La CE discrimina a España en el reparto de ayudas regionales y gastos agrarios

España está fuertemente discriminada en el reparto de las ayudas regionales de la Comunidad Europea y de los gastos agrarios. El Gobierno, después de dos meses de debates, ha decidido lanzar una ofensiva general sobre el destino del dinero comunitario. La nueva estrategia se apoya en una mayor integración europea, idea que ha defendido siempre Felipe González, pero reclama suficiencia de medios y solidaridad financiera para que la Comunidad pueda estar a la altura de las ambiciones que promete con las reformas en marcha. El presidente del Gobierno tiene sobre su mesa un documento elaborado por el Ministerio de Economía en el que se justifica la razón de Estado que mueve a España.

El análisis del empleo del presupuesto de la CE echa por tierra el mito de que España es uno de los países más beneficiados. El saldo favorable para nuestro país -diferencia entre las aportaciones nacionales a la Comunidad y el dinero recibido- fue de 180.000 millones de pesetas en 1989 y de 140.000 millones en 1990, y la tendencia, según fuentes del Gobierno, "es que continúa para abajo". Ese resultado a favor se explica actualmente por la devolución de una parte del IVA que España ingresa y que equivale casi al superávit neto entre aportaciones e ingresos.El informe del Tribunal de Cuentas, que no tiene en cuenta las devoluciones por IVA -decrecientes y que desaparecerán a partir de 1992-, demuestra que el beneficio para nuestro país es prácticamente cero. Sin embargo, España no tendrá jamás déficit con la CE gracias al incremento de los fondos estructurales aprobado en 1988. Las ayudas regionales y sociales de la CE crecen de forma progresiva para llegar a duplicarse en 1993.

Cuantitativamente más

España, con una cuota del 27% del Fondo Europeo de Desarrollo Regioanal (Feder), es el país comunitario que cuantitativamente más recibe, pero el análisis comparativo pone en cuestión la justicia distributiva. En porcentaje del producto nacional bruto, nuestro país recibe tres veces y media menos que Irlanda y Grecia y cuatro veces y media menos que Portugal. Si se toman en cuenta sólo las regiones más desfavorecidas, que son las que se benefician privilegiadamente de estos fondos, las nueve comunidades autónomas españolas incluidas en esta categoría sólo reciben para paliar su retraso la mitad de la compensación que las griegas, portuguesas e irlandesas.

El desfase es brutalmente superior a las diferencias de renta. El presidente González bloqueó la reforma presupuestaria de la CE hasta que en febrero de 1988 logró la duplicación de los fondos estructurales, pero la realidad demuestra que la base de partida era demasiado pequeña.

En lo que respecta a los gastos agrícolas, la situación es delirante. Los pagos del Feoga-Garantía se han convertido en el principal capítulo de ingresos desde 1987, en que ascendieron a 108.031 millones de pesetas. El año pasado las transferencias a los agricultores pasaron a ser más del triple de esa cantidad, que, a pesar de todo, es muy inferior a la que se debería obtener si nuestro país disfrutara de un trato de igualdad.

España es el segundo país de la CE en población activa agraria, sólo superado por Italia, y el segundo también en superficie agraria útil, detrás de Francia. En cuanto al valor de la producción final agraria, ocupa el cuarto lugar. Sin embargo, cada agricultor español recibe 6,6 veces menos que un holandés, 6 menos que un belga y casi 3 menos que un alemán o un francés. Hasta los británicos, que tienen una agricultura limitada y en fase de reducción progresiva, obtienen 2,3 veces más beneficio. Sólo Luxemburgo, cuya agricultura es testimonial, está por debajo de España. Si la comparación se hace con el dinero recibido por hectárea, la desproporción es aún mayor, y también la relación en base a la producción agraria demuestra el perjuicio para nuestro país.

Reforma de la PAC

El nuevo ministro de Agricultura, Pedro Solbes, tiene una oportunidad con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que estudian los Doce. La nueva orientación de primar las zonas desfavorecidas, los agricultores de renta más baja y la hectárea en lugar del producto obtenido, favorecen la búsqueda de un equilibrio para España. El problema es que ningún país va a renunciar a recortar su cuota, especialmente Francia, que ha pasado en los últimos años de una situación de equilibrio a una aportación neta de más de 300.000 millones de pesetas a la CE.

La improbable victoria en el reparto del dinero es lo que ha llevado al Gobierno a una estrategia de dotar a la CE de más recursos (suficiencia de medios) y de poner en práctica una verdadera política de cohesión. Estas dos propuestas presentadas el pasado 4 de marzo en la conferencia intergubernamental para la unión política han levantado ampollas en la mayoría de los países de la CE. A España sólo la apoyan Grecia, Irlanda y Portugal, que resultarían beneficiados.

La solidaridad financiera no puede lograrse sin un presupuesto mayor para la CE, ahora limitado al 1,13% del producto interior bruto de los Doce. El objetivo, según fuentes del Gobierno, es lograr "un 3% o un 4% para que la Comunidad pueda estar a la altura que requieren los retos de la unión política y monetaria".