Torres resalta el agravio entre las mujeres que poseen medios para abortar y las que no los tienen
El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, declaró ayer que la vigente Ley de Despenalización Parcial del Aborto no resuelve los casos de las mujeres que deciden abortar por problemas económicos. Torres explicó que, entre otras disfunciones observadas, son evidentes las diferencias entre las mujeres que cuentan con medios suficientes para abortar y las que tienen que someterse a prácticas abortivas primitivas o sin garantías para su salud. Por su parte, profesionales de la salud estiman "papel mojado" una reforma legal que no se acompañe de servicios sanitarios suficientes.
Torres aseguró que el informe -elaborado sobre las 49 causas por aborto resueltas y las 33 pendientes- carece de conclusiones, si bien contiene un estudio de la interrupción de embarazos realizada por particulares no facultativos o por facultativos sin autorización, así como los efectuados en clínicas, autorizadas o no, para realizar abortos. Se analizan también los casos en que las mujeres han tenido que ser trasladadas en situación sanitaria muy grave a centros sanitarios, tras someterse a abortos clandestinos.Torres señaló que la fiscalía general no se pronuncia sobre una fórmula legal concreta para solucionar estas situaciones, así como que su informe debe ponerse en relación con otros dictámenes jurídicos encargados por el Congreso de los Diputados. En todo caso, sí afirmó que la legislación actual es insuficiente. Por lo que se refiere al criterio del ministerio fiscal respecto a los casos pendientes, Torres manifestó que se analizarán "caso por caso", por lo que no se emitirá una circular ni se darán directrices generales, sino se estudiarán uno a uno los casos.
El fiscal general informó que, hasta tanto se modifica el Código Penal en esta materia, la actuación de los fiscales se orientará siempre por la legislación vigente, combinada con la interpretación de la realidad social, si bien estimó preferible contar con un texto legal "cuya literalidad no obligase", dijo a interpretaciones en algunos casos contradictorias". Por el momento, Torres no tiene decidido que los fiscales desistan de recurrir al Tribunal Supremo cuando las audiencias provinciales absuelvan a las mujeres procesadas por aborto. Dio cuenta de que se mantiene en contacto con el fiscal de Valencia sobre el caso del ginecólogo Pere Enguix.
Discrepancia entre los jueces
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, manifestó ayer a Europa Press que el supuesto socioeconómico "tiene el riesgo de que pueda ser una fórmula para la liberalización por completo del aborto". Por el contrario, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ventura Pérez Mariño, declaró a este periódico que el cuarto supuesto "adecua la legislación a la realidad social, al descriminalizar la conducta de un ingente número de mujeres, especialmente abocadas al aborto por causas socioeconómicas".Asimismo, María Ángeles García, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales -asociación que se ha pronunciado a favor de la ley de plazos [aborto libre hasta las 12 semanas del embarazo]-, señaló que la reforma de la ley acabará con "la arbitrariedad judicial y las sentencias contradictorias". Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer, se mostró muy satisfecha con el informe del fiscal, signo del actual desbloqueo de la situación del aborto en España.No son tan optimistas los profesionales sanitarlos relacionados con esta materia. Mercé Gascó, presidenta de la Federación de Planificación Familiar de España, manifestó: "El cambio de la ley no supone nada mientras no cambie también la disponibilidad de los servicios sanitarios. Lo primero es normalizar el aborto en los hospitales públicos, decidir qué sitios están disponibles en cada comunidad autónoma para hacer abortos y que no siga siendo el hospital el que decida si los hace o no".
Sin previsiones
Jesús Gutiérrez Morlote, director general del Insalud, manifestó ayer que no hay hechas "previsiones respecto de la modificación de la ley del aborto. Habrá que buscar alguna solución, y en un sistema tan amplio es seguro que se encontrará. De momento", continúa, "no se ha hecho nada porque no sabemos en qué sentido va a ir la nueva norma, ni a qué colectivo de mujeres va a abarcar".La inclusión del cuarto supuesto como causa de aborto no solucionará el problema que plantean las continuas causas por supuestos abortos ilegales, según Gascó. "El tema de fondo es quién decide un aborto; esto sigue en candelero. No sabemos por qué sistema se va a valorar la situación socioeconómica, y si hasta ahora no se ha respetado la opinión de los médicos, no creo que se tenga en cuenta la de un asistente social", concluye Mercé Gascó.
