El Gobierno ratifica la exigencia de visado a marroquíes y tunecinos

Los ciudadanos marroquíes y tunecinos que pretendan entrar en España a partir del 15 de mayo tendrán que portar visado, y no sólo el pasaporte, como ocurría hasta ahora. Ésta es la consecuencia inmediata de la denuncia de los acuerdos de supresión de visados entre España, Marruecos y Túnez aprobada ayer por el Gobierno. Asimismo, el Gobierno nombró a Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia, nuevo presidente del Consejo de Estado

Según el comunicado oficial "razones de política general que obligan a un correcto control de la política migratoria aconsejan proceder a la denuncia de los mencionados acuerdos, haciendo uso de las claúsulas contenidas en ellos a tal efecto".Según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, esta nueva exigencia obligará a la expedición anual de alrededor de 1,2 millones de visados al año para ciudanos de Marruecos y Túnez.Por otro lado, representan tes de las dos principales asociaciones de inmigrantes marroquíes en España (Atime y AEME) mostraron ayer su preocupación por el hecho de que la exigencia de visados favorezca la corrupción en los consulados marroquíes y la extensión de las redes de venta d documentación falsa, de los que se han dado varios casos en los últimos meses, informa . "Aunque digan lo contrario, nos llevan pidiendo el visado desde hace mucho tiempo", dijo Omar Jatabi, miembro de AEME.

La conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros no fue protagonizada por la ministra portavoz, Rosa Conde, quien cedió su puesto a su número dos, Miguel Gil. Éste se limitó a dar cuenta de los acuerdos del Gabinete sin contestar a las preguntas que requieren comentario de las decisiones del Consejo. Así pues, la denuncia de los acuerdos de supresión de visado no merecieron ningún comentario en esta reunión informativa, lo que creó un notable malestar entre los periodistas destacados en el acto.

17 nombramientos

El Consejo de Ministros aprobó también en su reunión de ayer el nombramiento de 17 nuevos altos cargos: Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia, fue designado presidente del Consejo de Estado.

En Asuntos Exteriores se nombró como nuevo embajador permanente ante el Consejo Atlántico a Carlos Miranda; Delfín Colome fue designado director general de Relaciones Culturales y Científicas, y Francisco Javier Jiménez-Ugarte como nuevo director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana.

En el área de Justicia fueron dos los nombramientos: Ramón Romo como director general de Servicios y Dionisio Llamazares como director general de Asuntos Religiosos. En Economía y Hacienda fue nombrado secretario general de Planificación Julio Viñuela y como director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales Juan José Tanco.

En Interior los nombramientos fueron cuatro: Segismundo Crespo como delegado del Gobierno en Madrid, Benjamín Trujillo como delegado del Gobierno en La Gomera, Sebastián Cabrera como delegado en El Hierro y Ángel Delgado como gobernador civil de Tenerife. Obras Públicas y Transportes generó dos designaciones: la de Mercè Sala como presidenta de Renfe y el de Elena Salgado, nueva. secretaria general de Comunicaciones.

En Agricultura fue nombrado subsecretario del ministerio Juan Antonio Blanco-Madagán y secretario general técnico Julio Blanco. Por último, en Asuntos Sociales, el Ejecutivo aprobó el nombramiento de Purificación Gutiérrez como nueva directora del Instituto de la Mujer. Carmen Martínez Ten, su predecesora, cesó a petición propia.