La Comisión Europea propone implantar el salario social en toda la CE

La Comisión Europea acordó ayer en Bruselas proponer a los Doce la creación de un salario social para asegurar la supervivencia de todas aquellas personas que carezcan de ingresos. El objetivo es establecer en el conjunto de la Comunidad Europea un derecho general subjetivo", que garantice "recursos y prestaciones suficientes en el sello de los sistemas nacionales de protección social".La recomendación se inscribe dentro del desarrollo de la Carta Social Europea, un texto no asumido por el Reino Unido y, por tanto, sin carácter vinculante. Cada Estado sería libre para determinar la cuantía de la cobertura, dadas las diferencias de situación en cada país comunitario en lo que se refiere a desempleo y renta. Los inmigrantes legalmente establecidos, sin embargo, tendrían derecho al salario social.

En realidad, el proyecto de la comisarla Vasso Papandreu, responsable de la casi inexistente política social de la Comunidad, tiene un carácter dubitativo. El objetivo es lograr un acuerdo político de los Doce y en un plazo de cinco año traducir el plan a medidas concretas. La Comisión Europea se limita a proponer unos parámetros objetivos para la configuración de un derecho auxiliar de la protección social general.

Las ayudas

La lucha contra la exclusión social de las capas más marginadas tiene ya una traducción concreta en ocho países de la CE, en los que rigen sistemas de protección obligatoria para los desposeídos. Aunque los índices de cobertura varían sensiblemente, el mínimo de renta garantizado o las ayudas sociales de apoyo están vigentes en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido.

En España e Italia existen experiencias regionales del salario social, pero en nuestro país la generalización de esas ayudas sociales se enfrenta a la prioridad que el Gobierno da a la lucha contra el paro frente a la marginación social. Mientras, Grecia y Portugal carecen de este tipo de cobertura.

Cualquier acuerdo para implantar de forma generalizada el derecho a un salario social en Europa requiere la unanimidad de los Doce. En el mejor de los casos, la puesta en marcha "del dispositivo global y coherente de lucha contra la marginación" que pretende la Comisión estará condicionado a las peculiaridades nacionales.