La auditoría asegura que el despacho oficial de Juan Guerra gastó dos millones en luz y teléfono

El despacho de Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía originó unos gastos cercanos a los dos millones de pesetas desde 1983 a 1989 en luz y teléfono, según anunciaron ayer fuentes judiciales después de que el juez instructor del caso Guerra, Ángel Márquez, recibiera la auditoría. El magistrado ha confirmado la existencia de indicios de delito de malversación de caudales públicos por el uso del despacho para actividades privadas.

La auditoría fue entregada ayer al juez Angel Márquez. Ni éste ni los abogados de la acusación particular quisieron revelar los términos concretos del texto. La cuantía de la presunta malversación -dos millones de pesetas en este caso, según los auditores-, es un elemento básico para determinar la escala de penas imponibles, caso de confirmarse judicialmente la existencia de delito.Las penas de privación de libertad por sustracción o consentimiento a la misma realizada por otro oscilan entre un mes (cuando la cantidad sustraída no exceda de 30.000 pesetas) y 20 años (más de 2 millones y medio de pesetas), según el artículo 394 del Código Penal: en todos los casos esa pena de privación de libertad lleva aparejada la pena accesoria de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos, de seis a doce años. El artículo 395 impone multa en cantidades a determinar desde la mitad de lo defraudado hasta su totalidad para los funcionarios responsables, salvo que éstos reintegrasen antes del juicio las cantidades distraídas.

Otras fuentes jurídicas manifestaron a este periódico que en principio parecería más ajustado aplicar al caso el artículo 396 del Código Penal. Éste establece que "el funcionario que aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, será castigado con la pena de inhabilitación especial -de seis a 12 años-, si resultare daño o entorpecimiento del servicio público, y con la suspensión -de un mes a seis años-, si no resultare". El mismo artículo añade que "no verificándose el reintegro dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del sumarlo, se le impondrán las penas señaladas en el artículo 394" (el que se refiere a la prisión mayor).

Fuentes judiciales señalaron ayer a este periódico que aunque el beneficiario directo del despacho fue Juan Guerra, éste no reúne la condición de funcionario y, por tanto, "será difícilmente acusado de malversación de fondos públicos". De ahí, según las mismas fuentes, que el juez Ángel Márquez haya pedido al fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que le remita un informe sobre el eventual envío de las diligencias al Tribunal Supremo, debido a la posible responsabilidad en este asunto de Alfonso Guerra, quien en la actualidad goza de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado.

Responsabilidades

Márquez considera que, además del ex vicepresidente y de su asistente, podrían haber incurrido en alguna responsabilidad los sucesivos delegados del Gobierno en Andalucía Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido; y el entonces secretarlo del vicepresidente Rafael Delgado. La auditoría, que fue presentada por sus autores, los economistas José Parras y José Manuel García, en la medianoche del martes para evitar encontrarse con los periodistas, cuantifica sólo las partidas que pueden ser demostradas documentalmente (gastos de teléfono o de luz) y no menciona los gastos originados por Juan Guerra en la utilización de bienes de la Delegación del Gobierno ajenos al propio despacho, como pudiera ser la utilización del coche oficial. El juez denegó en su momento una petición de la acusación particular para que el coste del despacho fuese evaluado realizando una evaluación aproximada del valor de un despacho similar y en la misma zona.El abogado de la acusación particular, Manuel Fernández del Pozo, asegura que "el peritaje permitirá conocer la cuantía de las cantidades malversadas por los responsables del despacho", aunque añadió: "Será muy difícil determinar por el juez que el despacho perteneció realmente a Alfonso Guerra".

Uno de los abogados de la defensa, Ramón Echeveste, letrado de Francisco López, socio de Juan Guerra, declaró ayer que la "supuesta filtración del contenido de la auditoría desvirtúa su validez", y añadió: "En cualquier caso, la prueba pericial sobre el coste del despacho no estará concluida y por tanto no tendrá validez hasta que no se realice la ratificación ante el juez y las partes".

Ángel Márquez, quien declaró a EL PAÍS el pasado martes, que las diligencias en relación al uso del despacho oficial del asistente están prácticamente terminadas, espera ahora que el fiscal Alfredo Flores, con el que mantiene un duro enfrentamiento por la posible implicación del ex vicepresidente del Gobierno, le indique el procedimiento a seguir después de haber detectado la eventual responsabilidad de los delitos de personas aforadas.