El ginecólogo Pere Enguix, absuelto de un delito de aborto

La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha absuelto al ginecólogo valenciano Pere Enguix de un delito de aborto, supuestamente cometido en 1980, del que estaba acusado por el Fiscal. El tribunal, formado por dos magistradas y el presidente, decidió su fallo por mayoría de las dos mujeres y con la oposición del presidente, José Luis Pérez Hernández, que formuló un voto particular contrario a la absolución.La sentencia extiende por primera vez a un facultativo la eximente del estado de necesidad, por lo que va un paso más allá de la que el Tribunal Supremo dictó el pasado diciembre. En aquella sentencia se aplicó por primera vez la eximente de estado de necesidad a la mujer que abortó, a su marido y a un amigo que les facilitó los contactos con el médico, pero no a al facultativo que practicó el aborto, Moisés Corrales. porque en aquél caso tal eximente, según el Supremo, "no era comunicable". No obstante, Moisés Corrales fue indultado por el Gobierno.

La sentencia absolutoria, he ha públi sidera apli- cable a las tres mujeres, procesa das inicialmente por el mismo delito de aborto que el médico, la eximente del estado de necesi dad. El día del Juicio, el pasado 8 de marzo, el ministerio público retiró contra ellas esta acusa ción, por lo que también han sido absueltas. Un fisioterapeu ta, ayudante del ginecólogo Pere Enguix y que también fue inicial mente procesado, falleció antes de la convocatoria de la vista oral del juicio.

El fallo reconoce que las tres mujeres que acudieron a la clínica de Enguix, hace ahora 11 años, "contaban cada una de ellas ya con tres hijos, con numerosas cargas familiares, escasez de recursos económicos, abandonadas dos de ellas por sus maridos y la tercera era sabedora del seguro fallecimiento del suyo por padecer una enfermedad incurable".

Argumentos de la defensa

El fallo hace suyos los argumentos de la defensa del ginecólogo y reconoce trasladable al médico como "partícipe en calidad de auxiliador o cooperador necesario la exención de responsabilidad penal desde el momento en que su actuación tiene lugar con respecto a una actividad que es, lisa y llanamente, conforme a derecho".

La sentencia reconoce explícitamente, en sus fundamentos de derecho, que el delito de aborto del que fue acusado Pere Enguix "fue realizado al abrigo de una causa de justificación, de cuya existencia y contenido participaba el profesional", por lo que su actuación fue conforme a derecho y, "como consecuencia de ello, impune".

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia, José Luis Pérez Hernández, justifica en la sentencia su voto particular contrario a la absolución, al estimar que las conductas de las tres mujeres presuntamente abortistas "no son incardinables en ninguno de los supuestos de aborto despenalizado".

Pérez Hernández hace una defensa del derecho a la vida del nasciturus en su voto particular y añade que el médico acusado, al facilitar el aborto, protagonizó "un comportamiento no ético, que comporta un uso abusivo del elevado y noble arte de la medicina".

Un calvario judicial

Este proceso ha sido uno de los más dilatados de la historia judicial valenciana. Los tres abortos por los que en un principio fue procesado -y que finalmente se redujeron a uno- se realizaron en el año 1980. Desde aquel momento y hasta la sentencia de ayer, Enguix ha atravesado un calvario judicial que le ha llevado en dos ocasiones a ingresar en la prisión.

El giro más espectacular de este proceso se produjo en 1983. Tras el procesamiento de Pere Enguix, de un fisioterapeuta y de tres mujeres, el defensor del médico presentó ante el juez las fichas de unas 3.000 mujeres que habían abortado en las clínicas de Enguix. Esta actitud del abogado levantó una gran polémica, pues muchas mujeres consideraron que se había violado su intimidad. Más tarde, centenares de mujeres firmaron un escrito, de forma voluntaria, en el que se autoinculpaban de haber abortado con Enguix. "Declaro que me he sometido a una intervención abortiva solicitada por mí", se leía en el texto.

"Lo hice en uso de la libertad sobre mi propio cuerpo y exonerando a cualquier otra persona de mi responsabilidad", afirmaron las autoinculpadas. El escrito fue remitido al juez, pero el asunto se archivó.

La causa se ha dilatado en el tierripo, además, por el funcionamiento de la Administración de justicia y por los innumerables recursos pfesentados por los defensores. Estos siempre han considerado que debía ser aplicado el principio de retroactividad, ya que los abortos se practicaron en 1980, antes, por tanto, de entrar en vigor la ley despenalizadora del aborto. Los defensores exigían que la nueva ley amparara los supuestos cometidos con anterioridad, ya que era beneficioso para los procesados.

El fiscal de Valencia Miguel Ángel Altés solicitó inicialmente una condena de 13 años para el médico por tres delitos de aborto que posteriormente rebajó a cinco años de prisión al estimar probada su participación en una sola de las intervenciones.

Altés retiró además la acusación contra las tres abortistas.