Las subvenciones y la proporcionalidad rompen el consenso que reinaba sobre la Ley Electoral

El consenso absoluto que rodeó a la Ley Electoral General aprobada en 1985 se rompió ayer en el Congreso en la reforma que se ha hecho a esta ley por la discrepancia del Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y algunos partidos del Grupo Mixto. Los cambios se aprobaron con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Centro Democrático y Social (CDS), Convergència i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV). El PP se abstuvo, principalmente por considerar que el nuevo sistema de financiación ayuda "a los posibles socios" del PSOE, en referencia implícita al CDS, mientras que IU criticó que no se mejore la proporcionalidad, pasando de 350 a 400 diputados.

La votación del conjunto de la reforma fue la siguiente: 193 votos a favor, 12 en contra y 80 abstenciones. Los noes corresponden a IU, y las abstenciones, al PP. No obstante, desde el PP no se daba por zanjado el asunto definitivamente, sino que, en virtud de las conversaciones que hasta ayer mismo mantuvo con dirigentes socialistas, todavía confía que en el trámite del Senado pueda obtener "alguna satisfacción".Lo cierto es que ayer el representante del Grupo Socialista en este debate, Joan Marcet, no entró a replicar las consideraciones del PP, expresadas por el diputado Ramón Aguirre, respecto a la ayuda que el PSOE presuntamente quiere prestar a "sus posibles socios". Sí hicieron mención a ello José María Mur, del Partido Aragonés, y Juan Oliver, de Unión Valenciana, y no para criticar la nueva subvención sino por quedar excluidos los partidos regionalistas al fijarse la subvención en quien obtenga grupo parlamentario.

El efecto inmediato se verá en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo por el hecho de que el Estado financiará el envío de papeletas de todos los partidos, siempre que se compruebe tras la votación que una candidatura que haya presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes y haya obtenido al menos representación en el 50% de los mismos tendrá derecho a una subvención.

Asimismo, en relación a las legislativas, el Estado abonará 20 pesetas por elector en cada una de las circunscripciones en las que un partido haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura hubiera obtenido el número de diputados o senadores o de votos precisos para constituir grupo parlamentario en una u otra Cámara. En el capítulo de las municipales, el Estado subvencionará con 25.000 pesetas por cada concejal electo y 50 pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, siempre que uno de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado concejal.

Los legisladores han introducido a última hora una disposición transitoria que trata de evitar que las próximas elecciones de mayo puedan ser impugnadas por algún concejal o representante de asamblea al considerar que se acorta su mandato. Así se dice que "el mandato de los actuales miembros finaliza el 10 de junio de 1991".

El diputado de Izquierda Unida José Luis Núñez no consiguió hacer valer sus deseos de mayor proporcionalidad, dado que considera que la ley D'Hont beneficia al PSOE, y vio negada su petición de que se aumentara de 350 a 400 los actuales miembros del Congreso. En esta misma línea también se manifestó Antonio Moreno del Partido Andalucista (PA). Los socialistas también rechazaron la propuesta de José Antonio Souto, del CDS, tendente a que los municipios con más de 100.000 habitantes pasaran del mínimo de un concejal por 100.000 a uno por 50.000, arguyendo que en los grandes municipios los actuales concejales se ven desbordados por la multiplicidad de tareas.

La diputada de Euskadiko Ezkerra (EE) Koro Garmendia tampoco consiguió que el PSOE moviera su propuesta de que durante la legislatura sólo pueda presentarse una moción de censura. Tanto María Eugenia Cuenca, de Convergència i Unió, como Emilio Olabarría, del PNV, fracasaron en sus intentos de que se aceptaran enmiendas sobre la capacidad en material electoral de las comunidades autónomas, lo que no fue óbice para que votaran a favor por ser más los aspectos que consideraban, positivos en esta reforma.