El gravoso lastre del pasado en un sector diferente

Los autores de este artículo se preguntan por la mejor forma de articular un nuevo equilibrio en el sector bancario, de tal modo que sea posible alcanzar un "nuevo equilibrio entre seguridad y eficiencia, y pueda prestar así un mejor servicio a la socieda". Para ello habría que renovar los "términos del acuerdo de colaboración suscrito en el pasado, aceptando la especificidad de la banca" y conceder "un mayor protagonismo al mercado como factor de disciplina".

Los riesgos de crisis que se adivinan en algunos sistemas bancarios están desencadenando reacciones de las autoridades nacionales de los países afectados que recogen con bastante claridad la idea de que algunas de las funciones que la banca desarrolla son de interés público. De hecho, y aunque es posible imaginar un sistema financiero moderno en que la labor de los mercados de valores sea muy limitada, resulta imposible concebir uno en que los bancos no jueguen un papel determinante.Una de las razones de que esto sea así reside en el hecho de que la banca es el único intermediario capaz de crear pasivos ex¡gibles a la vista con valoración a la par, susceptibles de ser transferidos a terceros por el titular de los mismos. La movilidad, aceptabilidad y liquidez de estos pasivos, que son dinero bancario, facilitan algo tan importante para el correcto funcionamiento de la economía como es la realización de transacciones. Por otro lado, la vigilancia ejercida por los bancos sobre los prestatarios a lo largo de la vida del crédito, así como su capacidad de resolver de manera ordenada los casos de fallidos, contribuyen a dotar de estabilidad al sistema económico, impidiendo que los efectos de las quiebras se propaguen más allá de las partes implicadas. Además, el hecho de que las entidades bancarias tengan que mantener una determinada proporción de sus pasivos en forma de reservas líquidas, a fin de atender las necesidades de efectivo de sus clientes, les sitúa en una posición ideal para actuar de correa de transmisión de la política monetaria.

Riesgos de contagio _

Si al carácter singular de estas tareas se unen los riesgos de contagio en casos de crisis, así como los costes sociales resultantes de una eventual pérdida de confianza en el sistema de pagos, se comprende porqué tradicionalmente las autoridades han creído necesario poner un énfasis especial en la seguridad de este sector diferente. De hecho, y hasta bien entrados los años setenta, ése era el objetivo primordial del modelo de regulación bancaria vigente en el mundo desarrollado. Lo que, a su vez, explica los controles impuestos por aquel entonces a los tipos de interés, la segmentación funcional a que se sometía a los intermediarios y la creación de mecanismos destinados a evitar los pánicos financieros, tales como el fondo de garantía de depósitos o la labor de prestamistas de los bancos centrales.

El precio que tuvieron que pagar los bancos por esa protección que se les dispensaba fue el ser considerados instrumentos al servicio de determinados objetivos de política económica. Concretamente, la mayoría de los países diseñaron, de acuerdo con su idiosincrasia, algún tipo de artificio, por el que esas entidades se veían obligadas a otorgar financiación privilegiada a sectores o actividades considerados de interés preferente en estos momentos. De esta forma se fue modelando una especie de acuerdo de colaboración tácito, cuya supervivencia dependía de la capacidad de las regulaciones para limitar la competencia, y poder ofrecer así unas expectativas de beneficio suficientemente atractivas a la banca.

En los últimos años, sin embargo, se han producido una serie de fenómenos íntimamente relacionados, que han convertido en obsoletos los términos del referido acuerdo. Uno de ellos ha sido el avance de las nuevas tecnologías, que ha hecho perder a la banca parte de sus tradicionales ventajas en el tratamiento de la información, y, en esa medida, ha actuado de catalizador de la desintermediación. Paralelamente, la innovación ha permitido soslayar normas y controles impuestos por las autoridades, dando así entrada en el negocio bancario a rivales sometidos a unos costes regulatorios mucho más livianos. Por último, el proceso de globalización de mercados ha dado una dimensión mundial a estos fenómenos, integrando a los sistemas financieros nacionales en una nueva realidad emergente, sin fronteras geográficas, funcionales e incluso horarias.

Como era fácil de prever, este estado de cosas ha dado lugar a un aumento sin precedentes de la competencia, que ha reducido dramáticamente la rentabilidad de los segmentos de clientela con mayor capacidad de negociación. En un contexto como éste, la liberalización promovida por las autoridades, y a la que no ha sido ajena la competencia regulatoria en que se han visto envueltas, ha estado aquejada de un cierto grado de ambigüedad, Por una parte, y aunque se ha puesto mayor énfasis en la noción de eficiencia en la asignación de unos recursos escasos, lo cierto es que las reformas siempre han ido por detrás de los acontecimientos. Circunstancia esta última que en numerosos países está relacionada con el protagonismo adquirido por la política monetaria, en un contexto caracterizado por las elevadas necesidades financieras del sector público, lo cual ha contribuido a que se perpetúen importantes secuelas de la instrumentación a que ha sido sometida la banca en el pasado. Por otra parte, la rebaja de las barreras de entrada, que ha provocado en el negocio bancario el aumento de la competencia, no ha ido, sin embargo, acompañada de una paralela flexibilización de las barreras de salida para aquellas Instituciones que hayan realizado una gestión imprudente.

Estas ambigüedades no dejan de ser preocupantes, por cuanto existen sólidos indicios de que la escalada competitiva está dando origen a un exceso de capacidad en el negocio bancario. O, dicho de otra forma, hay razones para pensar que los recursos humanos y de capital invertidos en ese negocio son excesivos para la demanda disponible, lo cual constituye una seria hipoteca para su futura capacidad de generar resultados. Esta apreciación, de ser correcta, puede tener importantes consecuencias, ya que afecta a un sector sin cuya contribución las modernas economías actuales difícilmente hubiesen alcanzado esas cotas de eficacia y flexibilidad a que nos tienen acostumbrados. Esto significa que, desde el punto de vista del interés general, es preciso crear condiciones que permitan a los bancos generar una rentabilidad sobre fondos propios suficientemente atractiva como para garantizar el apoyo de los accionistas y, consecuentemente, la continuidad de su existencia empresarial.

Fase de consolidación

La experiencia de otros sectores que en su día atravesaron circunstancias similares parece sugerir que la depuración del exceso de capacidad requiere una fase de consolidación, en la que las instituciones más ineficientes o son expulsadas del mercado, o pasan a ser controladas por otras más dinámicas y competitivas. El problema de un proceso de este tipo en la banca radica en que sus actividades dependen de la confianza del público, lo cual significa que se requiere algo más que la mano invisible de la oferta y la demanda para que en este caso tenga éxito la consolidación. Conviene tener presente, sin embargo, que en las circunstancias en que se encuentra actualmente el mundo financiero no se pueden vulnerar por mucho tiempo esas leyes sin correr el riesgo de ser severamente penalizado. Baste recordar, a este respecto, la crisis en que se encuentran inmersas las cajas de ahorro estadounidense, que puede suponer un desembolso para el contribuyente de unos 500.000 millones de dólares.

De todo esto se desprende la necesidad de renovar los términos del acuerdo de colaboración suscrito en el pasado, aceptando la especificidad de la banca, pero, al mismo tiempo, concediendo un mayor protagonismo al mercado como factor de disciplina. La búsqueda de ese difícil equilibrio no debe hacer olvidar que por algún tiempo la banca vivirá en un periodo de transición, en el que coexistirán intervencionismo y libertad, inercia e innovación, discriminación y competencia. Aun así, es preciso realizar un esfuerzo por excluir del marco regulador todo aquello que no tenga directamente que ver con la estabilidad del sistema y la seguridad de los depositantes.

En cualquier caso, e incluso en ese ámbito, no debería caerse en el error de pensar que las regulaciones pueden sustituir la labor de los gestores, aunque sólo sea porque éstos son los que están en mejores condiciones para conocer los riesgos de su empresa. Lo que sí habría que hacer es crear incentivos para que estos gestores realicen adecuadamente su labor, y nada mejor para ello que propiciar la transparencia del sistema, a fin de que el mercado pueda discernir entre el éxito y el fracaso. Tampoco estaría de más reforzar la labor de control corporativo de los mercados de valores, creando un marco adecuado para que las OPA (oferta pública de adquisiciones) sirvan de mecanismo disciplinario sobre los órganos directivos de aquellas empresas que menos sintonicen con los intereses de los accionistas. Por otra parte, y en coherencia con el renovado énfasis otorgado a la eficiencia, debería procederse a una reforma de los sistemas de garantía de depósitos, a fin de evitar el peligro de acumulación de riesgos que puede re ultar con la aplicación de los indiscriminados sistemas actuales. Asimismo, sería conveniente que el nuevo clima de libertad diese también cabida a la libertad de quiebra, obligando así a los ahorradores a mantener una continua vigilancia sobre la calidad de la gestión de sus respectivas entidades. No se trata de imponer una disciplina sin matices, más bien habría que crear un ambiente de incertidumbre selectiva, en el que, sin perjuicio de que los problemas se resolviesen caso a caso, quedase constancia de que ninguna entidad Imprudente se encuentra, en principio , a salvo de los rigores del mercado.

De todas maneras, quizá la cláusula más difícil de articular en el nuevo acuerdo sea la referida a la cooperación internacional. El peligro al que nos enfrentamos es que la competencia en que se encuentran envueltas dichas autoridades dé lugar a un alineamiento a la baja de la regulación, tomando en cada caso como referencia la norma menos estricta. Las consecuencias de una dinámica de este tipo son imprevisibles, y pueden ser dramáticas, debido a la limitada comprensión de los riesgos generados por muchos de los complejos instrumentos de reciente creación. Por otro lado, conviene recordar que aún no se ha contrastado la solidez de las recientes transformaciones, al no haber pasado por la prueba de fuego de un ciclo económico adverso. De ahí la conveniencla de que la cooperación se extienda a las políticas macroeconómicas y de que en la esfera estrictamente financiera se actúe con sentido de responsabilidad, aunque sólo sea porque la globalización es un fenómeno de largo alcance, que en estos momentos todavía se encuentra en sus albores.

Nuevo acuerdo

Como ha podido comprobarse, el nuevo acuerdo exige renuncias por ambas partes, tanto mayores cuanto más arraigados estén los hábitos del pasado. Sin embargo, en una fase de transición como en la que nos encontramos suelen originarse importantes desajustes, debido al distinto grado de disciplina impuesto por el mercado a los dos interlocutores. Así, mientras los bancos no tienen más remedio que adaptarse y asumir las consecuencias de una mayor competencia, las autoridades siempre pueden invocar argumentos de política económica para prolongar los beneficios que les reporta el intervencionismo. El problema radica en que, de esta forma, lo único que se logra es aumentar los costes requeridos para que este sector diferente alcance un nuevo equilibrio entre seguridad y eficiencia, y pueda prestar así un mejor servicio a la sociedad.

pertenecen al Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya.