Un juez advierte a la banca que cometerá delito si no facilita unas cuentas

El juez Gregorio Baquero Preciados, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo, a petición de la fiscal María Ángeles García, ha requerido al Consejo Superior Bancario para que reitere a todas las entidades la obligación de aportar los saldos y movimientos de las cuentas de los familiares y socios de Nuria Carbó Insa, en prisión preventiva acusada de una estafa por valor de más de 300 millones de pesetas. El juez advierte que si este "mandato judicial no se cumple en un plazo razonable, necesariamente breve" se incoarán Miligencias previas para la investigación de posibles responsabilidades por un delito de desobediencia".

El instructor del caso ha puesto en conocimiento, asimismo, del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, "la reiteración en su incumplimiento" de la orden del juez por la banca.Este es el tercer requerimiento judicial a las entidades de crédito españolas para que aporten información sobre la situación bancaria de dichas personas. El primero de ellos, del 4 de diciembre último, fue trasladado por el Consejo Superior Bancario a las entidades de crédito, pero la información aportada a la autoridad judicial fue escasa y no satisfactoria.

Al segundo requerimiento de 26 de diciembre del pasado año, la banca no ha contesta do, por lo que en esta tercera ocasión se les comunica la in coación de diligencias previas por presunto delito de desacato y desobediencia si no aportan la información demandada, en sus propios términos, ya que no es admisible la incomprensión de vocablos bancarios por parte de los expertos en tal materia".

Cuentas de otras 13 personas

Nuria Carbó Insa permanece en prisión preventiva en la cárcel de Oviedo desde el pasado mes de agosto, después de que en mayo de 1990 se descubriera una presunta estafa por algo más de 300 millones de pesetas por la venta fraudulenta por la empresa Carbó Insa, SA, al menos a 50 particulares, de pisos de cuya propiedad no era titular la mencuioanda sociedad de la acusada.

Nuria Carbó Insa ha admitido los hechos denunciados, pero la autoridad judicial y la acusación pública tratan de determinar además la posible responsabilidad de otras 13 personas (familiares, socios y colaboradores de Nuria Carbó Insa), y en su caso utilizar sus cuentas bancarias y les movimientos de las mismas como elementos inculpatorios si se determinara que las sumas de dinero en ellas depesitadas fueran efectos del presunto delito.

La fiscal pretende también con esta medida evitar en lo posible la disponibilidad de ese dinero por los titulares de las cuentas bancarias y proceder en su caso al embargo de las mismas para garantizar el cobro en su día de los afectados por la presunta estafa.

Ya en el segundo oficio trasladado al Consejo Superior Bancario se advertía por la fiscal que "dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las diligencias, la intensa correspondencia mantenida por la principal inculpada desde el centro penitenciario con sus colaboradores y el retraso, aún no justificado, en el cumplimiento de lo interesado por la fiscal, existe la posibilidad de que se hayan hecho desaparecer los efectos del delito".