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Noticia de Colombia

Las noticias que recibimos de Colombia son habitualmente malas: atentados, secuestros, violencia, narcotráfico, etcétera. Son noticias verdaderas, desde luego. Pero no son las únicas que se producen. Detrás de ellas hay un espléndido país lleno de posibilidades y de aspiraciones, una economía deformada pero pujante a pesar de todo y una población que puede sacar el país adelante a poco que se creen las condiciones políticas para ello. Basta viajar a Colombia para verlo, por muchas y graves que sean las contradicciones.Ahora la situación política es ciertamente atípica. El año pasado fue elegido el Congreso actual, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. Pero a la vez se decidió convocar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución y que ya ha empezado sus trabajos. Coexisten, pues, en Colombia dos organismos legislativos: el Congreso ordinario y la Asamblea Nacional Constituyente. Y dado que la misión de esta última es elaborar una Constitución que va a modificar sin duda la estructura y la composición del propio Congreso, no es de extrañar que ya haya empezado una fuerte discusión sobre cuál de ellos prevalece. Se trata de saber si una vez aprobada y promulgada la nueva Constitución el actual Congreso se deberá disolver para elegir unas nuevas Cámaras o si deberá permanecer tal cual hasta la terminación de su mandato, dentro de tres años. Naturalmente, el fondo de la discusión no es sólo ni principalmente jurídico, sino político.

El problema es político por dos razones fundamentales. Primera, porque si se ha convocado una Asamblea Constituyente es porque la mayoría ha juzgado conveniente cambiar la actual Constitución -promulgada en 1886- y las actuales instituciones. No parece, pues, que tenga mucho sentido que una' vez modificado el texto constitucional y modificadas las instituciones actuales éstas sigan existiendo y funcionando como si nada hubiese pasado, En realidad, todo proceso constituyente cierra un periodo y abre otro nuevo. Y aunque es cierto que en todos los cambios políticos y constitucionales se producen mezclas del pasado y del futuro, las instituciones principales deben adaptarse inmediatamente a la nueva legalidad.

La segunda razón es que la convocatoria de la Asamblea, Nacional Constituyente, cuando ya existe un Congreso funcionando, sólo se puede explicar porque la mayoría ha considerado que este Congreso no podía cambiar el sistema y tenía que confiar la tarea a un órgano diferente. Y el hecho es que este órgano es realmente diferente no sólo por su origen, sino también por su composición, como lo demostraron claramente los resultados electorales. Desde este punto de vista, la Asamblea Nacional Constituyente es algo más que un organismo encargado de redactar una nueva Constitución. De hecho, es la gran ocasión para que empiecen a entrar y a situarse en la escena política nuevas fuerzas, nuevos impulsos y nuevas éticas; es decir, para que se empiecen a crear las condiciones para una reforma sustancial, un saneamiento y una modernización de todo el sistema político.

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A mi entender, éste es el problema clave. Al observar el funcionamiento real del sistema político colombiano, la primera conclusión a que uno llega es que ha agotado o está a punto de agotar sus posibilidades. Tras un siglo de enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores, culminados con la gran sublevación popular de Bogotá tras el asesinato del dirigente Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la instauración, en 1953, del régimen militar del general Rojas Pinilla, los máximos dirigentes de los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, firmaron el pacto del llamado Frente Nacional, que establecía la alternancia de ambos partidos en la dirección del Estado y el reparto entre ellos dos de los puestos políticos fundamentales. Era, con 75 años de retraso, algo parecido al pacto entre liberales y conservadores en España, en la época de Cánovas y Sagasta, que inició el periodo de la Restauración. Al igual que éste, el Frente Nacional colombiano consiguió inicialmente estabilizar la situación, pero en la medida que los partidos políticos eran más bien conjuntos de círculos clientelares en torno a unos cuantos notables -lo mismo que en la España de finales del siglo XIX- el resultado fue que todo el sistema se convirtió en un conjunto de grupos de presión clientelares que se enfrentaban y negociaban unos con otros en función de sus intereses particulares. Y esto ocurrió no sólo en el seno de los partidos políticos, más allá de sus siglas liberales o conservadoras, sino también en todos los aparatos del Estado, civiles y militares.

Más todavía; también, al igual que en nuestra Restauración, el Frente Nacional acabó marginando y cerrando el paso a todas las fuerzas nuevas que iban surgiendo con la propia evolución de la sociedad. No es de extrañar, pues, que muchas de estas fuerzas nuevas acabasen eligiendo el camino del enfrentamiento armado; es decir, de la guerrilla contra un sistema que no les dejaba ninguna vía abierta. Pero en la medida que las guerrillas fueron incapaces de derrotar al sistema y que éste sólo fue capaz de cerrarles el paso pero no de solucionar los problemas que las habían originado, las propias guerrillas acabaron estancándose y entrando en el juego de los grupos de presión. Cuando finalmente el narcotráfico, con sus poderosos medios, entró en escena y se adaptó a la misma lógica clientelar, el sistema político colombiano se transformó definitivamente en un gigantesco ensamblaje de grupos clientelares y caciquiles, la mayoría armados, incrustados unos en los aparatos del Estado, otros -como las guerrillas- ajenos a éste, cada uno con sus propios espacios de poder en la ciudad o en el campo, cada uno luchando por ampliar el espacio propio a costa de otros y cada uno dispuesto a negociar y a entenderse con otros por intereses concretos, más allá de la condición mafiosa de unos, de la definición ideológica de otros o de la representatividad política de los de más allá. Ésta y no otra es la razón de los estallidos de violencia que sacuden a la sociedad colombiana.

Pese a ello, Colombia como país ha cambiado, y junto a innegables retrocesos ha experimentado grandes avances. Y lógicamente han aparecido fuerzas renovadoras en todos los sectores. La resistencia de los clanes establecidos ha sido enorme, y sólo hay que recordar, para constatarlo, la hecatombe de asesinatos políticos que se ha abatido sobre los sectores que intentaban cambiar la situación. Pero a pesar de ello nuevas energías han empezado a abrirse paso, en el Gobierno, en los partidos principales y en los grupos guerrilleros. Los acuerdos de paz ya realizados entre el Gobierno y el M-19 y el EPL son la demostración más clara de ello y de la lucidez política de sus protagonistas. Los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente también. Y nada lo expresa de manera más gráfica y más contundente que la propia composición de esta Asamblea y su presidencia tripartita, en la que se sientan uno al lado de otro el líder conservador del Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Gómez; el líder del M-19, Antonio Navarro Wolf, y el dirigente liberal Horacio Serpa.

Éste es, a mi entender, el sentido político profundo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y éste es también el ángulo desde el que debe enfocarse la cuestión de la disolución o no disolución del actual Congreso, una vez haya entrado en vigor la nueva Constitución. Algunos líderes históricos, como el veterano López Michelsen, nuevamente a la cabeza del Partido Liberal, han anunciado ya su oposición total a la disolución. Pero más allá de los intereses concretos que puedan existir detrás de esta oposición, lo que realmente se discute, la pregunta que cada uno debe hacer es si se quiere potenciar la Asamblea Constituyente o se la quiere convertir en papel mojado. Porque lo cierto es que si la potencialidad renovadora de la Asamblea se frustra y si los que han apostado a fondo por ella como factor de renovación son desautorizados -o sea, derrotados-, la única alternativa que queda es el estancamiento de un sistema ya agotado. Y en una sociedad como la colombiana, que está exigiendo a voz en grito la marcha hacia adelante, el estancamiento equivale exactamente a lo contrario, a la marcha hacia atrás.

Jordi Sole Tura es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado socialista.

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