El nuevo catastro no podrá entrar en vigor hasta 1993, según los ayuntamientos
La revisión de los valores catastrales, anulada por el Gobierno, no podrá entrar en vigor hasta 1993, e incluso un año después, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La razón es que "hay que partir de cero" y "hacerlo a conciencia", señala un portavoz de la FEMP, para evitar que se reproduzca el caos que llevó al Gobierno a anular la revisión de 20 millones de inmuebles llevada a cabo el pasado año. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ultima durante estos días un calendario concreto.
Según el calendario propuesto por la FEMP, durante este año se deberían resolver los problemas técnicos, jurídicos y administrativos que se han presentado. Durante 1992, según la misma propuesta, deben realizarse las nuevas ponencias de valoración con criterios uniformes en todos los municipios. Al mismo tiempo, se abriría un amplio debate entre las fuerzas sociales -asociaciones de vecinos, sindicatos y empresarios- de forma que la nueva revisión reúna el máximo acuerdo posible.Un año después, los municipios aprobarían las correspondientes ordenanzas fiscales y se abriría un proceso de información a los ciudadanos. En concreto, se remitiría a los propietarios de inmuebles urbanos una comunicación en la que figurarían las características de la vivienda o local y el tipo que le corresponde por el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles, que sustitutirá, entre otros tributos, a la contribución territorial urbana.
Esta propuesta aplazaría hasta 1993 o incluso un año más tarde la aplicación del nuevo catastro. Durante estos días, el Ministerio de Hacienda ultima un calendario concreto sobre el que se consultará a la FEMP. La intención manifestada con anterioridad por los responsables del Ministerio de Hacienda es, sin embargo, que la revisión del catastro entre en vigor en 1992, al tiempo que la reforma fiscal.
También está pendiente de concretar la aplicación del nuevo impuesto sobre actividades económicas, aunque ya se ha acordado que su entrada en vigor sea en 1992 con devengo desde el 1 de enero.
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