquista más importante en España para que ahora venga nadie a debilitarla.
P. ¿Existe ese peligro?
R. Este país tenía un ejercicio de libertad y una sensación de libertad más intensa del 77 al 82 que desde ese año en adelante. Hay que recuperar cierto espíritu de aquellos años. Es obvio que entonces había un objetivo nacional claro: conseguir la democracia. Ahora debemos renovar y regenerar nuestra democracia.
P. El Gobierno justifica algunas medidas excepcionales por el riesgo terrorista...
R. Ningún Gobierno ha tenido más comprensión y ayuda frente al terrorismo que éste. No creo que ni González ni sus ministros del Interior se puedan quejar. Otra cosa es la eficacia. Hace poco me hablaban en San Sebastián de las carencias que aún tiene la policía. En segundo lugar, y salvo que se desmienta con rotundidad, creo que en Argel se habló demasiado. El compromiso político de aislar el terrorismo debe mantenerse, pero sin generar confusión.
P. En esos proyectos se apela a la inseguridad, a la droga...
R. La inseguridad se ha incrementado alarmantemente por medidas equivocadas, como la salida de los famosos 12.000 presos. Por otra parte, la conexión entre drogadicción y delincuencia está archidemostrada y el Gobierno tiene ahí una gravísima responsabilidad.
P. ¿Qué haría usted?
R. En primer lugar, reformar el Código Penal para que los narcotraficantes sean considerados a todos los efectos como terroristas y no puedan rebajar sus condenas. También sancionaría el consumo público de drogas.
P. ¿Con sanciones penales?
R. Sancionaría con medidas administrativas, pero sin descartar que se pueda penalizar el consumo de drogas en público.
Consumo de drogas
P. Pero no provoca la misma alarma ver a alguien fumando un porro que pinchándose.
R. Evidentemente las medidas deben ser adecuadas, pero distinguir entre drogas duras y blandas ha sido un desastre. Le invito a que se reúna con familias en las que hay algún drogadicto, cosa que yo hago, y se convencerá. El consumo de drogas ha adquirido tales proporciones en nuestro país que hay que atajarlo con una reforma penal.
P. Los jueces se quejan de la poca colaboración de los bancos para detectar los narcodólares.
R. Antes de buscar responsabilidades en los demás, en el supuesto de que las tengan, hay que hacer las reformas legales que permitan al Gobierno combatir eficazmente la droga. Yo estoy dispuesto a estudiar cuantas medidas sean necesarias para perseguir a los narcotraficantes.
P. Sorprende que esas enormes cifras sean indetectables.
R. La droga no tiene fronteras y me parece positivo lo que pueda hacerse en el ámbito de la CE o para atajar determinados paraísos fiscales que puedan estar conectados con el narcotráfico. Yo, personalmente, declaro una lucha sin cuartel contra la droga y haré cuanto sea necesario.
P. Usted también promete, como todos, acabar con la pesadilla de la vivienda. ¿Cómo?
R. En primer lugar está la fiscalidad de la vivienda, por la que uno tributa en el impuesto sobre la renta, el del patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, el IVA, el de sucesiones y el de bienes inmuebles. Proponemos simplificar todo esto en un único impuesto municipal. Por otra parte, se ha abandonado la promoción pública de viviendas de protección oficial y la creación de patrimonios de suelo público.
P. ¿Se puede abaratar el suelo sin expropiar?
R. Yo tengo mis dudas.de que la expropiación sirva como regla general para conseguir suelo más barato, a veces ocurre lo contrario, pero se puede recurrir a ella excepcionalmente. Lo que ha ocurrido en Madrid es que en 1982 se hizo un diseño ideológico de ciudad, desde la errónea convicción de que ya no iba a crecer más, porque la economía de mercado había llegado a su máxima expansión. Por lo tanto, no se necesitaba más infraestructura.
Autopistas y autovías
P. Más infraestructuras, creación de suelo público, viviendas de protección oficial... En definítíva, más gasto. ¿Cómo lo casa con la reducción fiscal que ofrece?
R. En términos generales yo propongo congelar la presión fiscal, que es una manera de reducirla. Pero hay, otro aspecto que se tiene muy poco en cuenta y es el de la oferta. El sector público tiene un gravísimo problema de ineficiencia. Hay que abordar en serio una política de liberalización y desregulación. Esto nos permitirá liberar recursos.
P. ¿Cree de verdad que sólo por la vía de una mayor eficacia puede saldar este país su tremenclo déficit de infraestructuras?
R. Usted conoce el eurotúnel entre Gran Bretaña y Francia. N o hay una peseta de capital público, ni siquiera como aval.
P. Sí, pero no hay empresa que quiera hacerse cargo de los ferrocarriles...
R. Es cierto, pero yo hablo de lo que se puede hacer. Se pueden construir muchos kilómetros de autopistas o autovías sin un duro de capital público. Desde 1982 no se ha hecho un kilómetro de autopista y ahora resulta que las autovías que se están construyendo, con retrasos en un 50%, son inseguras porque han seguido los trazados antiguos y necesitan correcciones. Lo peor es que al flinal tendremos que pagar peaje en las autovías, porque si no será imposible mantenerlas.
P.Usted ha prometido reducir el peso del sector público en la econornía de un 42% a un 37%, a razón de medio punto por año. ¿Piensa conseguir eso privatizando empresas o servicios públicos?
R. Fundamentalmente, sí.
P. ¿Sin retocar la nómina de funcionarios?
R. A mí me parece que el Estado es, en líneas generales, ineficaz. No tiene sentido que la Administración central crezca al mismo tiempo que se desarrolla el Estado autonómico. Ha llegado el momento de apostar por el desarrollo pleno de la Constitución o replantearse el tema. Creo que hace falta más descentralización y un mecanismo que permita ajustar las competencias de autonomías y ayuntamientos.
P. Hablando de autonomías, Fraga propone una reforma constitucional para convertir el Senado en Cámara territorial.
R. Hablar de reformas de la Constitución era hace unos años un tema tabú, tal vez merecidamente tabú, porque toda Constitución necesita una etapa de con
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solidación, que creo que se ha conseguido. El Senado se ha convertido en una Cámara de escasa credibilidad, meramente repetitiva...P. Eso de repetitiva se presta a un chiste fácil...
R. Sí, sí, repetitiva en varios sentidos últimamente. Si optamos por una política de desarrollo constitucional, es necesario que las Comunidades Autónomas estén mejor representadas en el Senado, que no refleja estrictamente el principio de la territorialidad. Cualquier modificación del Senado en este sentido pasa por una reforma constitucional y yo soy partidario de esa reforma, pero tampoco tengo especial interés en forzar las cosas. Creo que cualquier reforma de la Constitución debe hacerse para asuntos concretos, con un acuerdo previo suficiente que impida otro tipo de planteamientos.
P. ¿No cree que hay otros puntos de la Constitución que pueden ser también objeto de debate, como las listas cerradas?
R. Yo soy partidario de medir cada paso. Creo que fue un error constitucionalizar todo el sistema electoral, pero hay cosas que se pueden hacer sin tocar la Constitución, por ejemplo cambiar el sistema de elecciones locales, de forma que no se repita el esquema de mayorías del Congreso en el último ayuntamiento.
P. Usted es partidario de que la alcaldía recaiga en el primero de la lista más votada.
R. Efectivamente. Para hacer eso no hace falta tocar la Constitución. Esto entra en el capítulo de perfeccionamiento de la democracia que decía.
P. ¿Es consciente de que la profesión de político tiene cada vez menos prestigio en este país.
R. Sin duda. Y acontecimientos bien recientes inciden en ello. Este es un oficio con poco prestigio y, además, especialmente duro si uno se lo toma en serio. Pero le voy a decir una cosa, toda alma joven -y la mía lo es- ve en la acción política una conquista diaria de la libertad.
P. No es esa la impresión que saca un ciudadano cuando ve que los políticos se convierten en una casta privilegiada, que elude incluso la obligación de declarar en persona ante el juez.
R. Nosotros hemos votado en contra y hemos anunciado que renunciamos a ese privilegio. Efectivamente, supone establecer dos castas, la de los políticos ,y los demás ciudadanos. Creo que el político debe tener una función ejemplificadora.
P. Los padres de la Constitución estaban tan preocupados por asegurar la estabilidad del sistema que terminaron dejando todo el sistema en manos de las cúpulas partidarias.
R. Es cierto que se ha podido producir una especie de oligarquización de la vida política. Pero empecemos por lo más fácil: la elección de alcaldes.
P. ¿Siente usted que ha aumentado la desigualdad social?
R. Es que ha aumentado. Hay un problema de dualidad social, pero en el futuro las difrencias no las van a marcar ni el patrimonio ni la riqueza, sino las oportunidades de formación. Este país no tiene resuelta ni su enseñanza universitaria ni su enseñanza básica ni su formación profesional. Han bloqueado de tal forma el sistema que el ciudadano no tiene más opción que aceptar el centro que le corresponde o irse a un colegio privado, a un coste inasumible para muchas familias. Con la sanidad ocurre otro tanto.
P. Pero no parece que sus propuestas fiscales de reducir los impuestos directos y alimentar los indirectos vayan a disminuir las desigualdades sociales.
R. El mito socialdemócrata de redistribuir la riqueza por la imposición directa terminó hace veinte años. Hoy, o se garantiza la solidaridad desde la libertad o no se garantiza. Lo cual no significa que un Gobierno ni tenga que intervenir subsidiariamente.
P. Cree que con su programa puede convencer a uno de esos ocho millones de españoles que viven en niveles de miseria?
R. Cuando yo llegué a la presidencia de Castilla y León había tres centros de asistencia social. Cuando me fui dejé 113.
P. ¿De verdad piensa que un modelo de libre mercado a pleno rendimiento es suficiente para frenar las zonas marginales?
R. Yo no digo que todo debe condicionarse a las reglas del mercado, en absoluto. He leído atentamente la última encíclica de Juan Pablo II, que contiene unos elementos de reflexión muy importantes. Yo no renuncio, desde luego, a actuar desde el Gobierno. Lo que digo es que una acción desmedida del Estado genera más desigualdad.
P. Ha dicho que no se fía de González porque no cumple los pactos y que usted había alcanzado un acuerdo con Solchaga sobre la competitividad que Guerra echó abajo.
R. En marzo de 1990 sostuve una conversación con Solchaga que básicamente se cerró de forma satisfactoria. Yo quise saber si el ministro de Economía tenía todo el respaldo y se me dieron plenas garantías. Tengo constancia expresa de que esa operación no salió adelante por designio de un sector del PSOE. Ellos sabrán por qué. A eso es a lo que me refiero cuando digo que en este país se gobierna desde Ferraz. El coste lo estamos viendo estos días, con las huelgas de los servicios públicos.
P. ¿Qué espera de estas elecciones?
R. Van a marcar el cambio más importante de los últimos años en el panorama político español. Las capas medias urbanas van a estar con el Partido Popular. En el 87 el PSOE tema una diferencia de 17 puntos sobre el PP en las capitales de provincia; en las generales del 89 fueron sólo dos puntos. Vamos a ver de qué lado cae ahora la ventaja.
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