La acusación pide 17 años para el alcalde de Burgos por la venta de una parcela municipal

La acusación y la defensa se ratificaron en sus conclusiones provisionales durante la última sesión del juicio por el caso Campofrío (presunta venta fraudulenta de una parcela municipal a una empresa), en el que figuran como acusados el alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, el anterior secretario del ayuntamiento, Esteban Corral, y el aparejador municipal Juan Luis González de Ubieta. El fiscal sólo acusa al ex secretario, mientras que la acusación particular pide para Peña una pena de 17 años de prisión y diez de inhabilitación.El juicio, que se inició el lunes, quedó ayer visto para sentencia tras la presentación de los informes de la acusación particular, fiscal y defensa.

Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado de José María Peña, rechazó los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad de documento y delito contra la Administraclón de Justicia que imputan al alcalde los letrados de la acusación particular.

Mourullo insistió en sus conclusiones en que la única finalidad de José María Peña fue la de conseguir un beneficio para la ciudad, y calificó de totalmente falsas y gravisimas, las imputaciones de la acusación que insinuó la existencia de "ocultas contrapartidas" de la empresa por la venta directa de la parcela municipal. Este abogado anunció la posibilidad de ejercer las correspondientes acciones legales.

El abogado de la acusación particular, Rafael Burgos, insistió en su informe en demostrar la participación directa de José María Peña en los hechos juzgados. Rafael Burgos responsabilizó a Peña de la sustracción de los informes de tasación realizados por otros técnicos municipales sobre el precio de la parcela y que no fueron incorporados finalmente al expediente de Campofrío. Añadió que la decisión de vender a Campofrío una parcela por debajo de los precios de mercado fue decisión personal del propio alcalde de Burgos.

La acusación particular, en su escrito definitivo, ha solicitado la apertura de nuevas diligencias en relación con los terrenos que ocupa la nueva fábrica de Campofrío, ya que considera que puede haber invasión de suelo público.