Fiscalidad, ahorro, ideología

Preferir, por su efecto sobre el bienestar general, la inversión privada, realizada con arreglo a las reglas del mercado, a la inversión pública, abordada con criterios políticos, no es, a juicio del autor, sino una posición ideológica que se puede compartir pero que es inútil rebatir en su generalidad.

Hay que agradecer a Rafael Teries (véase EL PAÍS del 28 de enero, Las familias y el déficit púlico) que reconozca el carácter ideológico de sus preferencias por el ahorro y la inversión privada frente a la pública. En efecto, "preferir, por sus efectos sobre el bienestar general, la inversión privada, realizada de acuerdo con las reglas del mercado, a la inversión publica, abordada con criterios políticos" no es sino una posición ileológica que se puede no compartir pero que es inútil intentar rebatir en toda su pétrea generalidad.Explicitar preferencias de este tipo no puede hacerse sino en función de juicios de valor, que precisen los fines que se asignan al sistema econ6inico y lo que se entiende por bienestar general. Es evidente que tales valoraciones no son las mismas para los liberales utópicos que para los socialistas democráticos, tan conscientes del potencial creativo de a libre iniciativa como de la necesidad de corregir desde la acción política las deficiencias de in regulador imperfecto como es el mercado.

Pero, ideología aparte, el señor Termes reconocía que se ha producido un considerable aumento del ahorro público, pero lamentando que ello se haya conseguido a costa de un menor ahorro del sector privado. Quisiera exponer algunas consideraciones, en parle concordantes y en parte discrepantes, con sus tesis y argumentos.

Es de agradaecer que el señor Termes lamente como yo la equívoca terminología utilizada por algunos al analizar la evolución del ahorro familiar en España. Cuando se confunden conceptos tan elementales como ahorro y capacidad de financiación es difícil desarrollar un debate serio. Es de lamentar que tras la publicación de las cuentas financieras de la economía española por el Banco de España, no sólo los "no muy expertos", sino algunos que pasan por ser grandes expertos, hayan estado alarmando a la opinión pública proclamado que en 1989 el ahorro de las familias se había reducido a la mitad. En realidad lo -que- se ha reducido a la mitad, según la citada fuente, es la capacidad de financiación que las familias pueden poner a disposición del resto de los sectores, como consecuencia de un aumento de su inversión real, pero no de una disminución de su ahorro, que creció en valor absoluto un 2,6% respecto al año anterior.

También estamos de acuerdo en que los "hábitos" de ahorro de cada sector de la economía deben medirse tomndo como base al porcentaje no consumido de su renta disponible. Medida así, la tasa de ahorro bruto de las familias españolas ha pasado del 11,4% en 1981 al 10,41/o en 1989, con una tasa media en este periodo del 11%, que no es muy diferente de la tasa media del periodo 1979-1983, que fue del 11,7%.

El descenso del ahorro familiar en la década de los años ochenta es una constante general del mundo industrializado, independientemente de la política fiscal de los distintos países (véase el cuadro). España es uno de los países donde menos acusado ha sido este descenso, que obedece a un complejo conjunto de factores institucionales, sociológicos, demográficos y de expectativas de renta, además de los fiscales.Ahorro familiarEn países donde la presión fiscal sobre la renta familiar ha disminuido o ha permanecido constante, la tasa de ahorro familiar ha caído más que en España. Por eso es escasamente riguroso establecer una relación de causalidad a partir de la correlación entre el incremento de una magnitud y el descenso de otra.

Es asimismo positivo que se reconozca que el ahorro de la economía española está aumentando desde 1983.

En realidad, la evolución del ahorro en España ha seguido un perfil muy similar al de la mayoría de los países occidentales. una etapa de crecimiento hasta 1973, un fuerte descenso en la década siguiente y una fase de recuperación desde 1983, que ha hecho aumentar el porcentaje que se supone el ahorro nacional desde el 18,8% hasta el 22,7% de la renta nacional bruta disponible en 1989, situándose, así, dos puntos por encima de la media europea.

Sin embargo, al analizar la evolución de los diferentes componentes del ahorro nacional, el señor Termes lamenta que la mayor participación que en estos últimos años ha alcanzado el ahorro de las Administraciones públicas se haya conseguido a costa de una reducción del ahorro familiar. Y dicha reducción se atribuye a la caída de la participación de la renta disponible de las familias en la renta nacional, que a su vez se atribuye al incremento de la presión fiscal.

Es cierto que la presión fiscal en España ha aumentado considerablemente desde 1983. Concretamente en 5,1 puntos del producto interior bruto entre 1983 y 1989. Tan cierto como que en 1989 sigue siendo la más baja de los países de la Comunidad Europea. Pero la relación entre la variación de la presión fiscal y la renta disponible del sector privado en general, o de las familias en particular, no puede ser despachada con la afirmación de que "a las familias les queda menor renta porque han pagado más impuestos", como si de una tautología se tratase.

El sector privado puede pagar globalmente más impuestos sin que disminuya necesariamente su renta, porque con los impuestos se financian transferencias sociales (pensiones, prestaciones por desempleo, etcétera) y subvenciones a empresas o familias, que aumentan la renta disponible de quienes las perciben exactamente igual que los impuestos la disminuyen. Es evidente que lo que es cierto en términos globales no lo es para cada familia o empresa en particular, porque a través de estos flujos de impuestos y de transferencias tiene lugar un proceso de redistribución de la renta. Pero salvo que se quiera reducir el concepto de sector privado no ya a las familias, sino sólo a una parte de las familias, tendremos que analizar la variación de la presión fiscal neta, es decir, los impuestos que van desde el sector privado a las Administraciones públicas, menos las transferencias que recibe el sector privado desde el público. Y entonces resulta que la reducción de renta disponible del sector privado, que es equivalente al aumento de la presión fiscal neta del sector público, es de 3,2 puntos. del producto interior bruto entre 1983 y 1989.Pero además de las Administraciones públicas y de las familias existe el sector empresarial, cuyo comportamiento puede afectar a la renta disponible de las familias tanto como los impuestos, a través de las políticas de auto financiación y distribución de dividendos que canalizan más o menos renta al sector familiar. Y en realidad así ha sido, porque si entre 15183 y 1989 las familias han perdido 6,4 puntos de participación en la renta nacional, la participación de las empresas ha aumentado en 3,2 puntos. Luego no son sólo los impuestos los responsables de la reducción de la renta de las familias en el producto interior bruto ni esta reducción es tan "desmesurada" (ocho puntos del producto interior bruto).Ahorro públicoPero con independencia de las variaciones que se han producido en la participación de cada uno de los sectores en la renta nacional, el componente que más ha contribuido a la caída de la tasa de ahorro nacional y a su recuperación posterior es el ahorro del sector público, que osciló en tomo al 30% hasta 1973, cayó hasta el 11% en 1985 y se recuperó hasta casi el 16% en 1989. En cambio, la tasa de ahorro privado se ha mantenido estable en los últimos 25 años, en tomo a un 25%, sin registrar ningún cambio apreciable de tendencia. No es posible, por tanto, argumentar que el aumento del ahorro público se haya logrado en detrimento de lo ahorrado por el sector privado de la economía, independientemente de los juicios de valor de cada cual acerca de la idoneidad de este trasvase.

La realidad es ésta: en 1984 las Administraciones "desahorraban" un 5,5% de su renta disponible, mientras que en 1989 ahorraban un 15,9% de esa renta. Frente a este aumento de 21,4 puntos, el ahorro del sector privado en 1984 fue del 24,3% de su renta disponible, y en 1989, un 24, 1 %. Es decir, prácticamente el mismo, y las cosas cambian poco si, como en ocasiones se hace, el ahorro de cada sector se mide con respecto a la renta disponible de toda la economía.

Las razones de la discrepancia provienen de reducir el ahorro privado a aquella parte del mismo que se genera en el seno de las familias. Esta visión es parcial e incompleta. porque el sector privado está formado por familias y empresas. Si nuestra preocupación es el efecto de la política fiscal sobre el ahorro del país, entonces hay que considerar la tasa de ahorro del país. Si la preocupación es, por las razones que sean, el ahorro del sector privado, entonces nuestra atención, y la del señor Termes, debería dirigirse al ahorro de todo el sector privado y no de uno solo de sus componentes. Y si la preocupación es cómo afecta la fisca lidad a la renta disponible de las familias, entonces hay que computar tanto los impuestos que se pagan (menos renta familiar) como las transferencias que se reciben (más renta familiar). También se pueden tener otras preocupaciones legítimamente defendibles, pero entonces hay que explicarlas coherentemente.

En el Ministerio de Economía y Hacienda hemos intentado analizar este problema sin apriorismos y recurriendo a las aportaciones de numerosos expertos internacionales. La fiscalidad debe afectar, como otros muchos factores, al ahorro, pero hay que reconocer que no sabemos demasiado bien ni cómo ni cuánto, a pesar de los enormes esfuerzos de investigación que se han dedicado a este tema. Me alegro de que el señor Termes conceda que así es, como lo hace J. Skinner en el último número del National Tax Journal, por citar uno de los estudios más recientes y prestigiosos a nivel internacional.

Y, finalmente, lo anterior no quiere decir que hayamos renunciado, dentro del escepticismo que compartimos con los técnicos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, a fomentar fiscalmente el ahorro familiar en la medida en la que éste puede representar un esfuerzo a apoyar.

es secretario de Estado de Hacienda.