87 empresas de seguridad privada funcionaron clandestinamente en 1990

Informes internos del Ministerio del Interior reconocen que "la falta de los medios humanos necesarios ha mermado considerablemente la eficacia controladora e inspectora necesarias" de la Unidad Central de Seguridad Privada sobre las firmas de este sector. En 1990, Interior descubrió y sancionó a 87 empresas de seguridad no inscritas, frente a las 71 firmas piratas del año precedente.

Interior muestra su inquietud por "la importancia cuantitativa de las empresas que entran en funcionamiento sin cumplir el preceptivo requisito de inscribirse previamente en el registro de empresas de seguridad". En 1990 fueron sancionadas 288 firmas y 33 fueron canceladas. Las multas fijadas ascendieron a 76.825.000 pesetas.La Unidad Central de Seguridad Privada, encargada de supervisar las empresas de este sector, ha visto su "operatividad reducida" en materia de inspección y control "por la carencia de los medios humanos necesarios", según se reconoce en los citados informes. Estos documentos revelan que "las inspecciones realizadas han experimentado un descenso con respecto a 1989", y se agrega que, "efectivamente, la cifra de 340 inspecciones efectuadas en 1990 obedece a las bajas de cinco funcionarios por cambios de destinos". Estos mismos informes ponen de relieve la expansión del sector. Los vigilantes privados han pasado de 33.230 a fines de 1989 a los 46.672 registrados en la actualidad.

A primeros de 1991 funcionaban en España un total de 1.523 empresas de seguridad. Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de ellas (374), seguida de Cataluña (302), Andalucía (256) y Comunidad Valenciana (164). Estas cuatro comunidades acaparan el 70% de las firmas del sector.

Por otro lado, en 1990 estaban registrados en España 496 detectives, de los que, 192 tienen sede en Madrid y 115 en Cataluña. El número de nuevas licencias de detectives se cifró el año pasado en 46, frente a las 39 de 1989. También se autorizó a trabajar a 103 nuevos auxiliares de detective.

De los 380 expedientes sancionadores incoados y resueltos en 1990 por Interior, un total de 288 acabaron en sanción, 59 fueron sobreseídos y 33 significaron la cancelación de la firma en cuestión. Entre las 336 infracciones registradas en 1990 tiene un papel destacado el de las empresas de seguridad que funcionaban clandestinamente, sin inscribirse en el preceptivo registro. El número de empresas de seguridad fantasmas descubiertas y sancionadas el año pasado ascendió a 87, frente a las 71 de 1989. Otro grupo destacado de irregularidades lo constituye la negligencia en la custodia de las armas, con 59 infracciones de este tipo, seguida por anomalías relativas a uniformidad y armamento (37), la utilización de personal no juramentado (37), no visado de contratos (32), carecer de libro de registro o no comunicar variaciones en la firma a Interior (14) o el transporte de fondos (5). Otras dos empresas fueron sancionadas por rehusar colaborar con los cuerpos de seguridad y otras cuatro por ejercer actividades distintas a las autorizadas.

La cuantía de las multas impuestas en 1990 ascendió a 76.825.000 pesetas, de las que sólo se habían cobrado 6.395.000 pesetas a Fines de dicho año, El buen momento del sector viene reflejado por el hecho de que en 1990 se inscribieron 202 nuevas empresas, cifra similar a la del año anterior.

Sensación de inseguridad

Por otro lado, un informe de la Comisaría General de Documentación revela que el reparto de competencias en materia de inspección de empresas de seguridad privada entre policía y Guardia Civil "produce en el ad ministrado una sensación de inseguridad".En consecuencia, este departamento "sugiere la conveniencia de que la superioridad dicte las instrucciones oportunas al objeto de que por el Cuerpo Nacional de Policía se asuman de modo efectivo y en todo el territorio nacional las misiones y funciones que incidan sobre la inspección y control de las medidas de seguridad en empresas, entidades y establecimientos públicos y privados". "No cabe duda que de este modo se obtendría una mayor eficacia en ese control e inspección y un mejor servicio a los ciudadanos", se indica.