El Estado paga 4.000 millones al año por el alquiler de locales oficiales

Un total de 316 propietarios inmobiliarios madrileños se repartieron el pasado año los cerca de 4.000 mIllones de pesetas que el Estado desembolsó por el alquller de edificios y locales oficiales abiertos en la capital.Estos datos, procedentes de la Subdirección General del Patrimonio del Estado, a través de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, figuran en la contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero.

Según dicha respuesta, la Administración tiene alquilados en Madrid un total de 316 inmuebles, entre edificios y locales, para albergar algunos de los servicios públicos oficiales, dependientes de los diferentes ministerios, organismos o entes autónomos del Estado.

Más de 320.000 metros

En total, todos estos inmuebles suponen una superficie alquilada de 326.007 metros cuadrados en distintos distritos de la ciudad, aunque la mayor parte de las dependencias oficiales se hallan ubicadas en la llamada almnendra central de la capital (zona que rodea la M-30).El diputado Antonio Romero ha tardado varios meses en conseguir esta información del Ministerio de Hacienda. "Todos estos datos hay que sacárselos a la Administración con fórceps, aunque constituyen un gasto público y, como tal, los el udadanos tienen derecho a saber lo que se gasta el Estado en pagar el alquiler de los edificios que utiliza como sede", dice Romero.

El director general del Patrimonio del Estado contestó con una negativa a los repetidos requerimientos de este periódico para conocer cuáles son los edificios que la Administración central tiene alquilados en Madrid y a cuanto asciende la renta de cada uno de ellos.

Romero considera "excesivos" los fondos que la Administración destina a alquileres y acusa al Gobierno de "no prever las consecuencias negativas que iba a tener para ellos mismos la aplicación del decreto Boyer de liberalización de los alquileres".

"Con este decreto los propietarios han aprovechado para subir espectacularmente la renta de todos sus inmuebles. La Administración podría haber sido más previsora y haber aprovechado de compra que tiene sobre algunos edificios alquilados", añade Romero.

"Al final", concluye el diputado, "los ciudadanos pagan las consecuencias y, en este caso, por partida doble: el toro del decreto Boyer ha cogido dos veces a los españoles. Una al determinar la subida indiscriminada de los alquileres a los paarticulares, y otra, al subir también la renta de los edificios públicos que pagamos todos los ciudadanos".