Vecinos de Pozuelo discuten con el Ayuntamiento la propiedad de unos terrenos

Los vecinos de las urbanizaciones El Paular y Los Cerezos, de Pozuelo, están llevando a cabo la recogida de firmas ante la posibilidad de verse afectados por el ensanche de la calle del Madroño, que servirá de unión con la M-40 a su paso por esta zona. Mientras el Ayuntamiento dice que los vecinos han ocupado ilegalmente parte de los terrenos por donde pasará dicha vía pública, un portavoz de los afectados, Juan de Pablo Ayuso, asegura que los terrenos son privados.

En un escrito dirigido al alcalde de la localidad, José Martín Crespo (PP), los vecinos piden que la calle quede "tal y como se encuentra en la actualidad". La calle tiene cinco metros de anchura por esta zona, mientras que fuera de esta área se ensancha a 20 metros. Los vecinos piensan que, de llevarse a cabo el proyecto, la zona "se vería afectada por el tránsito de centenares de vehículos y supondría un riesgo elevado de accidentes de tráfico al cruzar por una zona residencial donde la población infantil es muy numerosa".Juan de Pablo asegura que los terrenos que el Ayuntamiento quiere ocupar para realizar el ensanche fueron comprados y escriturados por los vecinos con anterioridad a la aprobación definitiva de dicho ensanche, en julio de 1977, por parte de la desaparecida Coplaco, del área metropolitana de Madrid. Por otra parte, Juan de Pablo asegura que los vecinos están siendo víctimas de "coacciones y de falta de interés por parte del Ayuntamiento", ya que están recibiendo repetidos escritos en los que el Ayuntamiento denuncia "el cerramiento de parcelas no respetando las alineaciones vigentes".

Martín Crespo matiza que "son los vecinos los que han ocupado ilegalmente una calle pública que está contemplada en el planeamiento urbano".

Denuncia en comisaría

Sin embargo, Juan de Pablo, que ha denunciado estos hechos en la comisaría de policía de la localidad, asegura que no se está realizando ningún tipo de vallado en los jardines de estas urbanizaciones, y que las actuales "están aquí antes de que se aprobara el plan".En el contrato de compraventa de uno de los propietarios, firmado en abril de 1977, se dice que éstos cuentan con la aprobación municipal desde 1973 y que los terrenos "se han parcelado". El alcalde Martín Crespo, insinúa que este hecho debería ser denunciado ante los tribunales, ya que "el suelo es público, y si no lo fuera, se indemnizaría a los vecinos", asegura.

Además, por la vía pasa un cable de alta tensión de 380.000 voltios, que en algunos casos está por encima de las viviendas. En el escrito dirigido al alcalde, los vecinos piden el desmantelamiento de las torres y del tendido eléctrico o sugieren su canalización de forma subterránea, ya que consideran que el alto voltaje de este tendido crea "un campo magnético nocivo para la salud de las personas".