Magistrados moderados se oponen a que se elimine la acción popular en el aborto

La asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria se opone a la eliminación de la acción popular en los casos de aborto por considerar que, con independencia del delito de que se trate, el ejercicio acusatorio directo del ciudadano es una de las "mayores garantías de un estado de derecho", según precisó ayer el portavoz, Pedro Martín.

En cambio, la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia, por boca de su portavoz Ventura Pérez Mariño, se mostró favorable a evitar "el anacronismo de que más de la mitad de los juicios seguidos por aborto en los dos últimos años se haya debido a iniciativas privadas a través de la acción popular y obedeciendo a los mismos criterios ideológicos".El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, anunció la semana pasada que su departamento estudiaba la posibilidad de eliminar la acción popular en los casos de aborto con el Fin de evitar que las asociaciones antiabortistas inicien procesos contra mujeres que abortan o clínicas y facultativos que realicen las interrupciones de embarazo. El ministro razonó su postura en el criterio de que el aborto es un delito privado y sólo perseguible a instancia de parte.

Frente a la iniciativa de Justicia -avalada por miembros de la Unión Progresista de Fiscales reunidos en congreso la semana pasada en Palma de Mallorca-, la asociación Francisco de Vitoria entiende qUe el principio acusatorio de la acción popular no puede ser restringido en, ningún caso. Por el contrario, los jueces entienden que la eliminación de esta figura sería un precedente peligroso. "Imaginemos que luego se pretenda evitar la acción popular en procesos seguidos por delitos cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", manifestó el magistrado Martín.

Fiscal dependiente

La asociación defiende la existencia de esta figura, porque considera que si desaparece la acción popular, el principio acusatorio descansaría esencialmente en el fiscal. "No se duda de que el ministerio público se guia por el principio de legalidad e imparcialidad, pero tampoco se puede olvidar la dependencia del fiscal respecto al poder Ejecutivo", añadió el portavoz.

Martín subrayó que es un error introducir modificaciones cuyo único fin es intentar paliar los efectos de una legislación, como ocurre en el caso del aborto. "Lo que hace falta es que se aborde de una vez la modificación sobre la legislación del aborto", precisó Martín. [El ministro de Sanidad Jullán García Valverde, se ha pronunciadoen favor de una ley despenalizadora del aborto que, según la experiencia de otros países, combine el sistema de plavos con otros y evite problemas con los profesionales, informa .]

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Dernocracia recordó que esta asociación cree que el aborto se debe resolver a través de reformas legislativas urgentes. No obstante, "la supresión de la acción popular para casos de aborto no pone en entredicho la institución, sino que supondría considerar en la práctica a dicho delito como privado, igual que ocurre con otros de carácter eminentemente personal como la injuria o aquellos delitos contra la libertad sexual en los que es es necesaria la denuncia de la víctima para que se persigan", declaró.

Pérez Mariño puntualizó que la supresión de la acción popular para los delitos de aborto no puede presentarse como la primera eliminación de esta institución, ya que la acción popular no es ejercitable en otros delitos y es prácticamente desconocida en derecho administrativo.