Un juez declara fraudulenta la quiebra de una empresa del diputado Sanchis
Un juez civil de Madrid ha declarado fraudulenta la quiebra de Video Club España, SA, fundada por Ángel Sanchis Perales, diputado del Partido Popular (PP) y principal acusado en el denominado caso Naseiro, pendiente de juicio por cohecho. El fallo se basa en la falta de bienes, libros y documentos de la empresa quebrada, en la que Sanchis es propietario del 90% de sus acciones. Una vez firme la sentencia, el fiscal podrá iniciar acciones penales por el delito de quiebra fraudulenta, castigado con hasta 12 años de cárcel.
En la sentencia, de 24 de enero de 199 1, el juez de primera instancia número 14 de Madrid, Rafael Gómez Chaparro, señala que, tres años después de la quiebra, "no han sido encontrados bienes, ni libros, ni documentación". El magistrado, de 67 años de edady con 39 en la carrera judicial, manifiesta que "pocas veces" en su "ya larga experiencia profesional se ha planteado un procedimiento universal en el que ( ... ) haya habido mayor confusión y dificultad para determinar la situación que realmente existe con motivo de la solicitud de quiebra que se pidió y obtuvo por auto de 26 de noviembre de 1987.El juez Gómez Chaparro explica que la declaración de quiebra exige la existencia de un comerciante con un patrimonio insuficiente, que le es intervenido "para su reparto y distribución ordenada entre los acreedores, atendiendo a su prioridad y naturaleza de los créditos". El magistrado recuerda que "ya desde un principio se expuso la situación anómala, siempre censurable, de que Vídeo Club España, SA, había desaparecido de su domicilio". Señala que Sanchis, fundador de la sociedad, "de forma incorrecta, cedió sus derechos a su esposa y a otros colaboradores, diluyéndose de forma confusa la respoiisabili dad en la gestión comercialo". Aparte de no haber sido hallados los libros de comercio ni justificada la contabilidad de la empresa -omisiones suficientes para declarar fraudulenta la quiebra según el artículo 890 del Código de Comercio-, la sentencia refleja las gestiones de los acreedores ante Angel Sanchis, "quien por sí y por medio de su letrado ofreció resolver la situación económica planteada".
Domicilio falso
El juez añade que, sin embargo, José Manuel Gutiérrez Ordas, síndico de la quiebra [representante de los acreedores], presentó después "nuevos documentos que indican cuál es el crédito que a él y a otras entidades [como la Seguridad Social] aún se adeudan".
El relato realizado al juez por el síndico informa de la imposibilidad de ocupar los libros y papeles de la empresa quebrada "por haber abandonado el domicilio sin dejar ninguna otra dirección", así como de que los miembros del Consejo de Administración de Vídeo Club España, SA -entre ellos su presidenta, María del Carmen Herrero Gordo, esposa de Sanchis-, no supieron dar cuenta ante el juez "ni de la existencia ni de la actual ubicación de la compañía". El síndico informó igualmente al juez de que un empleado de Sanchis y administrador de la sociedad hizo figurar en escritura pública "un domicilio falso por mexistente, ya que la calle Príncipe de Vergara [de Madrid] no tiene número 231".
Gutiérrez Ordas ofreció al magistrado otros detalles de su investigación, tales como que Vídeo Club España, SA, en unión de otras cinco compañías, formó "un grupo de empresas caracterizadas por que, amparadas en su pluralidad, han ido sustituyendo las unas a las otras y solapándose, en suma, en su actividad", explicó, "para conseguir la defraudación de sus acreedores".
Gutiérrez Ordas dijo también que la sociedad quebrada utilizó para la comercialización de sus películas a la compañía Equilátero, SA.
