Un grupo constructor pugna con Man para hacerse con Tabacos de Filipinas

Un grupo de empresas constructoras, lideradas por Corporación de Obras Internacional (COISA), prepara una oferta para comprar al Patrimonio del Estado la Compañía de Filipinas, heredera de la histórica Tabacos de Filipinas. COISA es el socio catalán del grupo Cycsa-FOCSA. El grupo británico Man, que controla un 17,9% de Filipinas, ha expresado la intención de incrementar su participación en la compañía hasta alcanzar la mayoría.

El presidente de COISA, Josep Maria Oller Campdelacreu, se entrevista hoy con el ministro de Economía, Carlos Solchaga, con objeto de darle a conocer los detalles de la oferta que representa, que permitiría mantener la histórica firma bajo control de capital español. La oferta del grupo constructor será por el 51 % de Filipinas, por un importe de más de 4.000 milones de pesetas, y se efectuará a un valor superior al precio de cotización (200 pesetas), según fuentes del grupo constructor. Esta oferta ha sido ya presentada a Tabacalera y Focoex, filiales del Patrimonio, que controlan en torno al 42% de Compañía de Filipinas.El grupo constructor ha expuesto a Germán Calvillo, presidente de Filipinas y de Tabacalera, la "intención de hacerse con el control de la mayoría a un precio que rondaría las 270 pesetas por acción". "Si los accionistas mayoritarios están dispuestos a vender, recibirán la mayor parte del precio fijado, menos una diferencia que se destinaría a un plan de inversiones para relanzar la actividad de la compañía", según el esquema de viabilidad elaborado por el grupo constructor. Germán Calvillo asegura que "Patrimonio no está en posición claramente vendedora y puesto que Filipinas cotiza en Bolsa no se trata de alcanzar acuerdos sino de que quien quiera adquirir el control de la compañía lo haga públicamente y a través de una OPA".

COISA dio el primer paso para su entrada en Filipinas con la firma de un protocolo para la compra de la sede social de la compañía en el 109 de La Rambla de Barcelona. La adquisición formal del edificio deberá concretarse el próximo mes de junio por una cantidad cercana a los 3.500 millones de pesetas, a menos de que las negociaciones sobre la propiedad futura de Filipinas rompan el acuerdo alcanzado en su día en torno al inmueble.

El Patrimonio del Estado es mayoritario en Filipinas desde que adquirió la participación que poseía el Banco Exterior. El control público de la empresa se articula desde Tabacalera y desde la sociedad de trading Focoex, organismo dirigido por Gloria Barba, esposa del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. A parte de la británica Man (17,9%), el resto de paquetes significativos; están en manos de la Fundacion Rubiralta (10,2%) y algunos nucleos familiares de tradición en la empresa como los Guardans-Cambó, herederos de parte de las acciones adquiridas en la fundación de la compañía por Francesc Cambó, lider de la Lliga de Cataluña.

Otros paquetes están diseminados en manos de familias con tradición en la empresa, como los Garí, antiguos grandes accionístas a través del extinguido Banco Hispano Colonial, brazo financiero de la companía en los años 20, absorbido posteriormente (1950) por el Banco Central. Otros paquetes, procedentes del Banco de Barcelona, la Sociedad General de Crédito y de grupos vinculados al fundador de la compañía, Antonio López, marqués de Comillas, se han, ido diluyendo con los años.

Accionistas disconformes

Los pequeños accionistas disconformes con la gestión de Tabacalera están dispuestos a intervenir activamente en la próxima junta de la empresa, en la que no descartan "impugnar algunos acuerdos", señala el abogado barcelonés Antonio Pou, de Avilés. Durante los últimos ejercicios, la Compañía de Filipinas ha registrado pérdidas que en 1988 fueron de 674 millones y en 1989, de 971 millones. En el ejercicio recién cerrado de 1990, las pérdidas de explotación alcanzan los 400 millones, aunque la cuenta de resultados expresa un beneficio de 90 millones fruto de atípicos obtenidos con la venta de activos inmobiliarios.

Desde el momento en que se produjo la entrada de Tabacalera, las relaciones entre los grandes y pequeños accionistas han sido difíciles y este divorcio se acentuó cuando el socio mayoritario decidió excluir al ex presidente Manuel Meler del consejo de administración. Meler, cuyo representante legal es el conocido laboralista Albert Fina, ha presentado una demanda contra la compañía en la Magistratura de Trabajo para cobrar 160 millones de indemnización tras su cese. Esta cantidad, que los actuales gestores se niegan a satisfacer, fue aprobada en su día por el consejo de la sociedad y está dotada en el balance auditadao de la compañía.