Incoherencia penitenciaria

LA FALTA de adaptación de la infraestructura carcelarla a la cada vez más densa población reclusa se agrava de día en día. El espacio carcelario disponible tiende a reducirse en proporción al creciente número de sus usuarios. De ahí que el hacinamiento y la masificación, de siempre companeros inseparables de las cárceles, estén en los últimos años en un galopante proceso de crecimiento y amenacen con hacer prácticamente inviables los objetivos de reinserción social y de tratamiento individualizado del recluso que la Constitución asigna al sistema penitenciario.El nuevo titular del Departamento de Justicia, Tomás de la Quadra, parece haber tomado conciencia de la gravedad del problema. Su visita a la cárcel madrilefia de Carabanchel, a escasas fechas de su toma de posesión, revela sensibilidad y voluntad política. Esa voluntad parece materializarse, de momento, en un plan de actualización de infraestructuras penitenciarias anunciado para el próximo otoño por el ministro en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.

Sin duda, la tarea que tiene por delante el nuevo titular de Justicia constituye un verdadero nudo gordiano que sus inmediatos predecesores no han sido capaces de desenredar. En realidad, no podía ser de otro modo. La cuestión penitenciaria ha adquirido una envergadura que supera las estrictas capacidades del ministro de Justicia. Su tratamiento presupuestario y su imbricación con el actual modelo de seguridad ciudadana -la cárcel como remedio exclusivo frente a la delincuencia- exigirían el análisis reposado del Gobierno entero. También debería ser contemplada con mayor coherencia, si no sensibilidad, por la sociedad entera. El problema de fondo es el siguiente: ¿están dispuestos los ciudadanos a destinar los recursos necesarios al mantenimiento de la alta población reclusa que parece exigir su seguridad? En el último decenio, el esfuerzo presupuestario ha sido significativo -una veintena de nuevas cárceles, duplicación de la plantilla funcionarial, mejora sustancial de la dieta alimentarla, desarrollo de los programas culturales y educativos, etcétera-, pero ello no ha impedido que las cárceles sigan masificadas y que sus condiciones materiales de vida, a causa en gran parte de la terrible incidencia del sida, se hayan deteriorado.

En la actualidad existen en España 35.600 presos, de los cuales 5.000 están en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas competencias en el ámbito penitenciario. Tal cifra constituye en sí misma un dato político de primer orden, si se tiene en cuenta que supera con mucho la mayor a Icanzada en la actual democracia (23.000 reclusos en 1982) y la habitual en el último periodo de la época franquista (entre 12.000 y 15.000 reclusos). Y todos los datos apuntan -aumentos de población y de delincuencia, ausencia de alternativas a la cárcel, mecanismos cada vez más represivos para garantizar la seguridad ciudadana e imposibilidad legal de los indultos generales, profusamente utilizados durante el franquismo para drenar la presión carcelaria- a que siga aumentando hasta límites por el momento dificiles de determinar.

De acuerdo con lo declarado recientemente en el Senado por el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, existe actualmente un déficit de unas 6.000 plazas en las cárceles españolas. De otro lado, 40 de éstas -aproximadamente la mitad de las existentes- se hallan inservibles a causa de su deterioro y de su falta de seguridad, y deberían ser sustituidas por otras nuevas. Todo ello supone una inversión superior con mucho a los 100.000 millones de pesetas a añadir a los 60.000 del presupuesto anual ordinario que se destinan en la actualidad al mundo penitenciario. La pregunta surge de nuevo: ¿está dispuesto el Gobierno, y la sociedad lo apoyaría en ese caso, a realizar tal esfuerzo presupuestario, lo que implica necesariamente menores recursos para otras necesidades? La respuesta debería ser forzosamente afirmativa a poco que la política penitenciaria fuera mínimamente coherente y la sociedad conservase un hálito de talante humanitario.