Las razones de una reestructuración

La reciente aprobación por el Gobierno de unas nuevas tarifas telefónicas ha dado lugar a la polémica. Bienvenida sea si sirve de detonante para un debate más amplio, profundo y objetivo sobre las enormes transformaciones tecnológicas e instituciones del sector de las telecomunicaciones en España y en el mundo industrializado. La cuestión de las tarifas es sólo una parte del conjunto, y mal podría entenderse la necesidad de su reestructuración si no se considera el contexto de cambio en el que se produce.Las telecomunicaciones son objeto hoy día de un proceso de transformación profunda y acelerada. El marco de evolución está determinado por las nuevas condiciones de liberalización, de internacionalización y de rápida renovación tecnológica. De ahí se derivan objetivos tan esenciales como la competencia, la política de cooperación internacional o la necesidad de enormes recursos e inversiones. Estas consideraciones avalan la justificación de una reestructuración tarifaria orientada a acercar los precios a los costes y, por ejemplo, ofrecer mayor competitividad a los precios del tráfico internacional cursado por Telefónica, como intentaré explicar posteriormente.

Datos e ideas

Como una contribución al debate, que en algunos aspectos no ha hecho más que empezar, me gustaría exponer algunas ideas y datos sobre Telefónica y las telecomunicaciones. Parto del respeto a todas las opiniones y a todos los intereses legítimos, pero no puedo ni debo en estas circunstancias dejar sin respuesta afirmaciones que no responden a la realidad o que se basan en datos equivocados y que sin embargo, a fuerza de ser repetidos, a veces con ánimo de descalificación global, llegan a ser asumidos socialmente como verdades oficiales. Si algo deseamos los responsables y los trabajadores de Telefónica es que se conozca a nuestra empresa lo más ampliamente posible. Apostamos, decididamente, por la verdad más completa.Para facilitar la exposición he elegido el método de identificar los cinco tópicos con que más frecuentemente se enuncian las críticas. Ojalá que con ello pueda contribuir a ordenar un debate que requiere rigor e información.

El primero se refiere a las imágenes asociadas a la percepción de Telefónica como empresa pública y monopolística. Telefónica de España SA -y no CTNE, como inexplicablemente aún se lee a veces- es una empresa privada, gestionada como tal, que no recibe subvención de los Presupuestos Generales del Estado y en cuyo consejo de administración hay representantes del capital privado, que es mayoría.

El hecho de ser una empresa prestataria de un servicio público y tener el Estado una participación accionarial del 33%, no cambia la naturaleza empresarial de Telefónica, que anualmente debe rendir cuentas a sus accionistas y cuya gestión es observada por los inversores en las principales bolsas mundiales.

Ciertamente, Telefónica está sujeta a la ley de ordenación de las telecomunicaciones y a las bases del contrato con el Estado, además de ser el Gobierno quien autoriza las modificaciones de tarifas. Pero tampoco altera esto su naturaleza y gestión como empresa privada, al igual que una institución financiera no deja de ser privada porque su actividad se vea fuertemente regulada por las disposiciones de la autoridad monetaria.

La errónea percepción de Telefónica como empresa pública y estatal -dada su estructura, incluso sería ilegal la denominación de nacional- produce el efecto indirecto de someter a la empresa y a su gestión a valoraciones de carácter político, involucrando en el debate, muy a pesar de sus gestores, elementos ajenos a la vida empresarial; sin que nada hagan por evitarlos, precisamente, quienes aspiran a ocupar en el futuro áreas de negocio de libre competencia hoy atendidas por Telefónica.

El modelo europeo

Quizá así se explique la repetición, desde posiciones interesadas, de afirmaciones manifiestamente erróneas, ante las cuales se estrella cualquier esfuerzo de aclaración. En virtud de ello, muchos españoles tienen la creencia de que la Telefónica de España es un ejemplar único de un modelo europeo estatal monopolítico ya periclitado, cuando la verdad es precisamente lo contrario. Sólo hace poco tiempo los organismos plenamente estatales de telecomunicación europeos -los PTT- han iniciado un proceso de autonomía y de paulatina privatización que en el caso de Telefónica es ya tradicional.La tendencia a la progresiva eliminación de los monopolios es irreversible. Ya estamos en ello. Telefónica no es ya la única suministradora de terminales en el domicilio del usuario, y desde el primero de julio esta liberalización se extenderá incluso al teléfono principal. Paulatinamente, otros servicios van entrando en régimen de competencia, comenzando por los de valor añadido y terminando algún día en ciertos servicios básicos.

Telefónica secunda este proceso, en todo caso inevitable. Pero las consecuencias del mismo, y el modo de llevarlo a cabo, son transcendentales. En algunos casos el monopolio no es un privilegio, sino una carga en función de un interés social. Telefónica se ve gustosamente obligada, en virtud de éste, a realizar inversiones cuantiosas en zonas donde el puro ánimo de lucro se mostraría desinteresado.

El servicio en régimen de monopolio podrá considerarse conveniente o no, pero lo que no es admisible es el empleo del término con ánimo descalificador, entre otras razones porque es el modelo generalizado en la Europa occidental. Y ello es así, ya se trate de que la gestión esté confiada a una empresa privada o a una empresa estatal u organismo de la Administración, como en la mayor parte de Europa, porque se entiende que la extensión del servicio telefónico básico implica para quien lo realiza determinadas servidumbres ante la sociedad.

En todo caso, resulta paradójico que los detractores del régimen de monopolio enarbolen a veces razones sociales, cuando comúnmente se entiende que éste está para favorecer a los particulares modestos. Si el servicio telefónico básico se liberalizase, las empresas explotadoras acudirían allí donde -concentraciones urbanas y de grandes clientes- el negocio está asegurado. Millones de usuarios modestos y de zonas rurales y pueblos clamarían entonces por el restablecimiento de un sistema que hoy se quiere abatir con su apoyo.

Planteamiento responsable

Un planteamiento responsable de la estrategia privatizadora debería ofrecer soluciones que permitan la continuidad y extensión de los servicios de telecomunicación allí donde -zonas geográficas, sectores sociales, productos- la rentabilidad es escasa o nula. En nombre de supuestos intereses sociales se busca una pretendida revolución liberalizadora... sólo donde el beneficio está asegurado. Que conste que la búsqueda del beneficio es para toda empresa más que legítimo, un deber. Pero algunos desearían ver en el futuro de Telefónica con el monopolio de los servicios más difícil rentabilidad, ampliando y manteniendo una red nacional que sirva de soporte a servicios liberalizados muy lucrativos. Naturalmente, esta visión parcialmente privatista es coherente con la propuesta de tarifas locales e interurbanas cobradas por debajo de su coste real. Cuanto más bajas, más rentables serían los servicios derivados privatizados.