Indicios para inculpar al secretario de Alfonso Guerra
Las declaraciones de Rafael Delgado, secretario particular de Alfonso Guerra mientras éste fue vicepresidente del Gobierno, en las que asumía la responsabilidad de que Juan Guerra ocupara un despacho oficial en Sevilla "son suficientes para inculparle de un delito de malversación de fondos públicos", según señalaron ayer a este periódico fuentes judiciales cercanas al caso. Las mismas fuentes añadieron que el juez Angel Márquez, instructor del caso, ya está en disposición de inculpar a los responsables de la utilización del despacho, una vez que la auditoría encargada a dos peritos señala que la presencia de Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía originó unos gastos cercanos a los dos millones de pesetas.
El entonces secretario del vicepresídente con rango de subsecretario reconoció el pasado 27 de junio ante el juez Angel Márquez que él personalmente autorizó a Juan Guerra a utilizar un despacho de la Delegación del Gobierno, y eximió al vicepresidente de toda responsabilidad. Dijo Delgado en aquella ocasión que la idea de otorgar un despacho a Juan Guerra se la sugirió el entonces delegado del Gobierno, Tomás Azorín. Rafael Delgado añadió que sólo autorizó el acceso de Juan Guerra al despacho en calidad de asistente del vicepresidente, "pero no para realizar ninguna actividad distinta".
Las fuentes consultadas ayer por este periódico señalaron que una vez que el juez ha detectado indicios de delito en la utilización del despacho sólo resta determinar -quién o quiénes son los responsables del delito, y uno de ellos (Rafael Delgado) se inculpó a sí mismo".
Petición al fiscal
El juez, no obstante, ha pedido al fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que le remita un informe sobre el eventual envío de las diligencias al Tribunal Supremo, debido a la posible inculpación del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que goza de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado. Ésta petición ha sorprendido en la fiscalía de Sevilla, que considera que "un juez debería saber el procedimiento a seguir en el caso de que encontrara indicios de delito en personas aforadas sin tener que preguntar a nadie".Además de Rafael Delgado, el juez Márquez considera que hay otros cinco responsables de la malversación de caudales públicos: Alfonso Guerra, en aquel momento vicepresidente del Ejecutivo; los sucesivos delegados del Gobierno en Andalucía Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido, y el propio Juan Guerra.
La auditoría, que deberá ser ratificada ante el Juez en los próximos días, señala que el despacho oficial de Juan Guerra originó unos gastos aproximados a los dos millones de pesetas en luz y teléfono y, por tanto, puede derivar en la pena de prisión mayor [de seis años a 12 años de cárcel] y multa que va de la mitad al tanto de la defraudado.
