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Fiscales progresistas piden una ley de plazos para la interrupción del embarazo

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), reunida en Palma de Mallorca en su sexto congreso, contradijo ayer el criterio del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, según el cual el Tribunal Constitucional no admite una ley de plazos para el aborto. En cambio, avaló la iniciativa de Justicia de impedir la acción popular en los delitos de aborto, del mismo modo que las asociaciones feministas o en defensa de la libertad sexual no pueden querellarse contra los violadores.

Frente a la tesis de Quadra Salcedo sobre las dificultades jurídicas para establecer una ley de plazos, la fiscal ponente de este tema, Teresa Gisbert, recuerda que el Tribunal Constitucional admitió la protección del feto, pero dio preferencia a "valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y dignidad de la mujer".Gisbert propugna una ley de plazos que despenalice el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación y razona que, desde el punto de vista práctico, tal solución evitará el protagonismo de los médicos en los actuales supuestos despenalizados, o el de las asistentes sociales, como ocurriría en el caso del supuesto socio-económico.

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales estima que el Estado debe garantizar el aborto gratuito y en la Seguridad Social y para ello debe regular adecuadamente las especialidades médicas, de modo que un facultativo que objete la realización de abortos quede excluido de un puesto de ginecólogo en la Seguridad Social.

Sobre la iniciativa del ministro de Justicia de eliminar la acción popular en los delitos de aborto (véase EL PAÍS de ayer), Teresa Gisbert declaró a este periódico: "Me parece oportuno, y para eso basta con estimar el aborto un delito privado, como la violación. No tiene sentido que las asociaciones pro-vida puedan querellarse por abortos, mientras los colectivos feministas o que defienden la libertad sexual no puedan presentar querellas contra los violadores".

Ley de seguridad

Por otro lado, María de los Ángeles García, presidenta de la UPF, consideró "satisfactoria y esperanzadora" la falta de acuerdo del ministro de Justicia con el proyecto de ley de seguridad ciudadana que el ministro del Interior quería que asumiera el Consejo de Ministros de ayer. García estimó "inconcebible que semejante dislate se lleve a cabo por el Partido Socialista contra las opiniones de las fuerzas progresistas e incluso con la oposición de la derecha".

La presidenta de la UPF evaluó como "gravísimo dejar al arbitrio policial el derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio", que pretende el texto de Interior. Otro extremo de la futura ley que cree preocupante es el que prevé la conducción a comisaría de quienes no lleven el DNI. García considera que tal precepto vulneraría el derecho a la libertad establecido en el artículo 17.2 de la Constitución.

Sobre el proyecto de ley orgánica que extiende a gran parte de la parte política, eclesiástica y militar el privilegio de declarar ante el juez por escrito, García insistió en que las pretendidas excepciones al principio de oralidad de los testigos, son "desmesuradas". y significan una "manifestación de los fueros y desafueros" que se otorgan los políticos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de mayo de 1991

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