El ex consejero valenciano Rafael Blasco recibió dinero por adjudicar un terreno, según el fiscal

El fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, asegura en sus conclusiones provisionales en el caso Blasco que el ex consejero de Obras Públicas, el socialista Rafael Blasco, y los demás funcionarios acusados recibieron dinero del empresario francés Jacques Lacroix, "para urdir un plan" que le garantizase la adjudicación de unos terrenos. Beltrán cree probado el delito de cohecho de los inculpados en este proceso, cuya vista oral comenzará el 3 de junio.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan José Marí, negó ayer haber recibido presión política alguna para aplazar el inicio del juicio hasta después de las elecciones.Enrique Beltrán afirma en sus conclusiones provisionales que las "argucias" que preparaban los inculpados para garantizar que la empresa que representaba Jacques Lacroix se adjudicase unos terrenos en Paterna eran de doble tipo: "Unas para apartar de la subasta a cuantos más adversarios fuera posible y otras para, con los pocos que acudieran, lograr la adjudicación", dice el fiscal.

Seis personas, entre ellas el ex consejero Rafael Blasco, se sentarán en el banquillo a partir del próximo 3 de junio. La funcionaria del, departamento autonómico de Urbanismo Inmaculada Sancho -Implicada también en el caso Calpe-; Juan José Esturi, ex gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV); los técnicos José Antonio de Juan y Juan Manuel Chullá; y el empresario francés Jacques Lacroix -ex representante de la empresa l'Occidentale de Centres Commerciaux (OCC) en España- figuran también como inculpados.

El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de cohecho, en relación con otro de maquinación para alterar el precio de las cosas y pide tres años de prisión, ocho de inhabilitación y multa de seis millones de pesetas para cada uno de los primeros cinco inculpados. Para el empresario Jaeques Lacroix el fiscal solicita tres años de prisión y la misma multa que para los anteriores. El fiscal tuvo indicios de este posible delito, después de ordenar unas escuchas telefónicas a raiz de la denuncia de la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, sobre una supuesta corrupción en la Consejería de Urbanismo en el denominado caso Calpe, que actualmente se juzga en la Audiencia de Valencia. En el escrito de acusación del ministerio público se considera probada la existencia de irregularidades en la adjudicación de unos terrenos en un polígono industrial de Paterna.

El fiscal estima que Lacroix, interesado en la adjudicación de estos terrenos, pagó "una cantidad no concretada, pero que sobrepasa los cinco millones de pesetas" al ex consejero los funcionarios para garantizarse esta adjudicación.