El juez del 'caso Guerra' aprecia prevaricación en otro diputado

El juez Ángel Márquez, instructor del caso Juan Guerra, dictó ayer una providencia en la que pide al fiscal Alfrdo Flores un informe sobre y procedimiento al hallar indicios de un presunto de prevaricación en la persona de Guillermo Gutiérrez diputado socialista en el Parlamento andaluz, quien goza en fuero especial. Márquez revocó parcialmente ayer su auto del pasado día 4, y acordó informar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que sea éste el que decida sobre su competencia.La implicación de Guillermo Gutierrez presunto delito de prevaricación está relacionada con una concesión de terrenos a la empresa, Construcción Modular Andaluza, S. A. (Comasa), otorgada el 28 de noviembre de 1986 por Mercasevilla, empresa rnixta participada por Mercasa y el Ayuntarmento de Sevilla.

Comasa fue constituida con un capital inicial de tres millones Je pesetas el 9 de abril de 1986 y en ella aparecían como titulares José Garrido López, su primo Francisco Javier López Martín,y la esposa de éste último, Dolores García Ramos. Ésta, según afirme José Luis Arredondo, abogado defensor de Garrido, actuaba como testaferro de Juan Guerra criterio que también compartía la ex mujer de éste último , María de los Ángeles López Rubio , ya fallecida .

Teniente de alcalde

Gutiérrez era entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento sevillano, y presidió -por ausencla del alcalde Manuel del Valle- el consejo de administración de Mercasevilla donde se aprobó la citada concesión administrativa de uso privativo de dos solares de 4.000 y 4.700 metros, en donde Comasa pretendía construir un hotel.

La decisión del juez se produce una semana después de que el letrado Manuel Fernández del Pozo, que representa a IU en el caso, imputase, en un escrito) dirigido a Márquez, delitos del prevaricación para todo el consejo de administración de Mercasevilla, así como al entonces director general de esa sociedad, José Villa, quien firmó el 28 de noviembre de 1986 los dos contratos de cesión de los dos solares hasta el año 2.021 a favor de Comasa. El precio de la concesión fue de dos millones de pesetas por cada solar y un canon de 500 pesetas por metro cuadrado y año.

Asimismo, IU imputó delitos de falsedad en documento a Emilio Molina, gerente municipal de Urbanismo de] Ayuntamiento de Sevilla, y también a José Garrido López. Mientras que a Francisco Javier López Martín y a Juan Guerra acusación imputa un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

El despacho de la Delegación

Estas peticiones están relacionacas con la concesión a Comasa de ayudas por 145 millones, aprobada por el Conseío de Ministros en agosto de 1986, una vez que la citada empresa había conseguido la cesión de terrenos, ayudas que no llegaron a pagarse.

Sin embargo, las acciones de Francisco Javier López Martín y de su esposa -66% de Comasa- fueron vendidas posteriormente a la sociedad Promociones La Isla, de Jerez (Cádiz), en más de 110 millones de pesetas.

Por otro lado, el juez Márquez ha decidido revocar parcialmente su auto de inhibición del pasado día 4, y estimar el recurso presentado por Manuel Fernández del Pozo, letrado de IU, al considerar que debe informar primero al TSJA, y que sea este tribunal el que decida sobre su competencia en el caso de la Delegación del Gobierno, en el que aparecen imputados los exdelegados Leocadio Marín y Tomás Azorín, como presuntos partícipes de prevaricación y malversación.

La resolución del juez Márquez explica detalladamente que: "En el auto recurrido no se plantea ningún tipo de inculpación o exculpación de Alfonso Guerra". Asimismo, el juez desestima la posibilidad de que las partes recurran en apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla.